CREVILLENT (EFE). La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Elche ha abierto juicio contra el exalcalde de Crevillent, el popular César Augusto Asencio, por presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de conserjes y en el mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales.

La causa se dirige también frente a otras ocho personas, entre las que figuran tres concejales o exconcejales de la misma formación política que el exregidor: Manuel Moya, Pedro García y María del Carmen Candela, así como también se incluye a tres funcionarios municipales, además del coordinador de Deportes y de su hijo.

Los nueve serán enjuiciados por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa, en relación con otro delito continuado de fraude, otro delito de malversación y otro delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios, según concreta el auto fechado el 19 de enero al que tuvo acceso Efe.

Las diligencias se abrieron a instancias de la denuncia presentada por el actual alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva (Compromís), ante la Fiscalía, en la que se detallaban otra serie de presuntas anomalías con el fin de que se analizase si eran constitutivas de delito.

Tras su estudio, la Fiscalía trasladó la denuncia a los juzgados, en los que se iniciaron varias causas por separado.

En concreto, en la que ahora se dicta la apertura de juicio, se dirime si los políticos y los funcionarios acusados se concertaron para conceder el contrato del servicio de conserjes y de mantenimiento de las instalaciones deportivas de Crevillent a la empresa gestionada por el hijo del coordinador municipal de Deportes, Tot Sport Crevi, entre los años 2004 y 2018.

Todo ello se habría realizado dando apariencia de legalidad a la contratación y a sabiendas de la relación familiar entre el coordinador de Deportes y el beneficiario de las adjudicaciones.

La Fiscalía solicita inicialmente para los acusados penas que oscilan entre los dos y los siete años de prisión, en función de su grado de participación en los hechos investigados, además de la restitución de más de 53.000 euros como perjuicio provocado al Ayuntamiento.

Asimismo, el auto fija ya una fianza conjunta y solidaria de 90.000 euros para cinco de los encausados para cubrir la posible responsabilidad civil en caso de condena y solicita que se forme pieza sobre la situación económica de los nueve procesados.