VALÈNCIA. La nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, será la responsable de las administraciones del Estado y, especialmente, de las relaciones con las comunidades autónomas, y tendrá que hacer efectiva la subida del salario de los empleados públicos pendiente de aprobación para el año 2020.

Su departamento tiene que afrontar la interlocución con las comunidades autónomas en un momento en que muchos gobiernos regionales miran con sospecha las negociaciones que va a iniciar Pedro Sánchez con la Generalitat de Cataluña y la creación de una mesa entre ambos ejecutivos, pactada por el PSOE y ERC.

El nuevo Ejecutivo recalca que quiere "dejar atrás la judicialización" y llevar a la vía política el problema catalán, por lo que ha emprendido esa vía bilateral. Pero el pacto de gobierno entre el PSOE y Podemos apuesta también por reforzar la relación con todas las autonomías y trabajar con ellas para "clarificar", dice ese acuerdo, el reparto de competencias entre administraciones.

Para ello, el Gobierno se ha comprometido a institucionalizar la Conferencia de Presidentes de manera que su trabajo tenga continuidad, se reúna una vez al año y normalice la colaboración entre gobiernos. Está por ver si Cataluña y el País Vasco volverán a este foro porque no quisieron participar en la última reunión de 2017, aunque Euskadi sí acudió a una reunión preparatoria convocada en 2018 por la entonces ministra Meritxell Batet.

Todas las partes quieren que la Conferencia se reúna en breve, aunque la agenda catalana puede condicionar tanto su celebración como su contenido. La gran cuestión pendiente entre el Gobierno y las comunidades autónomas es la financiación, asunto que deberá negociar este ministerio junto al de Hacienda, que es el que finalmente cerrará el pacto y lo traducirá en una ley para su aprobación en el Congreso.

El sistema sigue vigente con la fórmula de reparto de recursos aprobada en 2009 y que debió renovarse en 2014, porque es una norma pensada para su actualización cada cinco años. Esa ley de hace once años sigue en vigor y las cifras se actualizan año tras año, pero sólo una reforma en las Cortes permite decidir un cambio en el reparto del dinero, a través de qué fondos, con qué criterios y en qué cuantía.