SAN VICENTE DEL RASPEIG. La subida de la tasa de residuos sigue generando conflicto en San Vicente del Raspeig. Esquerra Unida-Podem ha llevado ante la justicia esta ordenanza al interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). "Abogamos por una ordenanza más justa, más proporcionada, menos discriminatoria para no castigar tan duramente el bolsillo de nuestros vecinos y vecinas", ha manifestado Alberto Beviá, portavoz de la agrupación de izquierdas, durante la rueda de prensa convocada este viernes 7 de febrero para anunciar el movimiento legal. Acto en el que también ha estado presente la concejala de EU-UP, Natalia Jerez.

El recurso se interpone debido a las "irregularidades" detectadas y cuestiones con las que el grupo municipal no está de acuerdo, las cuales les hacen creer que "se pueden argumentar ante la justicia y salir airosos". Pese a este acto legal, la ordenanza continúa su curso, no se paralizará hasta que un juez diga lo contrario. "Estos procesos son lentos, no sabemos el tiempo que tardará", ha comentado Beviá, quien ha añadido que "se puede revertir, a traves de la justicia, lo que consideramos una ordenanza incompleta, discriminatoria e injusta".

¿Por qué un contencioso administrativo?

EU-UP presentó seis alegaciones al proyecto, que se unieron a las más de 70 presentadas en general. Tras el rechazo de las mismas, el grupo municipal consultó al gabinete jurídico la viabilidad de presentar un recurso ante una ordenanza que Beviá ha tildado de "injusta" y cuyo único afán ha sido el "recaudatorio", sin tener encuentra otros principios de la ley como los pagos por generación, la reducción de cuota por distintas circunstancias y la capacidad económica diferenciando.

Los motivos por los que la coalición de izquierdas ha decidido presentar este recurso contencioso administrativo son que no contempla exenciones ni bonificaciones fiscales a las que puedan acceder los contribuyentes; la voluntad de que "se haga justicia" con las viviendas ubicadas en la zona industrial -sobre todo en los barrios El Tubo y los Manchegos-, donde se debería aplicar una cuota de 94,60 euros en lugar de 190,51 euros, según el informe técnico-económico realizado por SUMA o la disconformidad con la distribución de las zonas y la inclusión de algunas viviendas en zona urbanizaciones, a las que se aplica una cuota de 222,11 euros, igual que a las viviendas generadoras de poda, en lugar de los 175,28 euros que se aplica a la zona urbana.

EU-UP tampoco está de acuerdo con la imprevisión de un programa de gestión de residuos por parte del Ayuntamiento de San Vicente; la carencia de exenciones y bonificaciones en la ordenanza, lo que, según ha declarado el portavoz, "perjudica claramente a un gran sector de la población", y la disconformidad con el sistema utilizado para aplicar la cuota, proponiendo EU-UP que la cuota se fije en función de parámetros objetivos como el valor catastral de la vivienda aplicado por tramos, el número de residentes en el inmueble o por la obtención de recompensas por reciclar correctamente.