ALICANTE. Ayuda en bloque, pero con controversia política. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado de forma inicial este viernes -en una sesión de carácter extraordinario y urgente- la cuarta modificación de crédito del presupuesto de 2024 con el fin de destinar 1,5 millones en ayudas a los damnificados por la catástrofe de la Dana que ha causado hasta ahora 221 víctimas mortales y destrozos en 75 poblaciones de la provincia de Valencia.
El acuerdo se ha alcanzado con el voto unánime de los representantes de los cinco partidos con presencia en la corporación municipal (PP, PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) como ya sucedió en el dictamen de la comisión de Hacienda. No obstante, esa unidad se ha roto en las argumentaciones políticas con las que se ha justificado la posición de voto, en las que los representantes del eje progresista han reprochado la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hasta el punto de solicitar su dimisión.
Todo, además, después de que el secretario general haya recordado que el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, se encuentra en situación de baja por su reciente paternidad, por lo que la legislación estatal impide su participación en las sesiones plenarias. Es más, ha añadido que el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) tampoco contempla la posibilidad de que pueda ejercer su voto de forma telemática, lo que impediría que pudiese participar tanto en esta como en las siguientes sesiones plenarias durante el periodo en el que dure su baja obligatoria por paternidad. De ahí que se le haya conminado a salir del salón de plenos, a pesar de que Ortolá tenía intención de sumarse al desarrollo de la sesión. Con todo, la portavoz de su grupo, Carmen Robledillo, ha anticipado que Vox presentaría recurso de reposición frente a esa decisión y ha anunciado la posibilidad de impugnar el desarrollo del pleno al considerar que se estaba vulnerando el derecho fundamental de Ortolá a la participación política.
Por su parte, el alcalde, Luis Barcala, ha apuntado que el informe de la Secretaría General en el que se hacía constancia de la imposibilidad de que el edil de Vox pudiese tomar parte de las sesiones plenarias se había comunicado con carácter previo al propio regidor, por lo que también ha solicitado que constase en acta esa circunstancia como salvaguarda de que ya había sido informado con carácter previo.
Tras el desenlace de esa cuestión previa, ha sido el edil de Hacienda, Toni Gallego, quien ha defendido la propuesta de modificación presupuestaria. Gallego ha explicado que se trataba de promover una iniciativa para ayudar a los damnificados por la catástrofe del pasado 29 de octubre como "muestra de solidaridad de todos los alicantinos para con nuestros hermanos". "Es un paso más porque se suma a las más de 260 toneladas de ayuda material que se logró enviar gracias a la aportación solidaria de toda la ciudadanía en los primeros días", ha incidido.
Todo, al margen de los recursos humanos (bomberos, policías, etc.) y materiales (maquinaria de limpieza, etc.) que se han derivado a las poblaciones afectadas. Además, ha confiando en que, gracias a la "eficacia" en la gestión administrativa municipal, la ayuda pueda materializarse antes de que concluya este año. Y, por último, ha apuntado que en los presupuestos de 2025, "se dejará abierta una partida" ante el supuesto de que resultase necesario realizar nuevas aportaciones con el mismo fin.
En el turno de intervenciones de los grupos de la oposición, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha sido el primero en abrir la espita de la crítica, después de anticipar su voto a favor del acuerdo. En esta línea, Copé ha señalado que resultaba necesario hablar sobre consecuencias y responsabilidades, tras advertir también sobre la conveniencia de tratar sobre las causas, como el cambio climático, según ha dicho. "Nos da pena que la solución que plantea el PP, que sea la encomienda a un teniente general", en alusión al nombramiento de Gan Pampols como vicepresidente para la reconstrucción. A juicio de Copé, eso supone "militarizar" el Consell y la vida política, cuando, en su opinión, existían otras personas de otros ámbitos con competencias y formación para asumir esa tarea.
PSOE, Compromís y EU Podem piden la dimisión del jefe del Consell al que han responsabilizado de no haber prevenido a la población activando el sistema de alerta
Además, ha considerado que "no se puede enviar esta ayuda cuando aquí se sigue avalando la construcción de viviendas en zonas con riesgo de inundación como La Albufereta o Playa de San Juan", ha sostenido, aunque el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ya ha salido al paso de la preocupación generada en torno a esos desarrollos para sostener que existen informes que certifican la viabilidad de actuaciones como la urbanización del segundo sector del PAU 5 o el Plan Parcial 4 de La Albufereta. Asimismo, ha reprochado el retraso en el pago de las ayudas a los afectados, ha insistido, "cuando vemos pagos ligados a empresas ligadas con la corrupción del PP". Así, ha sido el primero en solicitar la dimisión de Mazón.
En segundo término, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, también ha anticipado su voto favorable tras mostrar su solidaridad con los afectados. Con todo, no ha escatimado en reproches al primer edil respecto a su inactividad en actos públicos a lo largo de las tres últimas semanas "para que no le salpicara la negligencia de un presunto criminal que se llama Carlos Mazón", ha dicho. "No ha estado a la altura de las circunstancias", ha recriminado, tras afear la supuesta falta de apoyo a los municipios afectados o a los voluntarios alicantinos que han acudido a ayudar a los damnificados.
