aprobación inicial de la ordenanza 

Alicante valida la nueva norma de licencias de obra para priorizar inversiones y combatir escombreras

17/03/2020 - 

ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante a aprobado este martes en Junta de Gobierno el proyecto de modificación de la Ordenanza de Licencias Urbanísticas y Ambientales, que afecta a las obras mayores, menores y declaraciones responsables. Entre las novedades que incorpora destaca la obligatoriedad de certificar el destino de los escombros para combatir las escombreras ilegales, la agilización de proyectos prioritarios para la ciudad relacionados con la sostenibilidad, innovación, el patrimonio histórico o el empleo, y la obligación para nueva construcción de incluir la preinstalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y puntos de recarga rápida en bloques de más de 50 viviendas, según han precisado fuentes municipales a través de un comunicado.

El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs) ha explicado que "con la nueva ordenanza vamos a combatir las escombreras ilegales, de ahí que a partir de ahora no solo en las obras mayores y demoliciones, sino también en las obras menores y las declaraciones responsables que generen residuos, el titular de la licencia deberá presentar junto a la Memoria del Proyecto un Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición". El regidor ha resaltado que estas modificaciones vienen derivadas el trabajo transversal de distintas concejalías, en particular la de Fomento y Empleo (Agencia Local de Desarrollo), que dirige Mari Carmen de España, y de Limpieza y Residuos, con Manuel Villar al frente.

La segunda de las novedades introducidas responde a la necesidad transmitida desde distintos departamentos municipales como la Agencia Local de Desarrollo para agilizar los proyectos prioritarios de inversión, en lugar de seguir el orden de presentación establecido en su tramitación. "Queremos agilizar la tramitación de aquellos proyectos que sean de interés para la ciudad dándoles prioridad, siempre que cumplan los requisitos establecidos", ha señalado Pérez.

Esta modificación se introduce de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 19/2018, por lo que deberán reunir las siguientes condiciones: aportar valor añadido en áreas como el desarrollo tecnológico y la innovación, la conservación del patrimonio histórico o la generación de diez o más puestos de trabajo con contrato indefinido, que impliquen una inversión en activos fijos, excluyendo los inmobiliarios, de 600.000 euros y cuando el presupuesto de ejecución material sea superior a un millón de euros. En este último supuesto, también deberán cumplir otras condiciones adicionales que acrediten su prioridad, como informó Alicante Plaza.

Una de las novedades que introducirá la nueva ordenanza afectará a la gestión de residuos en la construcción para introducir un mayor control. Santos Pérez ha explicado que "queremos dar un paso adelante en el control de las escombreras ilegales, agilizar la tramitación de aquellas licencias que sean de interés para la ciudad, como las relativas a la conservación de patrimonio histórico, la innovación, la generación de empleo o la sostenibilidad, para lo que también damos un paso adelante incorporando de forma obligatoria las infraestructuras necesarias para la recarga de vehículos eléctricos en las viviendas de nueva construcción".

Este estudio debe incluir una estimación de su cantidad, medidas genéricas de prevención, destino previsto de los residuos, medidas de separación y una valoración de los costes de todo ello que deberá formar parte del presupuesto. Entre las obligaciones que establece se encuentra la de presentar una Certificación emitida por el Gestor Autorizado para el tratamiento de los escombros y demás residuos en caso de Obra Mayor al solicitar la declaración responsable de primera ocupación, y en el caso de las obras menores y declaraciones responsables tendrán un plazo de seis meses desde el inicio de las obras para su presentación. El incumplimiento de dichas obligaciones conllevará la incoación de un expediente de Disciplina Urbanística y, en su caso, sancionador.

Santos Pérez ha explicado que en tercer lugar "vamos a dar un nuevo impulso a las infraestructuras que faciliten la implantación del vehículo eléctrico, obligando a las obras de nueva construcción a poner la preinstalación para los puntos de recarga y, en caso de promociones de viviendas, también tendrán la obligación de poner puntos de recarga rápida en espacios comunes". En este último caso, el texto propuesto contempla un punto de recarga rápida para promociones de entre 50 y 100 viviendas, dos para entre 100 y 150 y tres para más de 150 viviendas.

Plaza del Progreso y Torre Placia

El bipartito compuesto por PP y Cs también ha aprobado en Junta Local la adjudicación de las obras de reurbanización de la Plaza del Progreso, en la zona norte de la ciudad, a Construcciones Zaplana Caselles SL. La mercantil ha obtenido la mayor puntuación (100 puntos) entre las 18 empresas presentadas, con una oferta económica de 315.666,53 euros, de un presupuesto base de licitación de 415.415,56 euros, y un plazo de ejecución de cuatro meses. El proyecto de acondicionamiento impulsado desde la Concejalía de Urbanismo que dirige Adrián Santos Pérez, consiste en una actuación en dos fases para reparar los daños causados en el pavimentos por las raíces de los árboles.

También se ha aprobado la ampliación del plazo para la redacción del proyecto de traslado de la Torre Placia, adjudicado a favor de la mercantil Estudio Métodos de la Restauración, S.L por 1.488.693,25 euros. El contrato incluye la redacción del proyecto, los trabajos de desmontaje de la torre y su traslado, así como la reconstrucción de la misma. 

El proyecto de ejecución tiene por objetivo trasladar la Torre Placia desde su emplazamiento actual, la parcela sita en la Calle Campoamor, hasta la parcela de propiedad municipal calificada como de equipamiento cultural , entre las Avenidas Pintor Pérez Gil y Conrado Abaladejo y la calle Juana Francés.

El concejal de Urbanismo ha explicado "que la ampliación del plazo se trata de un mero trámite administrativo, por si fuera necesaria la subsanación de algún error en el proyecto que ya ha sido presentado por la mercantil en el Ayuntamiento y que en estos momentos está siendo revisado". 

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