La pancarta de cabecera de la manifestación contra la masificación del turismo organizada en Alicante en julio. ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante aspira a tener todo el control en la regulación, inspección y capacidad sancionadora respecto a los apartamentos turísticos. De hecho, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha cumplimentado ya los primeros trámites para solicitar la cesión de esas competencias específicas, anticipando su intención de adherirse a esa opción junto a una consulta sobre los requisitos que resultan necesarios para asumirlas, como queda amparado en el Decreto Ley 9/2024 aprobado por el Consell en julio, ahora pendiente de ratificación en les Corts, aunque su entrada en vigor se produjo el mismo día de publicación en el DOGV, el pasado 7 de agosto.
La solicitud cursada a través de la Concejalía de Urbanismo pasa por ser una de las primeras registradas ante la Conselleria de Innovación, Industria y Comercio y Turismo, en la que ya se habría registrado peticiones de información y consultas por parte de otros municipios de la Comunitat, según fuentes consultadas. Y respondería al interés del gabinete que coordina Luis Barcala por manejar el timón de una actividad económica en auge para poder actuar de manera inmediata y directa en el ámbito municipal, sin tener que depender de la intervención de otras instancias superiores.
Con la delegación de competencias, el Ayuntamiento de Alicante no solo tendrá la capacidad de ordenar y decidir desde el punto de vista urbanístico en qué zonas del casco urbano y en qué condiciones concretas (bloque completo o inmueble aislado) podrá autorizarse el funcionamiento de un apartamento turístico. Así se prevé en el artículo 64 bis del Decreto Ley, en el que se concreta que "los Ayuntamientos, por razón imperiosa de interés general, y mediante el ejercicio de sus competencias de planeamiento urbanístico, podrán establecer limitaciones proporcionadas, en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, área o zona. Dichas limitaciones deberán obedecer a criterios claros, inequívocos y objetivos, a los que se haya dado debida publicidad con anterioridad a su aplicación".
A esa potestad se sumará ahora la capacidad de reforzar la lucha contra la oferta ilegal al ejercer de forma directa la función de inspección. Es más, también podrá incoar, instruir y resolver expedientes sancionadores en caso de que se detecten posibles infracciones leves, graves o muy graves, como informó este diario.
Así se recoge al modificar el artículo 98 de la Ley 15/2018 de Turismo, Ocio y Hospitalidad para señalar que: "De conformidad con lo preceptuado en la legislación reguladora del régimen local, la competencia para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico ubicadas en su ámbito territorial, así como, si procede, para la revisión en vía administrativa de los actos derivados de dichos procedimientos sancionadores, podrá ser objeto de delegación a los ayuntamientos que así lo soliciten y cumplan los requisitos generales exigibles en la citada legislación para obtener la delegación".
Con ese doble poder (ordenación y vigilancia) ejercido de forma eficaz, el Ayuntamiento contaría con los instrumentos necesarios para evitar una proliferación excesiva de unidades de alojamiento turístico en determinadas zonas o barrios que pudiesen considerarse saturadas o tensionadas, lo que debería contribuir a atajar cualquier posible problema de masificación como los que han generado contestación social en otros destinos turísticos en los últimos meses. Y, además, se conseguiría combatir la actividad ilegal, no registrada, que genera economía sumergida y que perjudica a los negocios reglados que sí cumplen con todos los requisitos normativos de funcionamiento.
Está por ver en qué momento podría resolverse la petición cursada, aunque, en principio, la respuesta por parte del departamento autonómico que dirige Nuria Montes no debería demorarse más allá de unos meses. En todo caso, el equipo de gobierno municipal mantiene la hoja de ruta anunciada hasta ahora a partir de una doble dirección con el fin de disponer de un diagnóstico actualizado respecto a la situación del sector.
Así lo confirmó este martes la coportavoz del equipo de gobierno y edil de Turismo, Ana Poquet, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local. Poquet concretó al respecto que la Concejalía de Urbanismo estaba ultimando el informe sobre el número de licencias de apartamentos turísticos concedidas hasta ahora en la ciudad y su emplazamiento para tener una perspectiva detallada sobre la actividad.
Y, al tiempo, avanzó que el trabajo de diagnóstico y análisis de posibles medidas a adoptar encomendado a la cátedra de turismo Ciudad de Alicante, concertada con la Universidad de Alicante (UA), también tenía avanzado el encargo, con la previsión de que pudiese ponerse a disposición del Ayuntamiento en las próximas semanas. A priori, nada parece indicar que el equipo de gobierno vaya a promover un hipotético acuerdo de suspensión de licencias como el que ya se ha acordado en otros municipios. Con todo, el mismo alcalde, Luis Barcala, sí ha anticipado que se atenderá a las recomendaciones facilitadas por el informe encomendado a la cátedra, sin descartar ninguna posibilidad.
