VALÈNCIA (EFE). El juzgado mercantil nº 1 de Madrid celebra mañana el juicio por la demanda colectiva de la OCU contra Volkswagen-Audi España por el trucaje de motores diésel, en el que la organización de consumidores representa a 7.500 afectados y pide por daños y perjuicios 22,5 millones de euros, 3.000 para cada uno.

Se trata de la única vía judicial abierta en España por el "dieselgate", cuatro años y medio después de que en septiembre de 2015 se conociera que Volkswagen instaló en algunos de sus modelos un dispositivo que camuflaba el nivel real de emisiones contaminantes de los vehículos.

Tras un intento fallido de conciliación, la demanda se presentó en junio de 2017.

La OCU denuncia el "diferente tratamiento" que ha usado Volkswagen con los afectados, ya que mientras "indemniza a los consumidores americanos", donde ha acordado pagar entre 5.000 y 10.000 dólares (entre 4.000 y 8.000 euros) por vehículo, "o llega a acuerdos en Australia, mantiene una actitud muy diferente en Europa, donde les obliga a acudir a los tribunales".

La organización de consumidores reprocha también la "inmovilidad absoluta de las diferentes administraciones" españolas, que no han sancionado a la empresa "a pesar de que ésta ha reconocido de forma abierta la manipulación de las emisiones y el engaño", en opinión de la organización.

No obstante, confía en que finalmente la justicia reconozca los derechos de los usuarios personados, si bien lamenta la demora en la resolución del procedimiento.

Según la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA, en inglés), Volkswagen utilizó un software para alterar los resultados de sus emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) en los ensayos de homologación.

Como resultado, en la conducción normal en carretera los vehículos podían exceder hasta 40 veces lo que certificaba la empresa, que posteriormente admitió que este trucaje también se aplicó a los modelos vendidos en Europa.