ALCOY. El edificio que albergó los antiguos Juzgados de Alcoy en la Plaça Al-Azraq, hasta su traslado en marzo de 2017 a una nueva sede en la Plaça de la Mare de Déu, va camino de cumplir una década cerrado y sin uso, y no hay perspectiva de que pueda cambiar la situación ni a corto ni a medio plazo.
Aunque el gobierno municipal tiene un proyecto de rehabilitación sobre la mesa y un uso definido, puesto que se quiere destinar a servicios sociales para acoger nuevas dependencias en el barrio de Zona Nord, la falta de financiación frena poner en marcha esa recuperación que permitiría volver a darle utilidad.
Durante los años que ha permanecido cerrado y sin uso, la titularidad prácticamente se ha repartido al cincuenta por ciento, puesto que la Generalitat Valenciana lo tuvo hasta mayo de 2021, cuando se formalizó la reversión al Ayuntamiento de Alcoy. En 1976 Alcoy cedió al Estado el terreno en la Plaça Al-Azraq donde se construyó el edificio y cuando las competencias de Justicia pasaron a la administración autonómica pasó a ser de su propiedad, de ahí que la reversión procediera de la Generalitat y finalmente se consiguió que fuera gratuita.
El portavoz de Vox, David Abad, llevó el tema al pleno de este mes con una serie de preguntas sobre si el gobierno mantenía el apuntado uso de destinarlo al departamento de servicios sociales, si había fecha para el inicio de las obras de rehabilitación del inmueble y si se contaba con subvenciones o previsión de estas. Abad hizo hincapié en que "como consecuencia directa de este prolongado desuso, el entorno y la estructura del inmueble sufren un grave deterioro progresivo. La acumulación de suciedad y basuras ha generado un elevado índice de insalubridad", a lo que añadió que "a esto se suma el riesgo de seguridad que supone la falta de un sellado eficiente en sus accesos".
La edil de Políticas Inclusivas, Aroa Mira, confirmó que el gobierno municipal mantiene dicho uso, es decir, destinarlo a servicios sociales, recordó que cuentan con un proyecto de rehabilitación que data de 2023 y se pidió una subvención que rozaba los 750.000 euros para poder rehabilitar una planta, si bien no fue concedida.
Hay que tener en cuenta que la rehabilitación de todo el inmueble partía de 2,5 millones y ya ronda los tres, como apuntó la concejala, quien remarcó que "dentro de nuestras posibilidades, siempre nos hemos presentado a las subvenciones de la Generalitat, pero hoy por hoy los planes que había para rehabilitar o construir, en el ámbito de servicios sociales, han desaparecido, por lo que aún es más complicado poder pedir subvención". Esto comporta que no haya un cronograma, pues de momento no se cuenta con ninguna subvención, "pero mantenemos el proyecto y seguiremos buscando financiación".
La concejala delegada del área sí aceptó un ruego igualmente presentado por Vox en el que piden que de manera urgente se lleve a cabo una inspección del edificio para ver el estado en que se encuentra, que se elabore un informe técnico a partir del resultado y se proceda a llevar a cabo actuaciones urgentes como pueden ser la limpieza perimetral y el sellado de puertas y ventanales.
Aunque el ruego fue aceptado, Aroa Mira remarcó que "los ayuntamientos podemos tener proyectos, detectar necesidades, poner a disposición espacios y realizar trabajos administrativos, pero si la Generalitat retira líneas de subvención y planes para la rehabilitación y construcción, para los ayuntamientos es complicado asumir importes tan elevados”. Planteó al portavoz de Vox, que "además de exigirnos a nosotros, que me parece correcto que nos exijan, que también lo hagan a su socio en la Generalitat y le lanzo el guante para que vayamos juntos a pedir que pongan más dinero para infraestructuras sociosanitarias".
El portavoz de Vox contestó a la edil socialista con un "cuando ustedes estaban en el gobierno del Botànic esto ya estaba en marcha. Podían haberse movilizado para que le dieran prioridad. Siempre utilizan la misma excusa de que es el gobierno actual el que pone trabas".
Recordar que el traslado de los Juzgados estuvo motivado por los repetidos problemas que acumulaba el antiguo edificio, tanto de espacio como de condiciones, con inspecciones de trabajo negativas. El proceso que culminó con el traslado duró hasta 13 años y, además, la titularidad de la nueva sede no se resolvió hasta tres años después del traslado, cuando se acordó que ese céntrico edificio pasaría del Ayuntamiento a la Generalitat a cambio de tres inmuebles, cerrando así un proceso que había durado 16 años, de 2004 a 2020.
