VALÈNCIA (EP). La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para acceder al alquiler asequible de más de 120 viviendas de protección oficial en varios municipios de la Comunitat Valenciana.

De las viviendas ofertadas, 84 pertenecen a la provincia de Valencia, con 45 en Gandia, 35 en Albaida, dos en València y dos en Paterna; 20 a Alicante, con 18 en la capital y otras dos en Sant Vicent del Raspeig, y 18 a Castellón, en Vinaròs, detalla la Generalitat en un comunicado.

El precio del alquiler oscilará entre 200 y 325 euros al mes, excepto el de los inmuebles situados en la Ciudad de la Luz de Alicante, cuyo precio ascenderá a los 420 euros.

Las personas interesadas en acceder a una de estas viviendas, deberán presentar la documentación en las sedes de Evha de València (Calle Vinatea, 14), Alicante (Gerona, 4) y Castellón (avenida Hermanos Bou, 47).

En los últimos años, la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl había generado un stock de vivienda acabada, nueva y sin vender. Los intentos de venta del anterior Gobierno valenciano resultaron "infructuosos", dado que las condiciones "no eran atractivas ni accesibles para los ciudadanos", subrayan desde el departamento autonómico.

A esta situación se suma la actual problemática de acceso a la vivienda en régimen de alquiler asequible, de ahí que el Consell decidiera cambiar el régimen de uso de estas VPO. Así, han pasado de venta y alquiler con opción a compra a alquiler.

La adjudicación de estas viviendas se realizará de acuerdo con la resolución del 16 de junio de 2017 de la Conselleria de Vivienda, por la que se aprobaban los criterios sociales de acceso en régimen de arrendamiento a las viviendas de protección pública propiedad de EVha.

De acuerdo con esta normativa, además de cumplir los requisitos para residir en una vivienda protegida, se prioriza a víctimas de violencia de género o personas afectadas por un desahucio derivado de una ejecución hipotecaria o por impago de cuotas de alquiler.

Otros beneficiarios son las personas discapacitadas con un grado reconocido, familias con menores a su cargo, residentes en inmuebles con barreras arquitectónicas no subsanables y familias para las que pagar el alquiler suponga más del 25% de los ingresos de la unidad.

La resolución también tiene en cuenta situaciones como que en la unidad familiar haya algún integrante menor de 35 años o mayor de 60 o los solicitantes que se ven obligados a desplazarse por motivos laborales.

Desde el departamento que dirige Mª José Salvador destacan que estas medidas "demuestran la firme apuesta por impulsar la vivienda publica en régimen de alquiler asequible".

Al respecto, la directora general de EVha, Helena Beunza, ha manifestado que, como administración pública, no pueden "permitir tener más de 120 viviendas en venta cuando en la Comunitat hay una evidente necesidad habitacional de personas que, sin estar en riesgo de exclusión social, no pueden hacer frente a los precios del mercado libre y necesitan optar al mercado de vivienda en régimen de alquiler",