ALICANTE. El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante abre la espita respecto a la ordenanza fiscal impulsada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), para regular el cobro de entrada en el futuro Museo Internacional de Cigarreras. Lo hace con el anuncio del registro de enmiendas a esa ordenanza con el propósito de evitar que los residentes alicantinos paguen ese precio público de acceso: los 10 euros como importe general que se establece en la propuesta todavía sujeta a aprobación en pleno. Y lo cierto es que a esa posición se suman también al menos otros dos grupos políticos que ejercen funciones de oposición: Vox y Esquerra Unida Podem. El PSOE, por su parte, evalúa aún cuál puede ser la repercusión de esa ordenanza, sin anticipar cuál puede ser su posición hasta concluir su valoración.
Por lo pronto, el portavoz municipal de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha considerado este viernes que, "en primer lugar, no tiene sentido ni es justo que las y los residentes en Alicante, que ya soportan con tasas e impuestos los gastos e inversiones municipales, deban pagar diez euros por acceder a un centro cultural en su propia ciudad. La primera enmienda a la ordenanza será pedir la exención completa del pago del precio público regulado en esta Ordenanza los ciudadanos que acrediten su residencia legal y empadronamiento activo en el municipio de Alicante".
Así, ha anticipado que sus enmiendas a la ordenanza se basan en tres argumentos. El primero, el "cumplimiento normativo de acceso a la cultura", tras sostener que "el artículo 44 de la Constitución Española y el artículo 3 de la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano imponen a los poderes públicos la obligación de promover y tutelar el acceso a la cultura, así como facilitar su difusión y puesta en valor para el disfrute de la sociedad". El segundo, la "habilitación legal para tarifas de no cobertura". En este sentido, Compromís apunta que "el informe técnico del Servicio de Economía y Hacienda ya contempla que, con base en el artículo 44.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), concurren razones sociales, de interés público y de fomento de la cultura que aconsejan establecer tarifas especiales que no cubran el coste del servicio para determinados colectivos".
Y en tercer lugar, esgrimen "el retorno social al contribuyente local". "Si bien la puesta en valor de la Sala de Exposiciones de la antigua Casa de la Misericordia requiere una financiación sostenible, son los propios residentes de Alicante quienes ya sostienen el gasto público ordinario del mantenimiento de la Concejalía de Cultura a través de sus impuestos municipales. Eximir de la tarifa de entrada a los empadronados garantiza que el vecindario local no sufra una doble carga impositiva para acceder a su propio patrimonio histórico-artístico", justifica Compromís.
En parecidos términos se ha pronunciado también este jueves la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, quien ha confirmado que su formación también presentaría enmiendas contra la ordenanza en el mismo sentido: impedir que los alicantinos paguen entrada. En esta línea, ha argumentado que existen precedentes en otros municipios en los que los residentes quedan exonerados del pago de entrada y que se contaría con informes jurídicos que avalarían esa posibilidad.
Y esa es, además, la misma postura que también ha anticipado el grupo municipal de EU Podem. Su portavoz, Manolo Copé, ha sostenido que "rechazamos que se cobre entrada a los alicantinos y alicantinas para acceder a Cigarreras. Es patrimonio público y no puede convertirse en una atracción turística de pago. Además, sustituir una tasa por un precio público no es un detalle menor: abre la puerta a cobrar por encima del coste del servicio y cambia el sentido de un espacio que debe ser cultural, público y accesible. Cigarreras debe estar al servicio de la ciudadanía, no de un negocio cultural impuesto de espaldas al vecindario", ha concluido.
Por su parte, fuentes del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), han incidido en que la posibilidad de la exención a residentes no tiene encaje legal, como así lo apuntan los informes jurídicos vinculantes emitidos por el Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) a colación de la posibilidad de implantar el cobro de entrada para acceder al Castillo de Santa Bárbara. Además, las mismas fuentes apuntan que la ordenanza fiscal ya prevé la posibilidad de acceso gratuito para el público en general, durante las tardes de los martes, con lo que se tenía en cuenta la posibilidad de facilitar el disfrute de las exposiciones de forma libre.
De igual modo, las mismas fuentes apuntan que ya existen otros museos y centros culturales en los que se paga el precio de entrada sin distinción de censo, como el Marq, y que es la práctica habitual que se establece para el acceso a otros espacios expositivos o bienes patrimoniales en otros puntos de la provincia y del conjunto del país. Además, recalcan que el cobro de entrada se concierta con la intención de financiar el funcionamiento del museo, toda vez que acogerá exposiciones internacionales "de primer nivel".
