MADRID (EFECOM). La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha pedido hoy al Gobierno un plan de choque para el turismo español, que incluya medidas fiscales y laborales, como unos ERTE específicos para los hoteleros, que estén en vigor hasta Semana Santa de 2021.

En una carta remitida a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la confederación explica que de esta forma se garantizaría "oxígeno" a estas empresas para llegar hasta esa fecha y también se preservaría el empleo que generan.

De la creación de este plan de choque se encargaría una comisión interministerial (Turismo, Sanidad, Asuntos Exteriores, Hacienda o Trabajo) junto con los responsables de las diferentes comunidades autónomas, que analizarían "debidamente" todas aquellas cuestiones que llevan "meses" afectando seriamente al sector turístico.

Los hoteleros piden, entre otras cosas, que se tomen "con la máxima urgencia" medidas sanitarias, laborales y fiscales concretas para garantizar la supervivencia del turismo, el sector que más aporta en su conjunto al PIB español y del que dependen más de 2,5 millones de trabajadores.

En materia de salud, Cehat pide que se establezca un pasaporte sanitario digital y soluciones similares, que permitan "la trazabilidad del cliente durante su estancia en destino e identificar riesgos" para facilitar su localización y aislamiento en caso de necesidad.

Asimismo, la confederación apuesta por que se les hagan pruebas a los turistas que llegan a España (un PCR con 48 horas máximo antes del viaje) o un test rápido a la llegada al primer aeropuerto español que pise, esto último costeado por el viajero.

Antes de regresar a su país, los turistas deberán realizarse una nueva prueba que garantice que están libres de covid-19, que podrían pagar "los hoteleros y el cliente, de forma conjunta”.

Por último, en materia fiscal, Cehat solicita que se exonere al sector durante este año de algunos impuestos que se aplican a la actividad tanto a nivel local como autonómico, como el IBI (impuesto sobre bienes inmuebles), las tasas municipales o el impuesto sobre actividades económicas, "en un contexto de prácticamente cero ingresos".