Compromís alerta del 'bloqueo' de un año en la entrega de pisos de Miguel Hernández en Alicante

Alicante

Insta a la Conselleria de Vivienda a explicar por qué no se han adjudicado las 20 viviendas incluidas en el primer bloque de la Plaza de Yolanda Escrich, ya rehabilitadas.

  • El edificio de viviendas protegidas rehabilitadas por Vivienda en el barrio de Miguel Hernández de Alicante.
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ALICANTE. El grupo parlamentario de Compromís en les Corts Valencianes, a través de la diputada María José Calabuig, ha registrado una serie de preguntas dirigidas a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad para exigir respuestas urgentes sobre la situación del bloque de 20 viviendas públicas ya rehabilitado en la Plaza de Yolanda Escrich, del barrio Miguel Hernández de Alicante. Se trata de una iniciativa registrada a instancias del portavoz del grupo municipal de la coalición en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas. 

Portavoces de Compromís inciden en que la obra de ese primer bloque de viviendas públicas fue recepcionada hace más de un año, tras la conclusión de los trabajos readjudicados a Gestaser (tras la rescisión del contrato inicial, que había quedado a cargo de Ecisa), "pero continúan sin adjudicarse a las familias necesitadas, en medio de la grave crisis residencial y de emergencia habitacional que sufre la ciudad".

En la iniciativa parlamentaria presentada, Compromís cuestiona cómo es posible que, en un contexto de falta de acceso a la vivienda, permanezcan desocupados estos pisos -situados en los números 5 y 6 de la plaza Yolanda Escrich- y pide concretar los motivos y retrasos administrativos que impiden la entrega de llaves, así como la fecha prevista en la que finalmente las familias adjudicatarias podrán entrar a vivir. En principio, y según datos del Evha, 15 de estas viviendas se destinarán a jóvenes de hasta 35 años y personas mayores de 60 años en régimen de alquiler asequible, según señalan las mismas fuentes.

Asimismo, la formación valencianista pone el foco sobre el coste económico que supone mantener estas viviendas cerradas. En el escrito se solicita al Consell "el desglose anual e identificación de la empresa encargada de la vigilancia y seguridad privada instalada en la zona desde hace aproximadamente cuatro años (inicio de las obras), así como el gasto mensual exacto que se sigue abonando con fondos públicos por este servicio mientras los pisos continúan vacíos".

Finalmente, la iniciativa exige a la Generalitat Valenciana que sea transparente y facilite "el cómputo total de viviendas públicas que tiene actualmente en la ciudad de Alicante terminadas o rehabilitadas y que aún están pendientes de adjudicación", según las mismas fuentes.

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