ALICANTE. Cuatro concejales, no, pero el alcalde, sí, en una próxima sesión de trabajo prevista para finales de mes. Ese ha sido el balance de la sesión de trabajo de la comisión de fiscalización sobre las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal enajenado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 desarrollada este lunes. Los concejales del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), que estaban llamados a comparecer han rechazado su participación en ese órgano de representación política para responder a las preguntas que se les pudiese formular, acogiéndose a su derecho de decidir libremente si acudir o no, después de que un informe jurídico elaborado por el vicesecretario municipal, que ejerce funciones de secretario, ratificase el carácter voluntario de las comparecencias.
En esta línea, los ediles de Hacienda y Parrimonio, Nayma Beldjilali, de Urbanismo, Toño Peral, y de Vivienda, Carlos de Juan, han comunicado a primera hora de este lunes que no comparecerían ante la comisión. Sí ha acudido, pero en calidad de presidente, el concejal de Contratación, Manuel Villar, aunque también se ha acogido a ese mismo derecho para negarse a responder a posibles preguntas que los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) pudiesen plantearle, a pesar de que los ediles opositores le hayan recordado que fue él mismo (Villar) quien había anticipado que sí comparecería ante la comisión.
Esa negativa ha llevado a PSOE, Compromís y EU Podem -a los que también se ha sumado Vox- a solicitar el cese de Villar en la presidencia de la comisión al considerar que quedaba deslegitimado para ostentar esa responsabilidad, al negarse a comparecer para ofrecer explicaciones a pesar de ser uno de los "implicados" en una de las áreas (Contratación) que tramitó el expediente de venta de la parcela. Así, han sugerido que la presidencia la asumiese otro concejal del PP distinto a los cuatro concejales citados este lunes. No obstante, Villar ha rechazado la posibilidad de dimitir para confirmar que continuaría dirigiendo el funcionamiento de la comisión, entre críticas del conjunto de formaciones opositoras, que han lamentado que el equipo de gobierno apoyase la constitución de la comisión de fiscalización y, sin embargo, evite que se produzcan las comparecencias de sus integrantes convocados a ofrecer explicaciones y aportar transparencia sobre lo sucedido.
Con todo, Villar ha tratado de justificar su decisión de no comparecer -e, indirectamente, también la de sus compañeros del equipo de gobierno- al asegurar que quienes habían desvirtuado el objeto de la comisión habían sido los representantes del eje progresista, en la medida en que los exconcejales del extinto tripartito que gobernó durante el periodo 2016-2018 -cuando se inició el expediente de venta del solar, aunque sin llegar a darle impulso definitivo- fueron los primeros que decidieron no participar en la comisión. Además, ha señalado que los actuales concejales de la izquierda también se habían dedicado a formular preguntas en los plenos que debían ser respondidas en el seno de la comisión.
En cualquier caso, como mínimo, al margen de la controversia política, en la sesión de trabajo de este lunes sí se ha confirmado la predisposición del equipo de gobierno a que se produzca la convocatoria de una próxima sesión en la que se cite al alcalde, Luis Barcala, en respuesta a la solicitud cursada por los tres grupos políticos del eje progresista, la semana pasada, después de que el exconcejal de Hacienda, Toni Gallego, asegurase en su comparecencia ante la comisión de investigación que se desarrolla en Les Corts que la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez, le había dicho en julio de 2024 que ella era una de las cooperativistas que había comprado una vivienda en Les Naus, cuando le pidió que fuese él quien contestase a una pregunta plenaria formulada por Compromís en relación a la gestión y adjudicación de los pisos del residencial de la polémica.
La confirmación de la convocatoria de esa próxima sesión de trabajo se ha producido después de que los portavoces de los cuatro grupos políticos opositores -Ana Barceló (PSOE), Carmen Robledillo (Vox), Rafa Mas (Compromís) y Manolo Copé (EU Podem)- hayan reiterado la solicitud de convocatoria registrada la semana pasada, durante el turno de exposición de ruegos y preguntas. En esta línea, ante el silencio oficial a la respuesta a esa petición, las cuatro formaciones han sostenido que debía someterse a votación. Con todo, no ha llegado a ser necesario, puesto que Villar ha recogido la solicitud y ha confirmado que esa sesión sobre la comparecencia de Barcala se celebraría. Eso sí, en función de los tiempos que pretende marcar el propio equipo de gobierno.
En este sentido, Villar ha señalado que se había solicitado la presencia del primer edil para que se pronunciase sobre las manifestaciones ofrecidas por Gallego en Les Corts, cuando está prevista la comparecencia del exregidor en la próxima sesión de trabajo de la comisión municipal, fijada para el próximo día 20 de julio. Así, ha señalado que lo correcto "procesalmente" era que primero compareciese Gallego, para que -en su caso- pudiese ratificarse en sus palabras y contestar a las preguntas que se le pudiesen formular. Y que, después, se produjese la participación de Barcala. Así, se ha acordado que esa futura comparecencia se produjese el 24 de julio. Es decir, cuatro días más tarde de la cita ya concertada respecto a Gallego, en una sesión de trabajo en la que también están citados la propia exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, además del exedil de Urbanismo durante el pasado mandato, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos). Al tiempo, los grupos opositores han insistido en que también se vuelva a solicitar la comparecencia de la actual concejal de Empleo y Educación, Mari Carmen de España, que ejerció como concejal de Urbanismo entre abril de 2018 y mayo de 2019.
