El inicio de los trabajos de reforma de la Plaza de San Blas, en imagen de archivo.ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante actúa frente al retraso en la ejecución de las obras de remodelación de las obras de la plaza de San Blas, después de cerca de dos meses de paralización. Tanto es así que el expediente de penalidades iniciado tras la constatación de esa demora se transformará en un expediente de rescisión del contracto con la empresa adjudicataria, Ecisa, después de que los técnicos a cargo de la supervisión de los trabajos hayan considerado que la compañía habría incurrido en un incumplimiento contractual que motivaría esa decisión.
Así lo ha anunciado este jueves el edil de Infraestructuras, José Ramón González, en el transcurso del pleno ordinario de diciembre, en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, sobre el retraso en la ejecución de las obras "de uno de los espacios centrales del barrio que sirve como punto de convivencia esencial para sus vecinos". En esta línea, González ha detallado que, en cuanto se tuvo conocimiento de la demora registrada en el desarrollo de las obras, el pasado octubre, se estableció contacto con la empresa adjudicataria sin que se informase sobre la existencia de causa justificada que motivase su paralización.
De este modo, ha sostenido que el equipo de gobierno sí ha actuado frente al problema y ha sostenido que "nos encontramos en la misma situación que se ha encontrado la Conselleria de Vivienda" respecto a las obras de regeneración de inmuebles del barrio de Miguel Hernández, también adjudicadas a Ecisa. En ese caso, como ha informado este diario, el departamento autonómico ha optado por instar la rescisión del contrato y ya ha recabado el informe favorable del Consell Jurídic Consultiu (CJC), en el que se avala ese acuerdo.
Así lo ha reiterado González al contestar a otra pregunta formulada por el edil de Compromís, Rafa Mas, sobre el mismo asunto, en una intervención en la que el edil de la coalición valencianista ha criticado la existencia de retrasos y la aprobación de modificados con incrementos de costes en varias de las obras promovidas por el departamento de Infraestructuras, como en el caso del proyecto de peatonalización de la avenida de la Constitución.
Esa argumentación ha llevado al alcalde, Luis Barcala, a advertir a Mas que "son muchos los ayuntamientos que se están viendo afectados en el desarrollo de las obras como consecuencia de los problemas que atraviesen muchas constructoras por el incremento de precios de los materiales". Así, se ha referido a que se trata de una situación que también afecta al Ayuntamiento de València, entre otros.
