Operarios de Geamur, en labores de poda en la avenida de la Rambla de Alicante, en imagen de archivo. ALICANTE. El litigio por la contrata de mantenimiento y conservación de zonas verdes de Alicante seguirá dirimiéndose ante la justicia. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), recurrirá el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) el pasado 1 de octubre por el que se determina que el ayuntamiento deberá indemnizar a la empresa Geamur (la concesionaria hasta el año 2020) con cerca de un millón ( 994.374,73 euros más los intereses) como medida de compensación después de que su oferta quedase excluida de forma indebida en el concurso convocado en 2019 para renovar la prestación.
Los populares no comparten el criterio aplicado por el alto tribunal para fijar la cuantía de esa indemnización (la fórmula acordada como vía alternativa a la ejecución de la sentencia que reconocía a Geamur el derecho a ser readmitida en el procedimiento de contratación) al considerar que excede de los cálculos estimados por los técnicos municipales. De ahí que el edil de Contratación y Medio Ambiente, Manuel Villar, haya anticipado este martes que el ayuntamiento presentaría recurso de reposición frente a ese auto.
Es más, el también vicealcalde ha señalado que el equipo de gobierno está decidido a acudir hasta el Tribunal Supremo (TS) con un recurso posterior, en el supuesto de que el TSJ acabe confirmando la cuantía de la compensación propuesta. "No estamos de acuerdo y llegaremos hasta donde haya que llegar porque creemos que tenemos argumentos suficientes para oponernos", ha señalado este martes en la comparecencia pública semanal en la que se da cuenta de las decisiones adoptadas en la reunión semanal de la Junta de Gobierno, al margen de los pasos que puedan dar el resto de partes personadas en el procedimiento. Es decir, la propia Geamur (que tendría a su alcance la posibilidad de solicitar una revisión al alza de esa indemnización) y la actual concesionaria del servicio, STV Gestión.
Lo cierto es que la suma planteada por el Ayuntamiento a la hora de cuantificar el importe de esa compensación difiere sustancialmente de la acordada por el TSJ. En realidad, la valoración propuesta por los técnicos municipales se limitaba a los 33.548,82 euros apuntados por Geamur como beneficio industrial en la oferta con la que concurrió en el concurso, a los que se añadirían otros 1.397,55 euros por los gastos derivados de la preparación de su plica.
Geamur, por su parte, había valorado el importe de esa indemnización a partir de tres conceptos distintos: 1.446.617,92 euros en concepto de lucro cesante calculado en el 6% del presupuesto de ejecución; otro millón adicional como coste de compensación por "pérdida de oportunidad" y, finalmente, otros 48.606,87 euros por el pago de costas y salarios. Por último, STV Gestión se limitaba a emplazar al TSJ a desestimar la solicitud de compensación reivindicada por Geamur.
El TSJ no estima ninguna de esas tres posiciones y opta por baremar el importe de la indemnización sobre la base del 6% del presupuesto de licitación, tomando como base el importe de la oferta planteada por Geamur para los tres años iniciales del concurso, que ascendía a 16.572.912,22 euros.
Entre tanto, el grupo municipal del PSOE, a través del concejal Raúl Ruiz, ha responsabilizado al equipo de gobierno "de la factura que acabarán pagando todos los alicantinos y alicantinas tras el nuevo pronunciamiento del TSJCV con relación a la licitación del servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes".
"Es un despropósito y Barcala es el responsable. La licitación fue una auténtica chapuza y acabó adjudicando el contrario a quien no debía. Es una situación que se podría haber evitado si hubiera hecho caso al TSJCV la primera vez que se pronunció. Ahora todos los alicantinos y alicantinas pagarán de su bolsillo más de un millón de euros por esta irresponsabilidad", ha señalado el concejal.
Ruiz ha insistido en que se ha llegado a esta situación porque "el alcalde decidió mirar hacia otro lado, como hace con todo". "Una vez más es la ciudadanía la que acaba pagando su incompetencia", ha concluido, a través de un comunicado..
