Los ediles de Medio Ambiente y Urbanismo, Víctor Domínguez y Miguel Ángel Pavón, durante la presentación del nuevo catálogo de protecciones. Foto: AP
El tripartito incorpora una memoria económica con solares de propiedad pública municipal que podrían enajenarse para pagar posibles compensaciones que pudiesen reclamar los afectados por el catálogo de elementos a preservar
El vicealcalde y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), explicó este martes que, en realidad, "según indican tanto los técnicos del departamento como los servicios jurídicos, no existe ninguna obligación legal de incorporar esa memoria económica" pero se ha preferido tenerla en cuenta a la vista del contenido de algunas de las alegaciones que se han formulado durante las diferentes fases de exposición al público llevadas a cabo hasta ahora. Entre ellas, las presentadas por constructoras a título particular o por colectivos profesionales como Provía o Cepyme. Según Pavón, en algunas de esas objeciones se advertía con la posibilidad de interponer reclamaciones patrimoniales o de acudir a la vía contenciosa para que fuese un juez el que, en su caso, las conceda.
En esta línea, la memoria económica añadida ahora reseña la existencia de una cartera de suelo público por valor de más de 16 millones de euros generada fundamentalmente a partir de los aprovechamientos que corresponden al Ayuntamiento en las reparcelaciones de los planes parciales. Parte de ese suelo se encontraría, por ejemplo, en el PAU 3 (entre Vistahermosa y la Albufereta) o en el APA 9 (Vistahermosa). La legislación establece que esas parcelas deben destinarse a la promoción de viviendas de protección oficial (VPO) o, en su defecto, a otros fines de interés social como la protección del patrimonio. ¿De qué modo? El Ayuntamiento podría subastarlas para pagar compensaciones con el rédito obtenido de esa venta.
¿En qué supuestos cabría esa opción de compensar? Tanto Pavón como el arquitecto municipal, Manuel Beltrán, explicaron, en primer lugar, que el catálogo de protección no supone ningún cambio de calificación sobre suelos. El documento se limita a determinar elementos y espacios que requieren una conservación específica y que, por tanto, serían susceptibles de protección cuando se redacte y apruebe el Plan General, que sí califica. Ambos insistieron en que la puntualización es importante porque muchas de las alegaciones presentadas incurren en esa confusión: en esta fase no hay cambio de calificación, el suelo que es edificable, lo sigue siendo al menos por ahora.
Y, en segundo término, expusieron que sólo cabría una posible compensación en el caso de que alguien pidiese licencia para emprender una actuación concreta. No existe un derecho preexistente, insistieron, sino cuando se trata de llevar a la práctica una intervención que el catálogo no contempla. En esa línea, por ejemplo, indicaron que el ejemplo más claro sería el de un promotor que haya adquirido un edificio catalogado y pretenda llevar a cabo un proyecto que gane alturas porque el Plan General en vigor lo permita para esa zona en concreto. En ese caso, el Ayuntamiento sí podría tasar la compensación que podría corresponderle por esas plantas de más que no se va a permitir edificar y restituirle ese derecho. Sin embargo, una comunidad de propietarios no podría reivindicar ninguna compensación por el hecho de que su edificio haya sido incluido en el catálogo y se impida un aumento de volumetría (pisos) si no tiene intención de acometer esa obra.
En esta línea, añadieron, que los técnicos municipales han revisitado los edificios incluidos en la primera versión del catálogo y han definido 80 casos en los que sería compatible la construcción de un ático retranqueado, no visible y sin afección a la fachada, en respuesta a las múltiples alegaciones formuladas en ese sentido.
Los plazos, muy ajustados
En cuanto a la lista de elementos que quedan incorporados en esta nueva versión, Pavón precisó que se trata de 652 edificios o elementos patrimoniales con valor cultural, 142 espacios naturales y 61 elementos paisajísticos. En el último proceso de exposición al público, el conjunto del catálogo (con sus tres ejes cultural, natural y paisajística) se han registrado 165 alegaciones. El documento volverá a someterse a la presentación de objeciones por otros 20 días y, tras su resolución, se elevará a la Conselleria de Medio Ambiente para que dé su visto bueno. Sobre todo lo que corresponde a la parte de los recursos naturales y paisajísticos. Tendría un plazo de tres meses para aprobarlo o exigir rectificaciones. Después, debería elevarse a pleno para su aprobación. Tanto Pavón, como el edil de Medio Ambiente, Víctor Domínguez, como el arquitecto municipal admitieron que los plazos están muy ajustados, ya que la suspensión de licencias que aprobó el anterior equipo de gobierno del PP decae en los primeros 10 días de junio. Si el documento no está aprobado definitivamente antes de esa fecha, los elementos catalogados perderán su protección.
Es lo que ha pasado, por ejemplo, con seis inmuebles situados en Alfonso El Sabio, Calderón de la Barca o Teniente Álvarez Durán que no fueron incluidos por el PP en la primera versión del catálogo y que no han podido ser incluidos ahora puesto que ya se estaba tramitando licencias de construcción.
La reserva de suelo catalogado en el entorno de Rabasa con el perímetro de amortiguación. El suelo catalogado en Rabasa en la última versión, ya sin la zona de amortiguación.
Sobre las principales novedades del nuevo documento, Pavón citó la incorporación de un nuevo ámbito de protección cultural para la zona de la Huerta y La Condomina (hasta ahora integrado como recurso natural) cuya ordenación se ha emplazado a la tramitación de un Plan Especial que ponga en valor la red de riego y caminos históricos, además de las Torres de la Huerta, a la hora de "definir qué aprovechamientos son compatibles".
En cuanto a los parajes naturales, se han redimensionado los límites de 25 áreas. Entre ellas, la modificación quizá más trascendente es la que afecta a las Lagunas de Rabasa, en la que se ha suprimido la gran zona de amortiguación que se había previsto al margen del millón de metros que ya configuran las cinco lagunas propiamente dichas. Esa zona de amortiguación, con una bolsa de suelo de cerca de otro millón de metros, se ha considerado injustificada, ya que se trata de una zona sin un valor natural específico y, además, sigue siendo un suelo calificado como rústico no urbanizable, por lo que no cabía incluirlo como elemento a proteger.
En principio, su protección ya no suponía ningún impedimento para la llegada de la tienda de Ikea, ya que la multinacional, el Ayuntamiento y la Generalitat ya habrían desistido del primer esbozo de proyecto en el que se incluía una reserva de suelo para un tercer hospital y ocho campos de fútbol (sí afectados), además de la tienda de Ikea, de otra zona para medianas superficies y otra parcela de uso empresarial no industrial. Su descatalogación tampoco cambia nada porque, según Pavón, no hay constancia de ningún nuevo proyecto ni de cuáles son las intenciones del gigante del mueble.
En esa zona de Rabasa, la delimitación del suelo a preservar "se aproxima mucho a lo que preveían los avances del PGOU de Cantallops, a la propuesta posterior de la que el PP acabó desistiendo y a planes como el Plan Rabasa o la ATE de Alicante Avanza", por ejemplo. Otra de las novedades es la inclusión del Barranco de las Ovejas como recurso natural y se han incorporado nuevas fichas sobre elementos arbóreos como los ejemplares que rodean al Palacio Provincial o los situados en el Marq.
Pavón añadió, por último, que el catálogo pasará por los consejos municipales (el de sostenibilidad, el social y el de cultura) para completar su tramitación y lograr un mayor grado de participación.
Los ediles de Medio Ambiente y Urbanismo, Víctor Domínguez y Miguel Ángel Pavón, durante la presentación del nuevo catálogo de protecciones. Foto: AP
