VALÈNCIA (EFE). La patronal de residencias Aerte presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un recurso contra el decreto de tipologías de la Conselleria de Igualdad, al considerar que no cuenta con el "presupuesto necesario para poder abordar los requisitos que exigen".

"Hemos insistido siempre en que el nuevo decreto no debería costarle ni un euro más a nadie, debería suponer un esfuerzo en ayudas de la Administración a las personas usuarias en la cantidad suficiente para compensar el incremento de costes que vaya a suponer", ha asegurado a EFE el presidente de Aerte, José María Toro.

La asamblea general de la entidad, celebrada este miércoles en València, decidió presentar este recurso contra el decreto de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales, aunque aún no se ha decidido cuándo se hará.

Toro ha explicado a EFE por qué se decidió presentar el recurso: "No entendíamos que no estuviera bien dotado económicamente, con el presupuesto necesario para poder abordar los requisitos que exigen".

La Administración se reunió con ellos el martes "para decirnos que quieren la implementación de la mano del sector, que quieren ir avanzando las cosas poco a poco", según Toro, quien ha recordado que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) ya planteo que "no estaba completamente hecho el tema económico".

El CJC dictaminó que la Conselleria de Igualdad no había "evaluado adecuadamente el impacto económico para las personas usuarias ni la situación del sector" en el proyecto de decreto.

"Dicen que tienen el informe económico pero yo no lo he visto y nadie me lo enseña, lo que genera muchas dudas en el sector", asegura Toro, que alude a la "incapacidad económica para poder abordar los requisitos que nos exigen este decreto".

Aerte ha celebrado varias concentraciones ante la Conselleria para denunciar que en el nuevo decreto se reduce el importe que recibirán las personas que se incorporen al sistema a partir de ahora para ser atendidos en una vivienda supervisada de atención a salud mental, lo que provocará que aumente el copago.

Explica que hasta ahora se cubría el coste de la plaza en su totalidad, en torno a los 2.300 euros mensuales, "y ahora se concederá solamente una tercera parte, 715 como máximo, lo que está impidiendo a una gran mayoría de ellos ser atendidos por falta de recursos económicos".

Tras la última de las concentraciones, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, aseguró que las plazas públicas, concertadas o contratadas con la Generalitat "no va a suponer nunca un incremento, sobrecoste o copago para las personas que vayan a acceder a estos recursos".

Mas señaló que las empresas privadas, en lugar de "crear alarma social", deberían "dar explicaciones a sus clientes sobre si van a repercutir el incremento de la calidad de los servicios en el usuario o si van a hacer una esfuerzo de bajar sus beneficios empresariales".

Además, desde Igualdad consideran que las estimaciones planteadas por Aerte para el incremento del coste de las prestaciones vinculadas al servicio, en la memoria económica del nuevo decreto de residencias, usan de forma errónea los ratios de acreditación para centros concertados en relación al coste de prestaciones vinculadas a las plazas en privados.