ALICANTE. El Plan Especial de Protección de las Torres de la Huerta de Alicante, en el que se concretarán los entornos libres de edificación y los usos específicos de cada uno de los baluartes, se seguirá haciendo esperar, como mínimo, otros dos años más. Ese es el plazo en el que se pretende disponer de una propuesta de borrador, con el fin de poder elevarlo a una primera evaluación de la Generalitat en torno a la primavera de 2023. Todo, después de que se haya constatado que los documentos que se comenzaron a tramitar bajo los mandatos del PP, en el año 2007, carecen de vigencia, al fundamentarse en la antigua Ley Urbanística Valenciana (LUV) y no recoger los nuevos parámetros recogidos en la Ley de Ordenación, Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup).

Así se ha dado a conocer este jueves en el transcurso de la comisión informativa de Urbanismo celebrada a instancias de Compromís para conocer el estado de tramitación del documento, en función del acuerdo alcanzado hace un año para sumar sus votos a la propuesta de catálogo de protecciones promovida por el equipo de gobierno (el bipartito compuesto por Partido Popular y Ciudadanos).

Fuentes del propio bipartito y de los partidos que ejercen funciones de oposición han confirmado, al término de la comisión, que se prevé licitar un contrato para disponer de esa futura planificación, con la que, en esencia, se fijarán las condiciones de desarrollo del próximo sector de expansión urbanística de la ciudad: el entorno de La Condomina, entre el PAU 3, La Albufereta y Playa de San Juan. De hecho, se trata de un ámbito en el que ya se planteó al menos una primera propuesta de desarrollo por parte de la iniciativa privada, como el proyecto por el que se planteaba la construcción de hasta 13.000 viviendas formulado por las empresas del promotor Enrique Ortiz, a partir del año 2002, que no llegó a tener eficacia. Así, cualquier iniciativa de futuro que pueda registrarse quedará condicionado por los límites que se impongan en el nuevo Plan Especial.

Además, el contrato con el que se pretende encomendar la redacción de ese nuevo plan se dividirá en dos lotes. El primero, sobre la redacción del Plan Especial propiamente dicho, en el que se especificará cuál es el perímetro de protección de cada una de esa veintena de torres, reconocidas como Bien de Interés Cultural (BIC), que se distribuyen en ese ámbito. Y el segundo de los lotes, servirá para encomendar la puesta en marcha de un plan de participación pública en el que se recogerán aportaciones de la ciudadanía. 

El propio concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), ha concretado que su departamento ya disponía de un borrador del pliego para poder convocar ese concurso, de modo que podría lanzarse antes de que concluya 2021 o en enero de 2022. De este modo, podría adjudicarse a mediados del próximo año, con lo que se confía en disponer de la propuesta redactada en el primer trimestre de 2023. En ese documento se incluirá todo el trabajo previo que resulte aprovechable, además del contenido de las alegaciones que se presentaron tras la exposición pública de la última propuesta elaborada hasta ahora y que no llegaron a contestarse.

De igual modo, en ese documento se dará cumplimiento a los requerimientos formulados por la Conselleria de Cultura al emitir su informe sobre el catálogo de protecciones de la ciudad. En concreto, en el Plan Especial se deberá singularizar de manera justificada cuál es el perímetro de conservación de cada una de las torres, que quedará exento de nuevas edificaciones, y las actuaciones que podrán ejecutarse en las construcciones preexistentes que quedarán fuera de ordenación a partir de la entrada en vigor del nuevo plan. Se trataría, según fuentes consultadas, de una labor que debe recogerse a través de un Plan Especial y no del catálogo como se había planteado inicialmente, en función de las conclusiones alcanzadas por Cultura.

¿Qué sucederá mientras con ese conjunto de baluartes? Por el momento, siguen sujetos a las condiciones de protección previstas en el catálogo. Y, además, el Ayuntamiento, a través del departamento de Conservación de Inmuebles, continuará ejerciendo la labor de inspección para velar por que sus respectivos propietarios las mantengan en buen estado de conservación. En este sentido, en la comisión se ha confirmado que el Ayuntamiento había iniciado conversaciones con parte de los titulares de la Torre del Ciprés con el propósito de asumir su propiedad (probablemente a través de una cesión), aunque sería un acuerdo supeditado a la anuencia del resto de los dueños, todavía no identificados.

Además, también se ha detallado que la Torre Sarrió, de titularidad municipal, ya ha sido rehabilitada para acoger la sede del centro de interpretación de la Huerta tradicional de Alicante y actuar como espacio polivalente, tras una inversión 604.686 euros en su segunda fase de rehabilitación. El inmueble, que tiene una superficie de 5.025 metros cuadrados, será gestionado por la Concejalía de Cultura. 

Y, por último, se ha concretado que el traslado de Torre Placia, también propiedad municipal, sigue pendiente de autorización por parte del Ministerio de Cultura después de que sus técnicos hayan planteado la conveniencia de que la operación se produzca tras su sección en varias partes, en lugar de mediante un desmontaje pieza a pieza como el que escogió el jurado encargado de evaluar las propuestas presentadas en la licitación de los trabajos.