ALCOY. Las comarcas de l'Alcoià y el Comtat se han quedado, de momento, sin los servicios de la Oficina Xaloc, que desde 2017 están siendo prestados por la Mancomunitat de estas comarcas y que, perteneciente a una red de organismos colaboradores de la Generalitat, venía ofreciendo a los diferentes municipios un servicio integral de gestión, información, mediación social y asesoramiento en materia de vivienda, rehabilitación de edificios y regeneración urbana, así como la gestión de ayudas. El año pasado se realizaron más de 2.500 atenciones a ciudadanos de estas comarcas.
Según la información facilitada, el servicio se deja de prestar ya que no se cuenta con el pertinente convenio con la Generalitat, que dota los recursos necesarios para que la Mancomunitat pueda llevar adelante el servicio, como también remarcan que la administración autonómica les adeuda 55.000 euros. Con todo, el organismo comarcal no cuenta con los recursos necesarios para poder seguir hasta que la Generalitat firme el convenio y abone lo que adeuda. Cuando se firmara el convenio y se contara con los recursos autonómicos, el servicio se retomaría, tanto en la oficina que se encuentra en el Àgora en Alcoy como en la asistencia en la diferentes poblaciones, ya que se acudía dos días al mes a Cocentaina, Muro y Banyeres, con el fin de atender a sus vecinos y a las de poblaciones cercanas.
Para hablar de esta cuestión han comparecido, en un frente común, el presidente de la Mancomunitat, Blas Calbo, y su vicepresidente, Jordi Pla, junto a los alcaldes de Alcoy, Toni Francés; Cocentaina, Rubén Muñoz; de Muro, Vicent Molina, y Banyeres de Mariola, Josep Sempere, quienes han coincidido en el hecho de que la Generalitat no cuente con presupuesto incide en no tener convenio, pero consideran que si hubiese voluntad se podría realizar una modificación de crédito, abonar la deuda y conveniar, con lo que el servicio seguiría adelante.
El presidente de la Mancomunitat ha remarcado la importancia del servicio, "especialmente para las personas más vulnerables", por lo que puede acarrearles problemas, destacando el vicepresidente que "no se podrán realizar esas atenciones tan necesarias, dejando además a los ciudadanos sin ayudas", incidiendo en que el presidente de la Generalitat está “secuestrado por las políticas de Vox".
El alcalde Alcoy ha incidido en que "la vivienda no es una prioridad para la Generalitat, ni para Pérez Llorca ni para el PP, no lo ha sido nunca y de hecho el año pasado ya dieron 15 días, en pleno agosto, para poder solicitar las ayudas, cuando son unas fechas muy difíciles".
Toni Francés remarca que "desde enero estamos sin convenio, porque no hay presupuesto, pero si hubiese voluntad se podría realizar un modificación de crédito. Pero no, y no sabemos cuándo habrá presupuesto. Si se firmará el convenio y recogiera los gastos desde principio de año se retomaría". A esto, ha añadido que el convenio del pasado año abarcaba del 1 de enero al 31 de diciembre, “si bien las competencias de vivienda pasaron a depender de la vicepresidencia primera y nos dijeron que al cambiar de Conselleria solo pagarían hasta el 14 de diciembre y que el resto lo asumiera la Mancomunitat, algo que vamos a recurrir”. Ha señalado que hace unos quince días la Generalitat pagó de enero a julio, por lo que debe desde agosto a mediados de diciembre y lo que llevamos de 2026, de un convenio anual que estaba en 150.000 euros.
Mientras, el alcalde de Muro ha apuntado que la situación "refleja claramente la forma de trabajar del gobierno valenciano. Dicen que con menos impuestos están optimizando la administración pública cuando no es así y dejan a los ciudadanos desprotegidos. No pueden decir que mantienen servicios cuando están recortando, la gente que menos recursos tiene es a la que siempre se perjudica en mayor medida".
Vicent Molina ha recordado que las ayudas del Gobierno central para rehabilitación de viviendas o instalaciones fotovoltaicas sí están disponible, pero no las de la Generalitat, e incidía en que la actitud del gobierno autonómico "afecta a las ayudas, pero también a un parque inmobiliario que está en peligro de destrucción en muchos pueblos, y en la oficina tenían asesoramiento".
Para el alcalde de Cocentaina “la no renovación es una clara declaración de interés en un momento donde la vivienda es importantísima. Y la Generalitat da un paso atrás, no apuesta por políticas de vivienda, no hay intención de presentar proyecto de presupuesto ni reflejar ayudas en materia de vivienda".
Rubén Muñoz ha apuntado que "en el transporte ya tuvimos que hacer un frente común y ahora haremos todo lo necesario. Pero deben ser transparentes y que digan si lo que quieren es dejar de prestar el servicio".
Mientras, el alcalde de Banyeres ha destacado el hecho de que el servicio era de gran utilidad tanto para las poblaciones de mayor tamaño como para los vecinos de municipios pequeños, a quienes se buscaba facilitar este apoyo y que ahora quedan sin él, a falta de ver qué puede pasar. Josep Sempere ha ratificado todo lo apuntado e igualmente ha recordado que "la situación no es nueva, y están actuando como ya han hecho otras veces, como puede ser el transporte público".
