[Este artículo se incluye en la revista 'Alicante Plaza, 2016-2026: diez años creciendo'. Puede leerla íntegramente en este enlace]
ALICANTE. El 24 de febrero de 2022, cuando Rusia invadió la frontera de Ucrania, Alicante revivió que una guerra podía sentirse a miles de kilómetros de distancia. No solo por la dimensión humana —que ya era devastadora desde el primer día—, sino porque el conflicto se coló rápidamente en la sociedad y la economía cotidiana. Lo hizo con personas buscando refugio, pero también con repercusión en la factura de la luz, en el precio del combustible, en cadenas de suministro interrumpidas. Ahora, la historia vuelve a resonar en pleno 2026 con Irán.
Entonces, la provincia no dependía en gran medida del comercio con Rusia o Ucrania, pero sí tenía puntos sensibles. 2022 quedaría marcado por esa sensación de que, cuando la economía comenzaba a levantar cabeza tras la pandemia, un nuevo conflicto internacional amenazaba con frenar la recuperación.
Un ‘parte’ económico en tiempo real
En las primeras horas tras la invasión, empresas y organizaciones económicas de la provincia comenzaron a ser previsoras. Los datos del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) ofrecían un primer mapa de exposición: un 1,1% de las exportaciones alicantinas tenían como destino Rusia, un mercado donde el calzado concentraba buena parte del negocio.
El vínculo económico con el país también se dejaba notar en otro ámbito clave en la provincia: el inmobiliario. La población rusa representaba el 6,5% de las viviendas adquiridas por extranjeros en Alicante, con una media de unas 1.200 operaciones anuales.
Desde Cámara Alicante se transmitía entonces una idea que se repetiría durante meses. La guerra era una mala noticia para la economía global y también para la provincial. Así, el entonces presidente cameral, Juan Riera, advertía de que el conflicto podía traducirse en un encarecimiento aún mayor del gas y del petróleo, con efectos directos sobre la electricidad, los costes empresariales y el consumo de los hogares.
El negocio con Rusia y Ucrania
Las cifras de comercio exterior previas servían para dimensionar la relación económica entre Alicante y los países en conflicto. Las exportaciones alicantinas a Rusia alcanzaron en 2021 los 65,8 millones de euros, con el calzado como principal producto, con 31,3 millones, seguido de conservas y fruta, con 10,9 millones, y de la manufactura de piedra y yeso, con 3,84 millones.
En el caso de Ucrania, las exportaciones desde Alicante sumaron 15,5 millones de euros. El calzado y sus partes encabezaron también el ranking, con 3,9 millones, seguidos por los abonos, con 2,1 millones, y las conservas de verdura o fruta, con 1,6 millones. Tras ellos aparecieron las manufacturas de piedra y yeso, con 1,02 millones, y los productos cerámicos, con 865.000 euros.
Las cifras reflejaban una dependencia limitada en términos globales, pero también la realidad de que algunos sectores concretos podían verse especialmente afectados, con el calzado como principal protagonista.
El calzado, en alerta
El sector reaccionó con inquietud desde el primer momento. La entonces presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Marian Cano, hablaba de «gran preocupación» por el mercado ruso. En 2021 había sido el décimo destino de exportación del sector.
La guerra cambiaba ese escenario. Desde la industria auxiliar, el presidente de la Asociación Española de Componentes del Calzado y la Marroquinería (AEC), Manuel Román, advertía de otro factor de riesgo. Rusia también era proveedor de determinadas pieles utilizadas en la producción, por lo que las sanciones podían afectar tanto al comercio como al suministro de materias primas.
El sector recordaba además un precedente reciente: las sanciones impuestas tras la crisis de Crimea, que ya habían afectado al comercio con Rusia. Eso sí, el sector se reforzó en ese momento y superó el bache.
Drama humanitario y comercial
De forma instantánea, la guerra dejó de ser un análisis macroeconómico para convertirse en historias concretas. Muchas personas se refugiaron en la provincia de Alicante. Más allá de la economía, el conflicto tenía también una dimensión social en la provincia.
Alicante era ya entonces uno de los territorios con mayor presencia de ciudadanos rusos y ucranianos en España. Según datos del INE de 2021, en la provincia residían más de 16.500 personas de nacionalidad rusa y más de 11.500 ucranianas, con municipios como Torrevieja especialmente vinculados a ambas comunidades.
