Alicante se une para que la romería de Santa Faz sea BIC... y se divide con la Ley de Concordia

ALICANTE. Nuevo bloque institucional para secundar el expediente de reconocimiento de la Romería de la Santa Faz como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de bien inmaterial. Los cinco grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante (PP, PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) han sumado sus votos en el pleno ordinario de abril, este jueves, para expresar el respaldo del Ayuntamiento al inicio de ese expediente, después de que ya se haya promovido hasta dos intentos previos a instancias de la propia administración local en los años 2002 y 2016.

Por lo pronto, la Conselleria de Cultura que coordina el también vicepresidente primero del Consell, Vicente Barrera, ya ha incoado ese expediente anunciado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, minutos antes de que diese comienzo la última edición de La Peregrina, hace dos semanas, con el que se abre un plazo con una duración máxima de dos años para que se complemente la documentación sobre los valores culturales, históricos y sociales de la romería que justifiquen la concesión de ese reconocimiento del que ya dispone la fiesta de les Fogueres de Sant Joan.

La encargada de defender el acuerdo conjunto ha sido la edil de Cultura, Nayma Beldjilali, quien ha incidido en el valor histórico y cultural de la romería como elemento central que sustentaría la concesión de la declaración. "La declaración como Bien de Interés Cultural no solo ayudará a preservar y enaltecer nuestra rica tradición, sino que también potenciará la atracción turística y cultural de nuestra ciudad", apunta la declaración. "Es esencial que todos los niveles de gobierno colaboren estrechamente para llevar a buen término este proceso, reflejando el compromiso de nuestra comunidad con la salvaguarda de su patrimonio cultural", agrega. De este modo, en el momento de la votación, la propuesta ha sumado el respaldo de los 29 concejales que conforman la corporación, sin que se haya producido intervenciones adicionales ni ningún tipo de discrepancia.

El enfrentamiento político había llegado, no obstante, con carácter previo en el debate de la segunda declaración institucional relacionada con la tramitación de la nueva Ley de Concordia promovida por el actual Consell compuesto por Partido Popular (PP) y Vox. La iniciativa, registrada por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, planteaba instar al Consell a mantener los principios rectores de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición respecto a la memoria democrática valenciana, definida en la Ley 7/2017, así como el rechazo a la Proposición de Ley de Concordia. Y ha quedado rechazada con los votos de los dos partidos que conforman el ejecutivo autonómico, PP y Vox, frente a los 11 votos de los ediles de los tres partidos proponentes. 

Todo, después de que los tres partidos del eje progresista hayan considerado que la normativa supone un paso atrás en el reconocimiento a las víctimas del Franquismo y que se trate de "blanquear" ese periodo histórico, y de que tanto la edil de Cultura, Nayma Beldjilali, como la portavoz municipal del partido de Santiago Abascal, Carmen Robledillo, hayan argumentado que, a su juicio, la nueva normativa en realidad viene a ampliar la cobertura a todas las víctimas "sin defender al franquismo", según ha subrayado Beldjilali. "Esta ley trata de evitar el blanqueamiento de ETA", ha enfatizado, para recalcar de forma expresa que "Franco es un dictador y el Franquismo una Dictadura". 

Eso sí, en el debate de la propuesta se ha reproducido parte de los mismos discursos que ya se han expuesto en otros foros políticos como les Corts. De hecho, Beldjilali ha traído a colación la misma referencia al exsenador del PSOE, Ángel Franco, para asegurar que es el PSOE de Alicante el que sigue sujeto "desde hace 40 años" a su control. 

Entre el resto de declaraciones institucionales, se ha aprobado por unanimidad la iniciativa conjunta registrada por el conjunto de los grupos políticos municipales por la que se acuerda instar a que se nombre o renombre una calle o plaza en homenaje del 600 aniversario del Pueblo Gitano. También se ha aprobado la declaración institucional promovida por el PP por la que se acuerda la reclamación de medidas inclusivas para todas las familias por parte del Gobierno central, con el respaldo de los grupos políticos de PP y Vox y el rechazo del conjunto de la izquierda. 

