ALICANTE. Compromís ha denunciado ante la Comisión Europea la actividad del servicio de orientación a las familias habilitado por el Ayuntamiento de Alicante en el centro comunitario del Casco Antiguo, en función del compromiso alcanzado entre el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP) con Vox, que la coalición valencianista tilda de "oficina de la maternidad". Una estructura que, según Compromís, "es un eufemismo para limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". En esta línea, el eurodiputado Vicent Marzà y la concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Sara Llobell, se han reunido con las impulsoras de la Iniciativa Ciudadana Europea 'My Voice My Choice' y con la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea "para exponer un caso paradigmático de incumplimiento de la legislación vigente", según apuntan portavoces de la formación, a través de un comunicado.
Según Compromís, los datos oficiales acreditan que los hospitales públicos de Alicante "no garantizan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, si bien la ley vigente obliga a ofrecer el servicio en centros públicos y cercanos al domicilio de la mujer". En 2023 y 2024, sólo 3 de cada 1.000 mujeres que querían abortar en un hospital público pudieron hacerlo. El resto fueron derivadas de forma sistemática a clínicas privadas, lo que contraviene explícitamente la ley, añaden las mismas fuentes.
Así, la concejala Sara Llobell ha señalado que "está habiendo casos de mujeres que deben desplazarse más de 170 km para poder interrumpir su embarazo. Incluso de mujeres que, en el tercer trimestre de embarazo, han tenido que abortar en una clínica privada en lugar de un hospital público". Llobell también ha denunciado "el acoso" ante clínicas que reciben a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo: "Los grupos ultras están atacando los derechos de las mujeres. La oficina que han instalado en la ciudad forma parte de una estrategia", ha apuntado.
Por su parte, el eurodiputado Vicent Marzà, reclamó un mecanismo europeo para garantizar "el acceso seguro y equitativo al aborto en toda la UE". "Queremos que el programa EU4Health sirva para reforzar la capacidad de los hospitales públicos. Queremos que la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE evalúe el caso de Alicante y queremos poner fin a la financiación opaca de redes antiderechos", ha apuntado.
Compromís ha pedido, igualmente, que se revise el sistema de transparencia "para que estas organizaciones deban declarar el origen de su financiación". La formación considera que este refuerzo del control es imprescindible ante un incremento de la actividad coordinada de grupos ultraconservadores que, según informes internacionales, han movilizado más de 700 millones de dólares en una década para erosionar derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Europa, concluye la formación política.
