ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante prescinde de exigir la implantación de un sistema de control presencial de tipo informático para evaluar las horas de trabajo en la futura contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales.
El nuevo pliego de condiciones, aprobado por el bipartito (PP y Cs) en Junta de Gobierno el pasado 12 de agosto, mantiene la exigencia de un sistema de control presencial pero da libertad a las empresas licitadoras para que ofrezcan el mecanismo que consideren oportuno, siempre que se trate de medios admitidos legalmente y de que se permita su comprobación por parte del técnico municipal que ejerza como responsable del contrato.
Así se estipula en la nueva redacción de la cláusula 9.6 del pliego, en la que se modifica lo previsto en el mismo apartado del concurso que se licitó bajo el mandato en solitario del PSOE, como se aprecia en las imágenes adjuntas.
Cláusula del pliego de 2018.
Cláusula del pliego de 2020.A priori, el objetivo que se persigue en ambos pliegos es el mismo: que se pueda evaluar las horas de prestación por medios objetivos. En este caso, se trata de cerca de 9.000 horas menos, después de que se haya considerado que existen menos dependencias por limpiar, como consecuencia de la agrupación de servicios y concejalías en el edificio de la Casa de la Festa. No obstante, lo cierto es que el cambio se produce después de que se haya constatado que el sistema informático de control biométrico ofrecido por la última concesionaria (la UTE compuesta por Clece y Fissa) no se llegó a implantar en los dos años de duración de su contrato.
Varios de los técnicos municipales que han comparecido en la comisión de fiscalización de ese contrato explicaron que ese sistema no llegó a implantarse al no existir la conexión telefónica previa que resultaba necesaria en cada centro educativo. Además, se llegaron a expresar dudas legales de que el ayuntamiento estuviese capacitado para controlar las horas de trabajo de los empleados de una empresa. En esta línea, el jefe del Servicio de Infraestructuras, Javier Maestre, incidió en que la prioridad para el ayuntamiento era evaluar que los colegios y las dependencias municipales estuviesen limpios, y no controlar a los empleados de una empresa. Así, apuntó que la valoración de la limpieza dependía de las comprobaciones que ejerciesen los cuatro inspectores municipales a cargo de la supervisión del servicio. Esa es la misma cifra de inspectores que, según fuentes del bipartito, se prevé mantener ahora en el nuevo contrato, que se licita por cuatro años de duración y un presupuesto de 37,8 millones (cerca de 20 más que el contrato de 2018).
En todo caso, los grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento (PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox) han venido sosteniendo que la inexistencia de ese sistema informático de control biométrico (fichaje mediante huella eléctrónica) ha sido uno de los incumplimientos del contrato más evidentes que, a su juicio, se habría constatado a la hora de valorar la prestación del contrato y que, además, los medios alternativos facilitados por la empresa, como la entrega de estadillos semanales, no resultaba operativo para comprobar la presencia de trabajadores en las dependencias a limpiar como un elemento objetivo más de la evaluación del servicio.
Como ha informado este diario, los trabajos de esa comisión se dieron por cerrados este viernes con la aprobación del dictamen de conclusiones propuesto por los cuatro grupos opositores en los que se constataría que se habrían producido incumplimientos. Además, en ese dictamen se solicita que se valoren y se cuantifiquen para estudiar la posibilidad de detraer pagos pendientes a la UTE o de que esta pudiese compensar por ese servicio no prestado en el inicio de este curso escolar, puesto que todavía mantiene su desarrollo pese a que el contrato venció el pasado febrero.