Y ese mismo desenlace ha tenido otra iniciativa similar, por la que se planteaba instar al Gobierno Central a proporcionar de "manera inmediata información detallada y transparente sobre la financiación municipal y otros aspectos financieros críticos que permitan una gestión eficiente y responsable de los recursos, y solicitar una revisión exhaustiva de la política fiscal y tributaria nacional, con el objetivo de reducir la carga impositiva sobre las familias y las empresas". Entre otros argumentos, el edil de Hacienda, Toni Gallego, ha acusado al ejecutivo central de estrangular a los ayuntamientos con la imposición de la regla de gasto y no contemplar la posibilidad de usar los remanentes municipales para ejecutar inversiones financieramente sostenibles. 

Los representantes de los tres grupos políticos del eje progresista, por su parte, han responsabilizado al PP de votar en contra de la mejora de la financiación municipal en el Senado con una propuesta que ascendía a 4.500 millones, de los que 21 correspondían a Alicante, según ha señalado la edil socialista Silvia Castell, quien ha aprovechado su intervención para recriminar al equipo de gobierno que solo se haya ejecutado cuatro de cada diez euros del presupuesto previsto en 2023 para el desarrollo de inversiones. Además, también se ha referido al informe evacuado por la Airef, hace dos semanas, para apuntar que en ese dictamen se requiere que el ayuntamiento incremente el control del gasto.

Por su parte, el alcalde, Luis Barcala, ha tomado la palabra para explicar que el PP se opuso en el Senado a que se aumentase la deuda y el déficit público y ha incidido en que el Gobierno "no deja que los ayuntamientos puedan gastar los remanentes porque quieren apropiarse de ellos". "Eso es mi opinión, pero no tardaremos en comprobar como se materializa", ha asegurado. 

Bloque por la rehabilitación de viviendas en Virgen del Remedio

La primera de las declaraciones institucionales registradas por el PSOE también ha prosperado. Se trataba de una propuesta por la que se insta a la ejecución del proyecto "Entorno Residencial de Rehabilitación Programa Virgen del Remedio" cofinanciado con fondos europeos con una aportación de 13 millones sobre los que "se corre el riesgo de su pérdida si no se ejecuta antes de 2026", según ha sostenido la edil socialista Silvia Castell. La representante del PSOE ha recriminado que no se han dado los pasos previos necesarios para el impulso de ese proyecto, como la constitución de las oficinas de información y asesoramiento a los vecinos o las modificaciones urbanísticas requeridas. Los portavoces de Esquerra Unida Podem y de Compromís han abundado en el incumplimiento de esos compromisos con el riesgo de pérdida de la financiación, mientras se anuncian planes para la promoción de vivienda pública a través del Plan Vive. 

PP y Vox rechazan una iniciativa del PSOE en defensa de la abolición de la prostitución tras acusar a los socialistas de cinismo por los casos de dirigentes socialistas que habrían usado fondos públicos en prostíbulos

El edil de Vox, Juan Utrera, también ha coincidido en el argumento del retraso y ha instado al PP a cumplir las promesas incorporadas en su programa electoral. Y, finalmente, el edil de Vivienda, Carlos de Juan, ha anticipado su respaldo a la propuesta tras señalar que "no se ha incumplido el acuerdo de 2022" al insistir en que se ha mantenido distintas reuniones con los propietarios de las viviendas, con los que se tiene que concertar la operación de rehabilitación, "en una labor que no resulta nada fácil", ha enfatizado. A la postre, la propuesta ha quedado aprobada por unanimidad con el voto favorable de los 29 concejales.

La segunda de las propuestas promovidas por el PSOE por la que se planteaba que la corporación manifestase el compromiso de defender la abolición de la prostitución como forma de violencia machista ha quedado rechazada con los votos de PP y Vox, después de que sus representantes, el portavoz adjunto del partido de Santiago Abascal, Mario Ortolá, y la edil de Bienestar Social, Begoña León, hayan enumerado los casos de uso de fondos públicos en prostíbulos por parte de distintos dirigentes del PSOE en el ámbito nacional. León incluso ha recurrido al uso de imágenes de algunos de esos protagonistas para enfatizar su posición. Así, ambos han recurrido a ese argumento para justificar su rechazo a la iniciativa, a pesar de asegurar que compartían su fondo por lo que respecta a la lucha contra la trata. De hecho, Ortolá ha instado a apremiar a la Fiscalía a que persiga ese tipo de delitos. Así, la propuesta ha quedado rechazado por 18 votos (la suma de PP y Vox) frente a los 11 votos a favor de las tres fuerzas del eje progresista, que han incidido en la necesidad de que se derogue la ordenanza de convivencia por su penalización a las mujeres forzadas a ejercer la prostitución. 