Ese vínculo humano explicaba por qué la guerra se vivió con una intensidad particular. Para muchas familias, no se trataba solo de un conflicto internacional, sino de una realidad que afectaba directamente a amigos, familiares o compañeros de trabajo. Y algunas firmas se vieron directamente afectadas.
La empresa Rocapiel, dedicada al comercio de cueros, tiene su sede en Elche Parque Empresarial y, en ese momento, una fábrica en la ciudad ucraniana de Zhytomyr, donde trabajaban entre 80 y 100 personas. Desde allí se recolectaban y curtían pieles que posteriormente se enviaban a España en camiones para su distribución en el sector del calzado y la marroquinería.
El 24 de febrero el suministro aún no se había detenido, pero el futuro era incierto. Un camión que había salido días antes consiguió cruzar la frontera hacia Polonia y llegar a Europa. A partir de ese momento, nadie sabía si sería posible continuar con el transporte de mercancías.
El problema principal estaba en el origen de la producción y la recolección de pieles podía paralizarse en un contexto de guerra. La empresa seguía la situación día a día, consciente de que el conflicto podía detener una cadena logística que conectaba directamente Ucrania con la industria del calzado en Alicante y Murcia. Un ejemplo de lo que suponía el quebranto de las leyes internacionales reflejado en una realidad más cercana. Nada es ajeno en un mundo interrelacionado.
La economía entra en 'modo guerra'
Apenas unas semanas después, el impacto de la invasión ya se dejaba notar en varios sectores económicos. El precio de la energía comenzó a dispararse, impulsado por el papel de Rusia como gran productor de gas y petróleo. Esa subida se trasladó rápidamente al combustible, a las materias primas y, finalmente, al precio de los productos que llegaban al consumidor. En febrero de 2022, la inflación en España alcanzó el 7,6%, el nivel más alto desde 1986.
El conflicto provocó tensiones en diferentes sectores productivos desde la cerámica a la agroalimentación con el bloqueo de grano del Mar Negro y el suministro de maíz o aceite de girasol; la automoción y el transporte vieron como los materiales o el aumento del precio del combustible disparaba los costes logísticos. El comercio vio un encarecimiento generalizado y la incertidumbre económica empezaba a retraer el consumo.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 provocó importantes consecuencias humanitarias y económicas, lo que llevó al Gobierno de España a poner en marcha un Plan Nacional de respuesta para mitigar sus efectos. A lo largo del año se aprobaron varios paquetes de medidas mediante reales decretos-ley destinados principalmente a contener los precios de la energía, apoyar a los sectores más afectados y proteger a los colectivos vulnerables, además de reforzar la estabilidad económica.
Entre las actuaciones destacaron la bajada de impuestos en la electricidad y el gas, bonificaciones a los carburantes, ayudas directas a sectores como transporte, agricultura o industria intensiva en energía, el refuerzo del escudo social con incrementos en prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital y pensiones no contributivas, y medidas para abaratar el transporte público.
También se implantó la llamada 'solución ibérica' para limitar el precio de la electricidad en el mercado mayorista. En total, durante 2022 se movilizaron unos 30.000 millones de euros de recursos públicos para amortiguar el impacto de la inflación y la crisis energética.
Una guerra (y más) que no acaban
Cuatro años después, el 24 de febrero de 2026, se devolvía el mensaje de que «la guerra no ha terminado». En Alicante, una manifestación recorrió el centro con una gran bandera. La presidenta de la Asociación Amigos de Ucrania, Anna Shkalenko, explica el desgaste de tantos años de estrés y pide unidad europea «por la paz, la democracia y la libertad».
Este año ya señala la dimensión demográfica de la nueva Alicante marcada por la guerra: alrededor de 58.000 ucranianos y ucranianas residen en la provincia, el 17% del total en España, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a agosto de 2025. Y destaca el papel de municipios como Torrevieja, donde la cifra de empadronados se habría multiplicado respecto a antes de la guerra y donde existe un dispositivo de recepción (Creade).
En el anuario de estos diez años de Alicante Plaza, 2022 queda como el año en que la guerra cambió el termómetro económico y social de la provincia, de la recuperación poscovid a la inflación, del comercio a la energía, del suministro a la incertidumbre.
También fue el año en que muchos alicantinos entendieron que, en un mundo profundamente interconectado, ningún conflicto es realmente lejano. Las guerras, las invasiones y los genocidios siguen siendo, en cualquier lugar del mundo, sea en Ucrania, en Gaza o Irán, profundamente deleznables. Y sus consecuencias, como aprendió Alicante en 2022, nunca se quedan lejos.
