MADRID (EFE). El juez José de la Mata ha acordado la administración judicial de las entidades Instituto Odontológico Asociados (IOA) y Health 2015 SL, propietarias de veintisiete centros dentales en España y con las que el exdirectivo de iDental Luis Sans pretendía dar continuidad a la estafa de esta cadena odontológica.

En un auto, el magistrado de la Audiencia Nacional toma esta decisión para salvaguardar los derechos de los trabajadores y proteger a los inversores dentro de la causa que investiga a los directivos de las clínicas iDental

Además de a los directivos de los centros, el magistrado investiga a los administradores y gestores de IOA, que Sans -en prisión por este caso- usó supuestamente para repetir la estafa de iDental, por un presunto desvío de los fondos captados de inversores que debían ir destinados a la expansión de las clínicas dentales.

Los delitos investigados son los de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales

En el auto, el magistrado designa como administrador judicial, por un periodo de seis meses prorrogable por igual tiempo, a Deloitte España en base a su experiencia en la administración de las entidades del Grupo Vitaldent y en la gestión para restablecer empresas del sector de clínicas dentales en situación de crisis financiera.

Para De la Mata, la medida cautelar acordada tiene como objetivo proteger el patrimonio de IOA y se adopta en beneficio y por la seguridad de los derechos y expectativas de los usuarios de sus servicios, de los trabajadores de la empresa o grupo de empresas y de los inversores eventualmente perjudicados.

"La prioridad absoluta es asegurar la salud de las personas, usuarios de las clínicas dentales IOA. Para ello, es necesario garantizar la continuidad de los servicios odontológicos prestados por las clínicas", incide el instructor, quien añade que los actuales administradores cesarán en el momento en que el administrador judicial tome posesión.

Según el juez, la administración judicial "permitirá asegurar la atención a los usuarios y la continuidad de los tratamientos y las actividades de estas sociedades mercantiles y las clínicas IOA que gestionan".

Igualmente contribuirá, subraya, "a salvaguardar los derechos de los trabajadores y a proteger los derechos de los inversores que podían resultar afectados por las prácticas, sujetas a investigación, de los actuales gestores y administradores".