ALICANTE. Los tiempos exigidos para cerrar los procesos de contratación vuelven a jugar en contra de la mejora en la prestación de servicios públicos en el Ayuntamiento de Alicante. Es lo que se habría constatado ahora en el caso del servicio de mantenimiento del alumbrado público: uno de los que conlleva un gasto más elevado entre los que dependen de la administración local, tras los relacionados con la limpieza viaria, la recogida y tratamiento de residuos, el transporte público, la limpieza de edificios municipales o el mantenimiento de zonas verdes.
El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), convocó el concurso para renovar la prestación el pasado mes de mayo. Con todo, todavía no se ha acordado su adjudicación, a la espera de que se cierre una propuesta definitiva, una vez cumplimentada la baremación de las diez ofertas presentadas. Esa situación forzó a aprobar una primera prórroga extraordinaria para procurar la continuidad del servicio, después de que se produjese el vencimiento del contrato previo, el pasado 16 de julio. La extensión de ese plazo concluyó el pasado 6 de septiembre, sin que para entonces existiese todavía una resolución sobre la licitación.
De ahí que, el pasado viernes, se acordase una segunda prórroga en el transcurso de una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno. Esta vez, su duración se concierta hasta el 1 de noviembre. O, en su caso, hasta el momento en el que se produzca la adjudicación pendiente y la firma del nuevo contrato. De este modo, la prestación sigue en manos de la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE), que resultó adjudicataria del contrato previo, licitado en 2022, con una oferta económica de 6.551.536,28 euros (con IVA). Ahora, se prevé un gasto adicional de otros 335.056,48 euros hasta el 1 de noviembre.
Sea como fuere, en ese acuerdo se establece la posibilidad de que se acuerden nuevas prórrogas extraordinarias siempre que no se exceda el plazo total de nueve meses contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público y que no varíen las condiciones previas de la prestación (como podría ser la incorporación de nuevos puntos de iluminación sujetos a mantenimiento). A priori, no parece probable que pueda recurrirse a una tercera prórroga extraordinaria, toda vez que ya se ha emitido el informe de valoración de las diez propuestas empresariales que optan al nuevo contrato.
Informe de baremación
La licitación parte con un presupuesto de 10,6 millones (10.657.145,85 euros, impuestos incluidos) por tres años de prestación, entre 2026 y 2029, con la posibilidad de optar a una prórroga por otros dos años más. Es decir, hasta un total de cinco. Entre las empresas que optan a la prestación vuelve a figurar SICE. En esta ocasión, competía inicialmente con las alternativas de Imesapi; OHL Servicios Ingesan, Aceinsa Levante, Alterna Tecnologías; Elecnor Servicios y Proyectos; una UTE compuesta por SIM Rubatec y Escardó Serveis Técnics; Aeronaval de Construcciones e Instalaciones; Comsa Service Facility Managment y Urbia Intermediación Ingeniería y Servicios. En principio, el informe técnico de baremación descarta las opciones de Aceinsa y de Elecnor, al considerar que no habrían justificado de forma conveniente el importe de sus propuestas económicas. Y, al tiempo, concluye que la mejor alternativa sería la presentada por la UTE formada por Rubatec y Escardó, a la que se conceden 98,24 puntos, seguida de SICE con 97,58. Con todo, sigue sin aprobarse una propuesta de adjudicación.
La empresa que resulte adjudicataria deberá asumir el mantenimiento y conservación de todas las instalaciones eléctricas de titularidad municipal, de modo que no solo incluye el alumbrado público (los puntos de luz distribuidos en la calle), sino también las infraestructuras que procuran el suministro en todas las dependencias municipales, lo que incluye centros educativos y centros deportivos. Eso sí, el consumo energético queda al margen, ya que es objeto de otro proceso de licitación independiente.
La empresa que resulte adjudicataria será la encargada de revisar el correcto funcionamiento de todas esas instalaciones con la obligación de reparar averías y de reponer todo el material que resulte necesario, desde lámparas, centros de transformación, grupos electrógenos y mobiliario eléctrico. No es una cuestión menor si se tiene en cuenta que el sistema de alumbrado público de Alicante está formado por más de 39.500 puntos de luz, como viene informando este diario.
