SANT JOAN D'ALACANT. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha remitido al juzgado las presuntas irregularidades en la gestión de las escuelas deportivas municipales de Sant Joan d'Alacant, por las que se investiga al alcalde del PP, Santiago Román.
Según han explicado fuentes municipales, el juzgado de instrucción encargado del caso ya ha solicitado documentación al Ayuntamiento y ha citado a declarar como testigo al interventor municipal.
La investigación tiene su origen en una denuncia presentada por el Grupo Municipal Socialista ante la Fiscalía Anticorrupción, tras detectar que el Ayuntamiento había continuado abonando facturas a la empresa encargada de las escuelas deportivas municipales durante más de cuatro años sin un contrato en vigor. Los pagos superan los 1,5 millones de euros, pese a que los técnicos municipales habían advertido en reiteradas ocasiones de las irregularidades en el procedimiento.
La denuncia recoge indicios de posibles delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas, trato de favor, malversación impropia de caudales públicos y fraude.
El contrato de las escuelas deportivas municipales finalizó en 2021 sin que se formalizara una nueva adjudicación. Desde entonces, el Ayuntamiento continuó pagando las facturas mediante procedimientos extraordinarios, mientras los técnicos municipales advertían de la necesidad de regularizar la contratación. La situación llegó en varias ocasiones al pleno municipal, donde el gobierno del PP llevó modificaciones de crédito para hacer frente a los pagos pendientes.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Esther Donate, ha recordado que "desde 2023 venimos advirtiendo de esta situación irregular por parte del concejal de Deportes y alcalde del PP, Santiago Román, denunciando que se estaba prestando un servicio sin contrato y reclamando reiteradamente que se licitara para garantizar la legalidad y la transparencia".
"Sin embargo, durante más de tres años ha permitido que esta situación continuara, abonando facturas directamente a una empresa sin contrato", ha señalado Donate, quien ha insistido en que las advertencias del PSOE no fueron atendidas y que la situación se prolongó sin una solución.
Los socialistas recuerdan que su oposición a determinadas modificaciones de crédito nunca tuvo como objetivo impedir que las empresas cobraran por los servicios prestados, sino denunciar el procedimiento utilizado por el gobierno municipal para tramitar los pagos, sobre el que existían advertencias técnicas.
"Consideramos que estos hechos podrían constituir graves irregularidades administrativas e incluso derivar en responsabilidades penales. Por ello, ante la falta de soluciones por parte del alcalde, decidimos ponerlos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción para que investigue y determine las posibles responsabilidades", ha explicado la portavoz socialista.
Donate ha concluido señalando que "nuestra obligación como principal partido de la oposición es velar por una gestión rigurosa, transparente y ajustada a la legalidad de los recursos públicos, y evitar que este tipo de actuaciones puedan poner en riesgo los intereses de los vecinos y vecinas de Sant Joan".
El PSOE de Sant Joan confía en que la investigación judicial permita esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades por unos hechos sobre los que, según recuerdan los socialistas, llevan advirtiendo desde hace más de tres años.
