Alicante nombra a su tribunal económico y tapa otro 'agujero legal' para el cobro de impuestos  

ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante tapona otra vía de agua abierta en su sistema de recaudación de impuestos al acordar la constitución de su Tribunal Económico Administrativo Municipal. Se trata de un órgano de carácter independiente que debe resolver sobre todas aquellas reclamaciones ciudadanas relacionadas con la gestión o liquidación de tributos municipales, exigido a través de Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) para las poblaciones de más de 250.000 habitantes desde el año 2004. Es decir, hace 14 años.

La inexistencia de ese tribunal ponía en riesgo el ingreso de los impuestos en los que se registrase algún tipo de reclamación de esa índole, después de que, al menos, una primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Alicante anulase el cobro del impuesto de la plusvalía a un particular que recurrió frente a su liquidación en 2017 (el pago que quedó anulado ascendía a 281.000 euros). Como contó Alicante Plaza, en ese fallo, se concluía que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente, ya que no se había podido dirimir el recurso de reposición que había presentado frente al cobro de ese tributo a través de un órgano independiente a la propia Administración, puesto que el Ayuntamiento no había designado a ese tribunal. 

El equipo de Gobierno, del Partido Popular (PP), asumió la sentencia sin llegar a plantear recurso y activó el proceso para poner en marcha el funcionamiento de ese tribunal. Así, acordó su reglamento e incluyó los fondos necesarios para su puesta en marcha en la primera modificación de crédito sobre el presupuesto de 2018. El último paso para culminar el proceso se acordó este viernes, en una Junta de Gobierno reunida con carácter urgente y extraordinario, en la que se acordó la propuesta de nombramiento de los miembros de dicho tribunal. 

Así, se recoge la designación de Luis Alfonso Martínez Giner como presidente, a Manuel Gonzálvez Albero como vocal y a Vanesa de Diego Bonmatí, como vocal secretaria. Como marca el reglamento del tribunal, el presidente y los vocales serán nombrados por un plazo de 5 años, renovables, a propuesta de la Junta de Gobierno Local, valorando especialmente su experiencia profesional en la materia. De acuerdo con el acuerdo aprobado en Junta de Gobierno, el Ayuntamiento designará uno o varios suplentes que podrán sustituir a los vocales en caso de vacante, ausencia, abstención o recusación.

¿Cómo fue el proceso de selección de sus componentes? Para su elección, el ayuntamiento remitió escritos al rector de la Universidad de Alicante (UA), al rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y a los presidentes de los Colegios Profesionales de Abogados y Economistas de Alicante para que elevasen propuestas de candidatos. Así, la UA propuso a Martínez y la UMH a Gonzálvez. En lo que respecta al nombramiento de vocal secretario, "la Concejalía de Hacienda considera a la licenciada en Derecho y actual Jefa de Departamento de Gestión y Estudios Tributarios, Vanesa de Diego Bonmatí, como la más adecuada para desempeñar este puesto", según informaron fuentes municipales a través de un comunicado. "Entre sus funciones, se le encomienda la resolución de la totalidad de los recursos de reposición en materia tributaria", se añade. 

Como también ha contado este diario, el Ayuntamiento de Alicante también se ha visto obligado a ajustar la ordenanza que rige el cobro del impuesto de plusvalías, y a adoptar el acuerdo de imposición tributaria que resulta preceptivo con carácter previo, a la vista de otra sentencia que ponía en riesgo su recaudación.