ALCOY. Los representantes de los trabajadores de Automóviles La Alcoyana, a través del sindicato CGT, denuncian públicamente "la absoluta inacción de la Generalitat Valenciana -titular del servicio- ante un conflicto laboral que ya alcanza los ocho meses de duración, cinco de ellos en huelga indefinida". Este conflicto afecta al servicio de autobús comarcal de l'Alcoià y el Comtat, así como a la línea Alcoy-Alicante.
Después de estos meses de conflicto con la concesionaria, las peticiones de los trabajadores pasan por "el rescate inmediato de la concesión pública, una auditoría pública e independiente sobre contratos, licitaciones y concesiones y la depuración de responsabilidades políticas y administrativas". Junto a ello, inciden en exigir "el fin inmediato de la represión sindical y de las presiones a la plantilla, y un modelo de transporte público transparente, digno y gestionado al servicio de la ciudadanía y no de intereses privados".
Desde CGT Alcoyana Alcoy, los comités de CGT de Alcoyana Alicante y los delegados de CGT de Masatusa solicitan "la creación de un ente metropolitano de transporte gestionado directamente por la Generalitat Valenciana, con mecanismos reales de control público, transparencia y participación social". Reiteran que "resulta significativo que en Valencia existan modelos metropolitanos públicos de gestión del transporte mientras que en la provincia de Alicante proliferan contratos de emergencia y modelos concesionales que, en nuestra opinión, favorecen dinámicas de concentración empresarial y escaso control efectivo sobre la prestación del servicio", y exigen "la dimisión inmediata de Manuel Ríos, director general de Transportes de la Generalitat Valenciana", argumentando "los presuntos vínculos profesionales previos con empresas del grupo Vectalia y a las relaciones familiares existentes con la propietaria del grupo empresarial".
Igualmente, desde la CGT denuncian "el progresivo deterioro de un servicio público que pertenece a toda la ciudadanía. Vectalia -concesionaria- incumple de forma reiterada las condiciones de los contratos de concesión:flotas envejecidas, falta de mantenimiento adecuado, incidencias continuas, servicios que no se cubren por falta de vehículos y utilización de autobuses de menor capacidad en líneas que requieren vehículos de gran tamaño según contrato” y añaden que “todo ello repercute directamente en la calidad y seguridad del servicio que reciben los usuarios, quienes además continúan soportando el coste económico de un transporte cada vez más deteriorado".
Desde el sindicato reiteran que "tras ocho meses de conflicto laboral, la actitud de la empresa sigue caracterizándose por la negativa al diálogo y a una negociación real. La plantilla continúa sufriendo presiones, sanciones, castigos y una evidente persecución sindical contra quienes ejercen legítimamente sus derechos laborales y sindicales".
