ALCOY. Trabajadores de Automóviles La Alcoyana, en sus bases de Alcoy y Fortuny, llevan siete meses de conflicto laboral con la empresa, cuatro de ellos de huelga indefinida, y piden soluciones tanto a la mercantil que gestiona el servicio como a la Generalitat, de quien depende, y a los ayuntamientos de poblaciones afectadas, teniendo en cuenta que en estas comarcas afecta al autobús comarcal Alcoià-Comtat, a la ruta a Alicante y a diferentes centros escolares.
Desde el comité de empresa, a través del sindicato CGT, remarcan que "la empresa no ha mostrado una voluntad real de negociar. Su postura sigue siendo un no rotundo al diálogo, prolongando artificialmente un conflicto que podría resolverse si existiera una negociación seria, clara y transparente". Recordar que los trabajadores han venido reivindicando mejoras, tanto laborales como en el servicio, y en una nota de prensa afirman que "una dinámica de cesiones mutuas permitiría desconvocar la huelga y abrir una vía de acuerdo. No se entiende que otras empresas del grupo sí dispongan de convenios o acuerdos particulares, mientras a esta plantilla se le niega cualquier solución, a pesar de que los contratos públicos firmados y cobrados por la empresa contemplan conceptos que deben tener reflejo en las condiciones salariales de quienes prestan el servicio”.
El servicio está siendo prestado por Vectalia, a la que se lo adjudicó la Generalitat que es la titular, y desde la empresa remarcan que "los servicios se prestan con total normalidad, y cumpliendo las condiciones de los contratos vigentes con la administración".
Mientras, desde el sindicato CGT reiteran que "la Generalitat Valenciana no puede seguir mirando hacia otro lado ante un problema tan grave, que afecta cada día a miles de usuarios y mantiene a una plantilla al límite. Tiene la obligación de dirigir, supervisar y defender un servicio público de transporte de viajeros digno, eficaz y de calidad. Le pedimos que deje a un lado los intereses privados y que actúe en defensa del interés general". Mientras, de los ayuntamientos de las poblaciones afectadas apunta que "forman parte de la solución y no pueden eludir su responsabilidad. Son parte de este servicio y tienen igualmente el deber de velar por los intereses de sus vecinos y vecinas".
Junto a esto, desde la CGT se refieren en la nota de prensa a las bases de Alcoy y Fortuny y apuntan, además, que "venimos observando desde hace tiempo cómo el taller se encuentra cada vez más tensionado por el aumento de averías y la escasez de vehículos disponibles, una situación que en ocasiones impide incluso cubrir con normalidad determinados servicios. Esto repercute directamente en los usuarios, que padecen un servicio ya de por sí precario y deficiente. A ello se suma el incumplimiento contractual que, a nuestro juicio, supone operar de forma continuada con autobuses de más de diez años de antigüedad".
Por otro lado, denuncian "la discriminación que sufre una parte de la plantilla. Mientras quienes defienden sus derechos y libertades sindicales son objeto de sanciones, despidos y medidas disciplinarias, otras personas trabajadoras, alineadas con las estrategias de la empresa y beneficiadas por un trato de favor, resultan absueltas sin sanción alguna ante hechos similares. Queremos recordar, además, que varios despidos han sido resueltos judicialmente como improcedentes".
