ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante da un paso más para objetivar la toma de decisiones respecto al control de los pisos turísticos con el encargo de un tercer informe sobre la situación de la actividad. Se trata de un estudio con el que se pretende contrastar la cifra de apartamentos destinados al alojamiento, con los datos internos de licencias concedidas que se manejan en un informe elaborado por la propia Concejalía de Urbanismo. Pero no solo eso. Esa especie de censo del sector debe concretar también un mapa de calor en el que se detallen los emplazamientos de esos hospedajes, de modo que permita identificar su distribución en el casco urbano y concluir si puede llegar a existir alguna zona tensionada en la que concurra una excesiva concentración. 

El informe quedó en manos de la consultora especializada Eosa Estrategia y Organización a través de un procedimiento de contratación menor, por encomienda directa (sin concurso público), con un coste de 14.950 euros (18.089,5 euros con impuestos). Su elaboración debería estar terminada en un plazo de tres meses desde la formalización del encargo, por lo que se espera que pueda estar a disposición del ayuntamiento entre finales de este 2024 y el inicio del próximo ejercicio.

El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), confía en que pueda convertirse en herramienta adicional determinante para concretar si resulta necesario aplicar posibles limitaciones para la implantación de nuevos apartamentos, mediante una hipotética suspensión de licencias en determinados barrios en los que se interprete que puede existir saturación, o el establecimiento de una posible zonificación en la que se fijen cargas máximas: una especie de número límite de posibles autorizaciones. Es decir, dos opciones que ya están al alcance de todos los municipios de la Comunitat y que se ven reforzadas con el nuevo decreto ley 9/2024 que modifica la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico, en vigor desde el pasado 2 de agosto, aunque no se convalidó en les Corts hasta principios de septiembre. 

Por lo pronto, el departamento municipal de Urbanismo que coordina la edil Rocío Gómez ya ha apostado por aprovechar las nuevas medidas que incluye ese decreto autonómico, tras cubrir el paso previo de la solicitud de información, y ya ha formalizado de forma oficial la petición de traspaso de todas las competencias sobre regulación, inspección, vigilancia, sanción y recaudación sobre dicha modalidad de alojamiento turístico, como había anticipado este diario.