Compromís exige conocer los informes que sustentan los nuevos límites al alojamiento turístico en Alicante

Alicante

  • Los ediles de Compromís en Alicante, Rafa Mas y Sara Llobell.
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ALICANTE. El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante reacciona respecto a los cambios promovidos por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), en la modificación puntual número 52 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que pretende regular las condiciones de implantación de alojamientos turísticos en la ciudad, con cambios que tratan de proteger los usos residenciales y comerciales en los edificios preexistentes frente al desarrollo de proyectos de transformación para habilitar hoteles o apartamentos turísticos. 

El portavoz municipal de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha exigido "conocer los datos y estudios en los que se ha basado Barcala para elaborar esta nueva normativa", ya que, según ha explicado, "tenemos serias dudas de que el Ayuntamiento conozca la cantidad real de pisos turísticos ilegales que existen en Alicante". "También nos preocupa que esta regulación abra la puerta a que edificios emblemáticos como el antiguo Cine Ideal puedan acabar convertidos en hoteles o apartahoteles", ha señalado. 

Así, ha apuntado que "no nos creemos ninguna normativa restrictiva si no viene acompañada de un aumento significativo de los recursos para inspeccionar y cerrar todos los pisos turísticos ilegales, apartahoteles camuflados y pensiones que encubren alojamientos turísticos ilegales". En este sentido, el representante de la coalición valencianista ha apuntado que "los propios datos municipales son ridículos: hasta septiembre de 2026, apenas 57 expedientes de investigación, 26 sancionadores y nueve suspensiones de actividad. Un balance absolutamente insuficiente ante la magnitud del problema", ha considerado.

En este sentido, ha instado al equipo de gobierno a plantear "menos propaganda electoral y más perseguir la especulación masiva que, desde Compromís, denunciamos que se ha permitido por la complicidad del gobierno de Barcala con los rentistas, los fondos de inversión extranjeros y los fondos buitre. Mientras tanto, miles de familias alicantinas siguen sin poder acceder a una vivienda digna", ha concluido.

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