EL CAMPELLO. Se ha cumplido el primer año de funcionamiento de Ordenanza de Convivencia Ciudadana, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de El Campello en marzo de 2025. El balance es positivo por diversos motivos, entre el que destaca, según remarcan mandos policiales, un “evidente” cambio de actitud de vecinos y visitantes, con menos llamadas al retén policial ante actitudes incívicas y por tanto comportamiento acorde con lo que se perseguía.

Tres han sido los factores del éxito en la aplicación de la norma: las investigaciones de la Policía Local tras tener conocimiento de conductas contrarias a la ordenanza, la colaboración ciudadana de una población concienciada y las aportaciones de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas por todo el municipio.

En estos primeros doce meses de aplicación de la ordenanza, la Policía Local ha abierto y tramitado un total de 245 expedientes, que una vez resueltos se han trasladado a SUMA para que comunique y cobre las sanciones a los infractores.

La ordenanza de convivencia ciudadana, usos de espacios públicos, comportamientos cívicos y conductas sancionables de El Campello se aprobó de forma definitiva en el pleno celebrado en marzo de 2025 con los votos favorables de PP y Vox, las abstenciones de PSPV-PSOE y Per El Campello, y el posicionamiento en contra de Compromís y EU-Unides Podem.

La norma fue elaborada por la Policía Local y recoge todo tipo de comportamientos no aceptables en vía pública y, por tanto, sancionables. Es objetivo primordial es preservar el espacio público como un lugar de encuentro, convivencia y civismo, “en el que todas las personas, con plena libertad de sus actividades, de libre circulación, ocio y recreo, deben respetar la dignidad y a los derechos de los demás, la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas”.

La normativa establece un sistema de sanciones económicas según la gravedad de las infracciones. Las multas por infracciones leves alcanzan los 750 euros, mientras que las consideradas graves llegan a los 1.500 euros. En el ámbito de las bebidas alcohólicas, las sanciones pueden ascender hasta los 15.000 euros.

El texto recoge todo tipo de conductas en espacios públicos, desde actos vandálicos hasta consumo de bebidas alcohólicas o drogas, y las sanciones a imponer en caso de incumplimientos. La norma es de aplicación en todos los espacios públicos del municipio, así como a construcciones, instalaciones, mobiliario urbano y demás bienes públicos.

También afecta a espacios, construcciones, instalaciones o vehículos y elementos destinados a un servicio público, como vehículos de transporte, marquesinas, paradas de autobuses, de ferrocarril, de tranvía o de autocar, vallas, señales de tráfico, contenedores y demás elementos de naturaleza similar, y se aplicará igualmente a espacios de titularidad privada cuando en ellos se realicen conductas o actividades que afecten o puedan afectar negativamente a la convivencia, o cuando el descuido o la falta de un adecuado mantenimiento por parte de sus propietarios, arrendatarios o usuarios pueda implicar consecuencias negativas para la convivencia o el civismo en el espacio público.

Vertidos, orines y vejaciones

De la relación de hechos sancionados, destacan 48 expedientes por realizar vertidos de escombros y enseres en lugares no permitidos (por lo general caminos y zonas verdes del exterior del casco urbano), ocupaciones de vía pública sin la correspondiente licencia (33 casos), fuego o lanzamiento de petardos sin autorización (10), menosprecio o vejaciones a ciudadanos mayores o discapacitados (3), pintado de grafitis (13), molestias al descanso nocturno (27), orinar en la vía pública (13), venta ambulante no autorizada (13), acampada ilegal (2), ensuciar la vía pública (14 expedientes), ataques a mobiliario urbano (7 casos), venta de alcohol a menores y consumo en vía pública (12), y hasta 50 casos de violaciones de la ley orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, que tipifica una larga lista de infracciones sancionables, como portar objetos peligrosos o insultar y resistirse  la autoridad policial.