EL CAMPELLO. El grupo municipal de Esquerra Unida-Unides Podem (EU-UP) en El Campello ha presentado un recurso de reposición contra la decisión del alcalde, Juan José Berenguer, de denegarle el acceso al detalle de los expedientes incluidos en la auditoría interna de Urbanismo. La formación reclama poder consultar los registros uno a uno para conocer qué hay detrás de las cifras del informe y determinar qué ha ocurrido en el departamento durante los últimos años.
El primer edil justificó su negativa al considerar que la información solicitada tiene carácter "auxiliar o de apoyo". Sin embargo, la coalición sostiene que los expedientes constituyen la documentación sobre la que se apoyan las conclusiones de la auditoría y que impedir su consulta limita la capacidad de la oposición para fiscalizar la gestión municipal. Por ello, en su recurso solicita la nulidad de pleno derecho del decreto que le impide acceder a la base de datos.
El portavoz de EU-UP, Pedro Mario Pardo, ha calificado la decisión de "vergonzosa" y "totalmente antidemocrática". Y ha recordado que la auditoría se realizó a raíz de una moción presentada por su grupo en julio de 2025. Según denuncia, hasta ahora el Ayuntamiento únicamente les ha facilitado un documento con cifras generales, sin permitirles consultar los casos concretos.
"No sabemos cuáles corresponden a licencias de vecinos, cuáles son infracciones graves o cuáles se han dejado morir en un cajón hasta prescribir", ha señalado Pardo, quien considera que la labor de fiscalización no puede limitarse a aceptar un resumen, sino que requiere examinar cada expediente para conocer la situación real del departamento y esclarecer posibles responsabilidades.
Casi tres de cada cuatro expedientes siguen pendientes
La auditoría municipal, encargada para evaluar la situación del departamento de Territorio y Vivienda entre 2013 y 2025, analizó un total de 9.032 expedientes, de los que 6.699 continúan sin resolverse. Esto supone que casi tres de cada cuatro trámites permanecen pendientes, muchos de ellos, según advierte la formación, con riesgo de caducidad o prescripción.
EU-UP alerta de que esta situación tiene consecuencias directas tanto para los vecinos, que pueden esperar años para obtener una licencia, como para las arcas municipales, ante la posibilidad de que prescriban expedientes sancionadores y el Ayuntamiento pierda recursos económicos.
"Los expedientes no son propiedad del alcalde, sino de todo el municipio. Para plantear soluciones a la ciudadanía debemos tener acceso a ellos, y la ley nos ampara", ha defendido Pardo. El portavoz asegura que la coalición seguirá reclamando la documentación para conocer qué ha ocurrido en Urbanismo y garantizar el derecho de la ciudadanía a saberlo.