SANT JOAN D'ALACANT. La Fiscalía Provincial de Alicante ha remitido al juzgado las presuntas irregularidades en la gestión de las escuelas deportivas municipales de Sant Joan d'Alacant, por las que se investiga al alcalde del PP, Santiago Román.
Según han explicado fuentes municipales, el juzgado de instrucción encargado del caso ya ha solicitado documentación al Ayuntamiento y ha citado a declarar como testigo al interventor municipal.
La investigación tiene su origen en una denuncia presentada por el Grupo Municipal Socialista ante la Fiscalía, tras detectar que el Ayuntamiento había continuado abonando facturas a la empresa encargada de las escuelas deportivas municipales durante más de cuatro años sin un contrato en vigor. Los pagos superan los 1,5 millones de euros, pese a que los técnicos municipales habían advertido en reiteradas ocasiones de las irregularidades en el procedimiento.
La denuncia recoge indicios de posibles delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas, trato de favor, malversación impropia de caudales públicos y fraude. Sin embargo, la Fiscalía solo ha visto indicios de supuesta prevaricación y de ahí que haya formalizado la denuncia.
El contrato de las escuelas deportivas municipales finalizó en 2021 sin que se formalizara una nueva adjudicación. Desde entonces, según el relato de las concejalas socialistas, el ayuntamiento continuó pagando las facturas mediante procedimientos extraordinarios, mientras los técnicos municipales advertían de la necesidad de regularizar la contratación. La situación llegó en varias ocasiones al pleno municipal, donde el gobierno del PP llevó modificaciones de crédito para hacer frente a los pagos pendientes.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Esther Donate, ha recordado que "desde 2023 venimos advirtiendo de esta situación irregular por parte del concejal de Deportes y alcalde del PP, Santiago Román, denunciando que se estaba prestando un servicio sin contrato y reclamando reiteradamente que se licitara para garantizar la legalidad y la transparencia".
"Sin embargo, durante más de tres años ha permitido que esta situación continuara, abonando facturas directamente a una empresa sin contrato", ha señalado Donate, quien ha insistido en que las advertencias del PSOE no fueron atendidas y que la situación se prolongó sin una solución.
Los socialistas recuerdan que su oposición a determinadas modificaciones de crédito nunca tuvo como objetivo impedir que las empresas cobraran por los servicios prestados, sino denunciar el procedimiento utilizado por el gobierno municipal para tramitar los pagos, sobre el que existían advertencias técnicas.
"Consideramos que estos hechos podrían constituir graves irregularidades administrativas e incluso derivar en responsabilidades penales. Por ello, ante la falta de soluciones por parte del alcalde, decidimos ponerlos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Alicante para que investigue y determine las posibles responsabilidades", ha explicado la portavoz socialista.
Donate ha concluido señalando que "nuestra obligación como principal partido de la oposición es velar por una gestión rigurosa, transparente y ajustada a la legalidad de los recursos públicos, y evitar que este tipo de actuaciones puedan poner en riesgo los intereses de los vecinos y vecinas de Sant Joan".
El PSOE de Sant Joan confía en que la investigación judicial permita esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades por unos hechos sobre los que, según recuerdan los socialistas, llevan advirtiendo desde hace más de tres años.
Román tilda la denuncia de electoralista
El alcalde de Sant Joan d'Alacant, Santi Román, ha respondido a las actuaciones judiciales emprendidas por las concejalas socialistas Esther Donate y Eva Delgado, a quienes acusa de utilizar la vía penal como herramienta de oposición política contra el actual gobierno municipal del Partido Popular.
Román considera que ambas ediles «llevan tres años sin digerir los resultados electorales» y sostiene que su estrategia pasa por perjudicar al Ejecutivo local, llegando, según sus palabras, «desde rechazar el pago de facturas a proveedores locales hasta utilizar la vía penal para denunciar al alcalde».
El primer edil también ha cuestionado la vía elegida por las socialistas para presentar su denuncia, al señalar que no acudieron a la jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo, afirma que las denunciantes plantearon hasta seis posibles delitos, mientras que, según su interpretación, la Fiscalía habría limitado la cuestión a un único presunto delito.
En relación con el procedimiento judicial, Román ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia «al máximo» y ha recordado que el juzgado todavía no se ha pronunciado sobre las peticiones formuladas por las denunciantes.
El alcalde también ha puesto el foco en el origen de los hechos denunciados, que, según sostiene, se remontan al mandato del anterior gobierno socialista. En concreto, señala que el contrato objeto de la denuncia se tramitó bajo una Concejalía de Contratación dirigida entonces por un edil del PSOE y recuerda que Esther Donate formaba parte de la Junta de Gobierno Local que adjudicó el contrato a la empresa correspondiente.
Por otra parte, Román ha indicado que las concejalas socialistas también presentaron una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude, una iniciativa que, según afirma, no prosperó.
Por último, el alcalde considera que las actuaciones responden a «claros fines electoralistas» y vincula esta interpretación al hecho de que el contrato actualmente en vigor fue adjudicado en diciembre de 2025.