Los ediles de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Mario Ortolá y Pepe Bonet.ALICANTE. La propuesta normativa impulsada por Vox para tratar de rebajar el impuesto de circulación de Alicante queda definitivamente abocada a la nada. La iniciativa quedará rechazada este viernes en comisión informativa de Hacienda con los votos del equipo de gobierno (el bipartito compuesto por PP y Cs) y el previsible voto en contra de los tres grupos que conforman el eje progresista (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) después de que el informe técnico elaborado por el jefe del Servicio de Economía y Hacienda alertase de que la minoración propuesta conllevaría la pérdida de 6,8 millones en el cobro del impuesto y descartase la conveniencia de su aplicación.
El planteamiento formulado por Vox preveía modificar el cociente multiplicador para determinar la cuantía del impuesto hasta dejarlo en el mínimo legal. Así, se proponía eliminar el cociente medio del 1,6 existente en la actualidad, a partir de los distintos índices establecidos según la motorización de cada vehículo, de modo que se consiguiese reducir el importe del impuesto al suelo previsto para ese coeficiente al que se da amparo en la Ley de Haciendas Locales, según detallaron los representantes del partido de Santiago Abascal al dar a conocer la propuesta.
En base a esa propuesta, se proponía una nueva tarificación por importes que oscilaban entre los 12,62 y los 112 euros de cuota anual para los turismos, frente a la horquilla de los 22,28 hasta los 204,75 establecidos ahora en función de su potencia; o de 4,42 a 60,58 euros para los ciclomotores y motocicletas, en lugar de entre los 7,43 hasta 111,39 euros que rigen en la actualidad, a partir de su cilindrada.
La propuesta motivó la desestimación del bipartito, a través un acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno, en su reunión del pasado 11 de enero, en el que se valoraba "negativamente la oportunidad y procedencia" de la modificación solicitada en base al argumento de pérdida de ingresos esbozada en el informe técnico. Máxime, si se tiene en cuenta las implicaciones de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de noviembre de 2021 que anuló el método de cálculo del impuesto de la plusvalía. De acuerdo con los cálculos de la Concejalía de Hacienda, la aplicación del nuevo método de cálculo puede suponer la pérdida de 5,5 millones en la recaudación de ese impuesto, lo que desaconsejaría la aplicación de la rebaja fiscal planteada.
Sea como fuere, el acuerdo de Junta de Gobierno no puso fin al procedimiento sobre la propuesta normativa. De hecho, prosiguió su trámite con la apertura del plazo que resulta preceptivo para la presentación de enmiendas por parte del conjunto de los grupos políticos representados en el Ayuntamiento. No obstante, transcurrido ese periodo, ninguna formación ha decidido plantearlas con el fin de tratar de salvar su vigencia, mediante una posible corrección. Ni tan solo Vox, como grupo promotor, habría registrado aportaciones adicionales tras desistir de su iniciativa. Al menos, en este mandato. Otra cosa es que pueda volver a plantearse en el futuro, posiblemente a partir de 2023. Así, salvo contratiempo improbable, la iniciativa recabará un dictamen de rechazo en la comisión informativa, con lo que quedará descartada.
Ni el partido proponente, ni ninguna otra formación, han presentado enmiendas para corregir la propuesta y tratar de salvar su aplicación
Entre tanto, también sigue en trámite el proceso de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de la plusvalía tras la incorporación de los coeficientes aprobados por el Ejecutivo central como nuevo método de cálculo para su liquidación. En principio, esa modificación podría entrar en vigor entre los meses de marzo y abril. Mientras, el Ayuntamiento sigue asumiendo las consecuencias de la sentencia del TC sobre la anulación de las fórmulas de cálculo precedentes. Sin ir más lejos, el bipartito aprobó este martes en Junta de Gobierno la estimación de tres reclamaciones presentadas por particulares y empresas sobre el cobro del tributo, que conllevan la anulación de liquidaciones por importe de 406.297 euros en total.
Se trata de liquidaciones que estaban en trámite de rectificación antes de que se produjese el dictado de la sentencia del TC. En esta línea, el acuerdo adoptado en Junta Local establece que la propia sentencia señala que "no se resuelve la procedencia de devolución del tributo en todos los casos, sino que conforme a su fundamento de Derecho sexto únicamente tendrán derecho a ello las situaciones no consolidadas y que son todas aquellas peticiones de rectificación de autoliquidaciones presentadas y no resueltas antes de la fecha en que se dictó la sentencia, pero no así para las solicitudes presentadas desde el día en que se dictó la sentencia en adelante, en cuyo caso se considera situación consolidada sin derecho a rectificación y devolución de la autoliquidación".
