ALICANTE. Alicante cierra el proceso de liquidación de su contabilidad con la aprobación de la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2025, en la que se da cuenta de la existencia de un superávit de 65,5 millones de euros y un remanente de tesorería para gastos generales que asciende a 176,8 millones, según informan fuentes municipales, a través de un comunicado. El acuerdo de validación ha quedado refrendado este miércoles en la comisión general de cuentas con el voto a favor de los ediles del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y las abstenciones de PSOE y Vox. Compromís y Esquerra Unida Podem, por su parte, han votado en contra tras criticar las implicaciones que, a su juicio, se esconden tras esas grandes cifras generales.
Por partes. La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha destacado que "las cuentas del Ayuntamiento están saneadas y hemos cumplido con el Plan Económico Financiero y la regla de gasto". La edil ha recordado que tras la liquidación del presupuesto del año pasado el Ayuntamiento de Alicante cumple las tres reglas fiscales: el objetivo de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el límite de deuda pública y el objetivo de endeudamiento, de conformidad con la Ley de Haciendas Locales.
"Vamos por el buen camino y gozamos de salud financiera para poder seguir acometiendo la transformación urbana y social que nuestra ciudad necesita y en la que estamos inmersos en este equipo de gobierno", ha añadido la responsable de Hacienda. En esta línea, fuentes municipales han concretado que las cuentas generales, que cuentan con el informe de supervisión de Intervención, se elevarán al pleno para, posteriormente remitirlas al Tribunal de Cuentas.
No obstante, esa valoración discrepa con las posiciones adoptadas por Compromís y EU Podem. En primer término, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha apuntado que las cifras generales esconden "otra realidad" para subrayar que se acumulan "13 millones de euros en facturas atrasadas y más de 1.000 facturas sin pagar, según los datos que denunciamos. Y las facturas pendientes siguen aumentando". En este sentido, ha señalado que, como consecuencia, existen "empresas y autónomos que no cobran; trabajadores que esperan cobrar por trabajos ya realizados; incluso trabajadores, como los de Anilia, han estado meses y meses sin cobrar. Y mientras tanto, los servicios públicos están colapsados, los barrios abandonados y sin inversiones de mejora y transformación desde hace años y las grandes contratas siguen sin auditarse, mientras se les inyecta cada vez más dinero público pese a prestar servicios muy deficitarios", ha denunciado.
"¿Cómo puede un Ayuntamiento cerrar el año con 65,5 millones de superávit y 176,8 millones de remanente y, al mismo tiempo, no pagar a quienes trabajan para la ciudad, no ejecutar las inversiones que necesitan nuestros barrios y permitir que nuestros servicios públicos se deterioren? El problema de Alicante no es la falta de dinero. Es una nefasta gestión económica y política", ha proseguido, tras sostener que los "ocho años" de Alcaldía de Luis Barcala se han "tirado a la basura". "Ocho años de oportunidades perdidas para transformar Alicante y mejorar la vida de su gente. Hoy tenemos un Ayuntamiento que, en lugar de solucionar problemas, los genera; que provoca dolor, frustración y desesperanza entre quienes dependen de él, trabajan para él o simplemente esperan vivir en unos barrios dignos", ha insistido. En esta línea, ha sostenido que "desde Compromís vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que este sea el último año de Luis Barcala al frente del Ayuntamiento de Alicante. Porque Alicante necesita abrir una nueva etapa. Hay que acabar con esta pesadilla y volver a poner el Ayuntamiento al servicio de la gente".
EU Podem acudirá al juzgado
El grupo municipal de EU Podem ha ido incluso más allá en su posición crítica, tras lamentar que, a su juicio, el equipo de gobierno no haya aportado "las explicaciones y la documentación reclamadas". En este sentido, portavoces de la confluencia han precisado que, durante la sesión, su portavoz municipal, Manolo Copé, ha solicitado al equipo de gobierno "que identifique las facturas afectadas, sus importes, las empresas o profesionales que las emitieron, las aplicaciones presupuestarias utilizadas, los reparos formulados por Intervención y las resoluciones que permitieron continuar los expedientes y efectuar los pagos".
Según EU Podem, "entre los gastos reflejados en la cuenta general se encuentran pagos correspondientes a servicios externos de auditoría y asesoramiento jurídico cuya tramitación fue cuestionada y posteriormente denunciada por Esquerra Unida Podem ante la Fiscalía Provincial de Alicante". "La Fiscalía archivó las diligencias al considerar aplicable el principio de intervención mínima del derecho penal. Sin embargo, su propio decreto reconoce la existencia de irregularidades administrativas", añaden fuentes de EU Podem. Por este motivo la formación ha confirmado en la comisión de cuentas que llevará los hechos ante el Juzgado de Instrucción para que sea este quien determine si existen responsabilidades.
"El archivo de la Fiscalía no convierte en regular lo que su propio decreto reconoce como una irregularidad administrativa. Hoy hemos pedido que el equipo de gobierno explique quién autorizó estos expedientes, quién permitió continuar pese a los reparos de Intervención y quién ordenó finalmente los pagos", ha señalado Copé. "El Partido Popular ha preferido forzar la aprobación del dictamen antes que aclarar unos pagos ya denunciados ante Fiscalía y que ahora llevaremos al Juzgado. Ante esa negativa a rendir cuentas, nuestro voto solo podía ser contrario", ha afirmado el portavoz municipal.
Copé ha advertido de que la cuenta general no puede limitarse a comprobar que las cifras cuadran, sino que "debe permitir fiscalizar cómo se ha autorizado, contabilizado y pagado cada gasto público. Ahora Esquerra Unida llevará la denuncia al Juzgado de Instrucción para que investiguen los hechos que refleja intervención y determine si existen responsabilidades", ha incidido.
"La comisión de cuentas no puede ser un trámite automático. Hoy hemos votado en contra porque no vamos a avalar unas cuentas que incorporan pagos cuestionados mientras el gobierno de Barcala se niega a facilitar explicaciones completas y documentación verificable", ha concluido.