Balance de delincuencia

El debate también se ha enconado a colación de la primera de las declaraciones políticas presentadas por Vox, por la que se pretendía manifestar la preocupación del Ayuntamiento de Alicante "por el contenido del informe del Gobierno de España en el que se reconoce la inmigración ilegal como un problema para la seguridad nacional". El portavoz adjunto de Vox, Ortolá, ha sostenido que la situación se pone en evidencia en ese informe, "no lo dice Vox". No obstante, Copé y Mas han acusado a Vox de tergiversar y manipular los datos de ese informe con informaciones falsas, tras sostener que el número de delincuentes de nacionalidad española es muy superior al de los extranjeros. Con todo, la iniciativa ha quedado respaldada por el PP, de modo que ha quedado aprobada por 18 votos con el rechazo de los 11 ediles de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, después de que el edil de Seguridad, Julio Calero, haya expresado que el equipo de gobierno comparta su preocupación por las cifras apuntadas en el informe, "con un incremento del 12% en Alicante", según ha señalado. De ahí que haya apuntado que se pretenda reclamar el refuerzo de medios de las fuerzas de seguridad.

También ha prosperado la segunda de las iniciativas políticas de Vox, con el mismo equilibrio de votos (18 a 11), por la que se acuerda instar al equipo de gobierno a "poner en valor el papel fundamental de la familia y garantizar, dentro de sus competencias, su bienestar y desarrollo". Y también ha quedado aprobada la tercera de las declaraciones institucionales de Vox -en este caso, por unanimidad-, por la que se apremia al equipo de gobierno a "resolver los problemas que presenta el Parque Lo Morant en materia de limpieza, infraestructuras, apertura de los aseos públicos y jardinería" después de que la iniciativa haya sumado los votos de PP, PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.

El centro-derecha también se une en la "preocupación" por el informe estatal en el que se apunta a la inmigración ilegal como "un problema de seguridad nacional"

El edil Juan Utrera ha relatado la existencia numerosas deficiencias en las instalaciones del parque tanto en lo que respecta al estado de la vegetación, como al de las pistas deportivas. Y en ello han coincidido los representantes de Compromís, Sara Llobell, y de PSOE, Eduardo Rodríguez, quienes han recriminado a Vox que no incluyese la ejecución de mejoras en el parque en su pacto presupuestario con el PP. Por su parte, el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha incidido en que el estado actual de Lo Morant deriva de la rescisión del contrato que se concertó durante el pasado mandato para llevar a cabo su reforma, por el abandono de una de las empresas que constituían la UTE contratista. En todo caso, ha asegurado que se estaba trabajando en la tramitación de una nueva licitación actualizada a las necesidades del parque.

Y la última de las iniciativas de Vox, por la que se planteaba al equipo de gobierno a solicitar al Tanatorio "La Siempreviva" que retome el horario pre-pandemia para facilitar que pueda prestarse el duelo en horario nocturno, ha quedado aprobada por mayoría simple. Los representantes de Esquerra Unida Podem y de Compromís han recriminado a Vox que plantease intervenir en el horario de una empresa privada. El PSOE ha considerado que sí podría promoverse una mediación por parte del ayuntamiento para que se facilite el duelo a las familias de la diversidad de culturas que residen en Alicante. Y la edil de Infraestructuras, Cristina García, ha coincidido en que la propuesta afecta a la regulación de una empresa privada y que no existe una numerosa demanda de ese servicio especial. Así, en el turno de votación, la iniciativa ha sumado los votos de Vox y PSOE, frente al rechazo de Compromís y Esquerra Unida Podem y la abstención del PP. 

Estudio sobre cruceristas

En el desarrollo de la sesión, se ha debatido con carácter previo sobre otros asuntos, a colación de los ruegos y preguntas formulados por los concejales de los grupos de la oposición. En concreto, la edil de Turismo, Ana Poquet, ha respondido a un ruego formulado por el portavoz de Compromís, Rafa Mas, por el que solicitaba la emisión de un informe de impacto social sobre la llegada de cruceristas a la ciudad, tras alertar del problema de generación de suciedad o de saturación de la movilidad, para señalar que no se hará un único informe, sino dos. Según ha explicado, uno de ellos se incluye entre los proyectos incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística municipal y, el segundo se canalizará a través de un acuerdo de colaboración con la Universidad de Alicante (UA). En todo caso, ha apuntado que la posición del equipo de gobierno se mantendrá en el respaldo al sector frente al "alarmismo" según ha indicado.

El edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha contestado al portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, sobre la publicación de los informes de seguimiento ambiental sobre el emisario de la depuradora de Rincón de León, para apuntar que no ha habido "ocultamiento", ya que, según ha explicado, se han publicado en cuanto se ha dispuesto de ellos. Además, ha apuntado que "las conclusiones que ustedes señalan son las mismas de los informes del año pasado, cuando se consiguieron cinco banderas azules, por lo que la situación de las aguas no será tan mala", ha señalado.

El edil de Deportes, Toni Gallego, también ha respondido a otra pregunta formulada por el edil socialista Eduardo Rodríguez, en la que ha cuestionado sobre las supuestas deficiencias en las que se encontraba el pabellón Pitiu Rochel en el momento en el que se procedió a su reapertura tras la conclusión de sus obras de remodelación, con la presencia de butacas de plástico y problemas de accesibilidad, según ha señalado. Al respecto, Gallego ha señalado que los trabajos quedaron recepcionados con el visto bueno de los técnicos municipales y ha señalado que, desde entonces, se han desarrollado distintos eventos deportivos sin incidencias.

El edil de Seguridad, Julio Calero, ha contestado igualmente a una pregunta formulada por el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, sobre las medidas que se pretende implementar para mejorar la seguridad en el exterior de las instalaciones de la Policía Local en el barrio de Benisaudet tras otro episodios de pintadas en los vehículos. Calero ha asegurado que las medidas de seguridad no se deben hacer públicas y ha añadido que ya se había identificado al autor de esas pintadas.

La edil de Juventud, Nayma Beldjilali, ha respondido a otra pregunta formulada por la edil de Compromís, Sara Llobell, respecto a las medidas que se pretende poner en marcha para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda para señalar que el Ayuntamiento ya se ha adherido al Plan Vive puesto en marcha por la Generalitat tras la aprobación del convenio marco de colaboración para regular la cesión de solares en los que se pueda construir vivienda pública. Según ha sostenido, ese plan permitirá revertir lo que ha considerado falta de gestión al respecto por parte del anterior Consell del Botànic.

El concejal de Transporte, Carlos de Juan, ha asegurado, en respuesta a otra pregunta formulada por el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, sobre la instalación de baños para los conductores del servicio de transporte público en autobús, que ya se había concluido el primer expediente para la instalación de esos dispositivos en la ciudad y que también se está tramitando el necesario para la instalación de los baños en el servicio interurbano. Así, ha apuntado que se procederá a su instalación en breve.

Nuevo refuerzo de técnicos en Acción Social

El edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, también ha reconocido el retraso en la convocatoria del consejo de sostenibilidad, ante otra pregunta formulada por Copé, y ha apuntado que se aceleraría su celebración. Por su parte, la edil de Bienestar Social, Begoña León, ha contestado a otra de las preguntas registradas por Copé respecto a la continuidad del contrato programa que permite la cobertura de plazas de técnicos para el área de Servicios Sociales. En esta línea, León ha asegurado que la Generalitat ya ha confirmado un nuevo contrato programa para el periodo 2025-2028 y que el ayuntamiento ya está trabajando en una reorganización del área para mejorar su funcionamiento.

Al tiempo, la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, ha respondido a una cuestión formulada por el PSOE en el pleno de marzo respecto a las licencias pendientes de concesión para señalar que existen 140 expedientes relacionados con obras mayores por cerrar, y respecto a las primeras ocupaciones, 120. En todo caso, ha señalado que se trata de datos inferiores respecto a los que existían bajo el mandato del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) y ha añadido que ya se están adoptando distintas medidas para mejorar los tiempos de tramitación, después de que, en el pasado mandato, se aprobase la ordenanza que regula la participación de las entidades colaboradoras de la administración.

La edil de Plaza de Toros, Mari Carmen de España, también ha respondido a otra pregunta formulada durante el pleno de marzo respecto a las visitas realizadas al Museo Taurino para concretar que en 2019 fueron más de 18.763, en los dos años posteriores 5.063 y 3.608 (años covid), en 2022 más de 10.191 y en 2023, 16.951. Además, ha añadido que de enero a marzo de este año ya se han registrado 9.389 visitantes.