VALÈNCIA. (EFE). La Audiencia Nacional ha confirmado este viernes la condición de responsable civil subsidiaria de la matriz de Bankia, BFA, por las supuestas irregularidades que condujeron a la quiebra a Banco de Valencia, cuyo máximo accionista en el momento de su intervención era Bancaja -integrada en el grupo-.

En un auto, la sección tercera de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratifica la decisión del juez instructor Santiago Pedraz, que extendió dicha consideración a la Fundación Bancaja, y desestima el recurso interpuesto por el FROB tras el desestimiento de la propia representación de BFA.

Un criterio del que difiere uno de los componentes del tribunal, el magistrado Antonio Díaz Delgado, que defiende la competencia del fondo para ejercer acciones, mientras que la nacionalización del grupo financiero le convierte en poseedor de su capital social.

Por consiguiente, continúa, se debería haber estimado su pretensión pues si se trae a BFA al proceso como responsable civil también lo será el Estado, involucrado en estos hechos únicamente por su "necesidad de salvar al sistema ante una gestión privada que puso en riesgo" la estabilidad financiera.

En noviembre de 2011, Banco de Valencia, una de las entidades con mayor solera de España y considerada durante años la "joya de la corona" de Bancaja, pasó a manos públicas.

Su intervención por parte del Banco de España supuso la destitución de sus gestores y la inyección, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de más de 1.000 millones de capital, además de dotarle con una línea de crédito de hasta 2.000 millones con el objetivo de "estabilizarlo y recapitalizarlo".

El pasado septiembre, la Audiencia Nacional inició las vistas por la primera de las causas vinculadas a los antiguos administradores que han llegado a juicio oral: las supuestas irregularidades en tres macrooperaciones inmobiliarias que causaron un daño de 160,5 millones de euros.

Entre los acusados, el ex consejero delegado de la entidad Domingo Parra, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión por presunta administración desleal, delito para el que plantear la alternativa de apropiación indebida, en cuyo caso aumenta la petición hasta los seis años de cárcel.

En 2013 se aprobó la fusión por absorción del banco valenciano por parte de CaixaBank.