Villar ha anticipado respecto a la solicitud de comparecencia de De España que ella ya había declinado participar en la comisión tras su primera citación, aunque los ediles opositores han emplazado a que se le vuelva a convocar a la vista de las nuevas informaciones conocidas a colación de la declaración del secretario general de la asociación de promotores, Provía, Jesualdo Ros, quien dijo ante la comisión que había mantenido una reunión con ella para anunciarle su intención de presentar un recurso contra el pliego de condiciones de la subasta del solar municipal del distrito de Playa de San Juan en la que se construyó el residencial objeto de la controversia.
Por último, también en el turno de ruegos y preguntas, el PSOE ha reiterado su petición de que se le facilite documentación todavía pendiente de estudio como la relacionada con la propuesta presentada por el segundo licitador que compitió por la compra de la parcela municipal hasta el final del proceso junto a Fraorgi. Se trata de la alternativa presentada por Edificio Teulada, de Grupo Bonmatí.
Críticas y preguntas sin respuesta
Al margen de ello, el desenlace de la sesión de trabajo ha servido para que los cuatro grupos opositores hayan reiterado sus críticas respecto a la actitud del equipo de gobierno a la vista de que cuatro de sus componentes que habían votado a favor de la constitución de la comisión se hayan negado a comparecer para responder a las preguntas y contribuir a que se esclarezca lo sucedido. En este sentido, Barceló ha valorado que esos cuatro ediles estarían siguiendo "instrucciones directas de Barcala". "Han seguido órdenes directas de Alcaldía y han convertido esta comisión en un esperpento. Cada día que pasa sin que Barcala dé explicaciones está provocando que las sospechas no sólo crezcan, sino que se conviertan en verdades. El alcalde tiene que dar la cara y explicar desde cuándo sabía que se había repartido los pisos entre cargos del PP y familiares, porque nadie se cree que fuera el último en enterarse", ha sostenido.
La portavoz socialista ha considerado además que el presidente de la comisión, que es el vicealcalde, "ha decidido asumir todos los papeles y ha actuado hoy como si fuera empresa, patronal y sindicatos, las tres cosas en una. Ha actuado como patronal, protegiendo a Barcala; como empresa, amparando las no comparecencias; y como sindicato, defendiendo que los concejales no den explicaciones". En ese sentido, ha recordado que Villar ha venido apelando constantemente a la transparencia y, sin embargo, ni él ni el resto de los concejales ha comparecido, "pero ha decidido mantenerse como presidente de la comisión".
En este sentido, tanto Barceló como Castell han expuesto las preguntas que, a su juicio, debían responder los comparecientes propuestos para este lunes. Sobre Villar, han sostenido que debía explicar si también era conocedor de que Gómez tenía un piso en Les Naus desde hace dos años, si había participado en la decisión de la retirada de competencias sobre Patrimonio en julio de 2024 y cuál había sido su participación como concejal de Contratación en el proceso de venta del solar municipal. Sobre De Juan, han sostenido que, además de concretar cuándo fue conocedor de la situación de Gómez, también han considerado que debía dar explicaciones sobre por qué se había decidido cambiar el proyecto de promoción de vivienda pública promovido de forma directa por el Patronato de Vivienda para pasar a licitar el solar para que fuese un promotor privado quien las construyese y las adjudicase por orden de registro, como había sucedido en el caso de Les Naus. Sobre Beldjilali, han sostenido que debía haber explicado si no le pareció lo suficientemente grave que la jefa de Patrimonio le informase sobre la identidad de los compradores de los pisos para informar al alcalde sobre ello antes de que le informase por escrito. Y sobre Peral, han sostenido que tenía la oportunidad de haber precisado cuántos solares municipales quedan disponibles para promover vivienda pública y de haber explicado por qué el arquitecto Francisco Nieto formó parte de la comisión de seguimiento constituida respecto a las parcelas municipales cedidas a la Conselleria de Vivienda en el marco del Plan Vive.
La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, se ha sumado a las preguntas del PSOE y ha planteado que, además, Villar debía haber contestado por qué se ausentaron Gómez y De España de la junta de gobierno celebrada en febrero de 2025 en la que se produjeron modificaciones respecto al proyecto de Les Naus y por qué las competencias de Patrimonio se cedieron a Gallego. Además, ha considerado que Beldjilali debía haber explicado por qué el informe de la jefa de Patrimonio se remite a la vicesecretaría y no a ella o a Alcaldía.
Su homólogo de Compromís, Rafa Mas, ha anticipado la intención de Compromís de forzar la comparecencia de Villar en el pleno para ofrecer explicaciones tras considerarle como "presunto encubridor de este escándalo". Sobre De Juan, ha señalado que debía haber contestado "qué interés" se escondía tras la decisión del cambio en el modelo previsto para la construcción de viviendas de la calle Ceuta, en el barrio de San Blas. Sobre Beldjilali, ha dicho que debía haber aclarado "por qué no movió ni un dedo" cuando la jefa de Patrimonio le alertó del presunto conflicto de interés o incompatibilidad que había detectado. Y a Peral le ha emplazado a "desmarcarse" del equipo de gobierno al presentarlo como representante de "otro PP", por lo que le ha emplazado a decir todo lo que sabe cuando se produzca su comparecencia ante la comisión de Les Corts.
Por último, el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, ha considerado que "no comparecen quienes más respuestas deberían dar" y ha sostenido que se buscaría otros mecanismos democráticos "para que den la cara". "Cuando un gobierno necesita esconderse, es que no tienen respuestas que dar, crisis de legitimidad de la presidencia de esta oposición, toda la oposición no está de acuerdo", ha señalado, y ha añadido que la pregunta global que todos debían responder era "desde cuándo conocían que la señora Gómez, funcionarios y familiares eran cooperativistas y por qué no se hizo nada hasta que no saltó a la prensa".
