VALENCIA. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha conseguido encauzar su plan de homogeneizar los regímenes jurídicos del personal sanitario. Les Corts aprobaba este jueves, con los votos de PP y Vox, que la conselleria pueda articular un proceso selectivo "único y extraordinario" para que el personal subrogado de los cuatro departamentos de salud revertidos pase a ser personal estatutario fijo. Esto supondrá que más de 7.000 trabajadores puedan dejar su condición de personal a extinguir y pasen a ser ‘funcionarios’ de la sanidad pública valenciana. 

Así se acordaba en la Comisión de Sanidad al aprobarse esta enmienda de aproximación, suscrita por el PP y Vox, entre otras, al Proyecto de ley de la Generalitat por el que se adoptan medidas extraordinarias en materia de personal del Sistema Valenciano de Salud y de organización, gestión y prestación de servicios sanitarios y educativos para dar respuesta a la recuperación tras las graves inundaciones acaecidas el 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana. El Consell aprobó este decreto el 10 de diciembre, que fue validado por Les Corts el 14 de enero y se acordó que se tramite como proyecto de ley para mejorarlo.

La enmienda propuesta supone añadir dos nuevos párrafos a la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana de 2014, y establece que "se articulará un proceso selectivo de carácter extraordinario, de forma excepcional y por una sola vez, para que el personal laboral subrogado a extinguir que presta servicios para el Sistema Valenciano de Salud tras la extinción de los respectivos contratos de gestión de servicio público por concesión en los departamentos de salud de La Ribera, Torrevieja, Denia y Manises, pueda acceder a la condición de personal estatutario fijo". También señala que, mediante un decreto del Consell, se determinarán los criterios generales que han de regir las convocatorias, los efectos de la estatutarización, los requisitos de acceso y la valoración de méritos, en la que se tendrán en cuenta necesariamente los servicios prestados en dicha condición de personal laboral a extinguir.

Desde los sindicatos han pedido en reiteradas ocasiones un sistema homogéneo y terminar con esta fórmula en la que se conjuga personal estatutario, laboral y funcionario dentro de un mismo sistema público por la dificultad de gestión que comporta y las desigualdades que se generan en las condiciones laborales y salariales. Sin embargo, este empujón de Gómez a la homogenización del personal - para el que no se ha especificado el detalle- no engloba el conjunto de la plantilla bajo este régimen. Fuera queda el personal revertido del concierto de resonancias magnéticas, además del subrogado vinculado a la farmacia socio sanitaria de las residencias públicas, también enmarcados en esta categorÍa.

Los sindicatos piden seguridad jurídica

Desde los sindicatos, que llevan años reclamando la homogenización de personal ante la falta de acuerdo con los convenios colectivos, piden que prevalezca la seguridad jurídica. “Desconocemos en qué va a consistir y nos preocupa que el difícil encaje legal no tenga suficiente seguridad jurídica”, señalan desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO. En este sentido, piden que sea un proceso avalado por informes de la Abogacía de la Generalitat para evitar la judicialización. Además, señalan la necesidad de abordarse en la mesa de negociación al afectar a las condiciones de personal. “Este proceso debería haberse llevado a cabo antes de dar la noticia, pero nosotros no tenemos más información de la que hay”, apuntan.

“Entendemos que la estatutarización debe ser voluntaria y en todo caso, pedimos a la Conselleria de Sanidad que informe de a quién afecta y cómo va afectar.”, señalan desde UGT-PV, quien solicita incluir al personal de Salud Pública. “UGT lleva años intentando que todo este personal convergiera en un convenio único para que la gestión de los recursos humanos esté exenta de conflictos y los esfuerzos se centren en la atención sanitaria”. 

El Supremo ratifica la figura del personal a extinguir

A pesar del quebradero de cabeza en la gestión, el Tribunal Supremo ratificaba el pasado mes la legalidad de la figura del personal a extinguir en las reversiones sanitarias al desestimar un recurso del Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana contra la Generalitat. La sentencia creaba jurisprudencia y respaldaba el decreto que regulaba la situación laboral de los trabajadores del Departamento de Salud de La Ribera tras su retorno a la gestión pública en 2018 y, por lo tanto, extendiendo así su validez a otros casos similares como Torrevieja, Manises y Dénia.

El alto tribunal aclaraba dos cuestiones clave: si una administración autonómica puede calificar como personal a extinguir a trabajadores subrogados tras la finalización de concesiones y si estos deben considerarse empleados públicos. El fallo concluía que esta figura es legítima y que los afectados mantienen sus condiciones laborales, aunque sus plazas serán ocupadas en el futuro por personal estatutario.

El sindicato denunció una vulneración del Estatuto de los Trabajadores, argumentando que la Generalitat modificó ilegítimamente la relación laboral de los empleados. No obstante, el Supremo rechazaba esta postura, afirmando que la Generalitat actuó conforme a derecho. Esta decisión sienta un precedente relevante para futuras reversiones de servicios públicos.

A vueltas con los convenios

Como ha explicado en numerosas ocasiones este diario, una de las tareas de Gómez esta legislatura era deshacer la maraña que existe entre el personal laboral a extinguir procedente de la reversión e internalización de los mencionados servicios sanitarios y que estaba provocando desigualdades con el personal estatutario.

El colectivo que más tiempo lleva reivindicando la cuestión es el personal de La Ribera, que ya en 2018 vio como caducaba su convenio colectivo. Tras varios intentos de negociación, los trabajadores decidieron ir a la huelga para finalmente llegar a un acuerdo en el TAL, en el que una de las mejoras acordadas suponía que, a partir del 1 de enero de 2024, se les aplicara el derecho de jornada del personal que ocupe una plaza estatutaria, cuestión que no se implementó. Tampoco el del resto de reversiones. El de Dénia está judicializado y el de Torrevieja se consiguió llegar a un acuerdo que finalizó en 2024.

Mientras, los trabajadores subrogados de las farmacias socio sanitarias están suscritos al convenio de gestiones integrales, que se aplica a las residencias o centros de titularidad pública y gestión privada dependientes de Bienestar Social. Por otro lado, el personal de las resonancias magnéticas heredado de Erescanner en Valencia y Castellón es dependiente del convenio de sanidad privada de Valencia, mientras que los subrogados de Inscanner dependen del convenio de Alicante. 

Integración de los consorcios

En la mencionada enmienda también se ha decidido añadir una solución para los consorcios sanitarios - el Hospital General de València y el Provincial de Castellón-, pendientes de integrar al personal en la red pública. Para ello, se añade una disposición adicional a la Ley de Salud sobre medidas relativas al personal de los consorcios que establece que "al objeto de homogeneizar las relaciones de empleo del personal que presta servicios en el Sistema Valenciano de Salud, se podrán establecer procedimientos para integración directa, con carácter voluntario, en la condición de personal estatutario, en la categoría y titulación equivalente, de quienes presten servicio en los consorcios sanitarios adscritos a la Generalitat con funcionario de carrera o en virtud de contrato laboral fijo".