ALICANTE (EP/AP). El Ayuntamiento de Alicante modificará la ordenanza por la que se regula el cobro de asistencias de los servicios de emergencia para introducir una nueva exención en los casos en los que se actúe para intervenir en situaciones de urgencia en las que peligre la vida. Así lo ha confirmado este miércoles el alcalde, Luis Barcala, al asegurar que ya se había dado instrucciones para iniciar el expediente e introducir ese nuevo supuesto, al margen de los ya existentes en los que se exime a la población en situación de vulnerabilidad y a otras administraciones del pago de esa tasa, establecida con términos generales para cualquier tipo de rescate.
"He encargado que se prepare el expediente para que se contemple la exención expresa de aquellos supuestos en los que los bomberos intervienen con el objetivo de salvar vidas o la integridad física de las personas", ha asegurado, a colación de la denuncia formulada a través de las redes sociales, este lunes, por una joven que criticó que había recibido una carta de la Concejalía de Hacienda en la que se le reclamaban 211 euros por "rescate de persona", después de que intentara suicidarse y una persona de su entorno alertara a los servicios de emergencia.
"A pagar 211 euros que no tengo y aún tendrán la poca vergüenza de llamarlo prevención de suicidio. Seguid promocionando el 112, que a quienes sufrimos 'solo' nos cuesta el encierro, la medicalización, la violencia y a pagar", expresó la joven. Además, puso de manifiesto el "sufrimiento" de recibir esa carta tras su intento de suicidio, según recoge la agencia Europa Press. En concreto, según el documento difundido por la joven, se le exigía el pago de 211,43 euros, en base a la Ordenanza fiscal de las tasas por servicios del Parque de Bomberos. Dicha cuantía económica quedaba cuantificada en base a los costes de traslado de un cabo, ocho bomberos, dos autobombas y dos coches escalera, según se estipula en la ordenanza.
Varias horas después de publicar los tuits, la joven señaló que el consistorio había contactado con ella. "Se comprometen a cerrar el expediente y modificar la ordenanza municipal para que esto no vuelva a suceder. Dicen que ha sido un precedente. Espero que cumplan", recalcó.
Y esa es la línea de actuación que se habría iniciado ahora, según ha detallado el primer edil, en una comparecencia pública tras asistir a la Feria de Consumo organizada en la Plaza del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional del Consumidor. En concreto, el primer edil ha señalado que, este caso "ha puesto de manifiesto que la ordenanza y esa tasa en particular, que vienen del 2014, no contemplan ese tipo de situaciones en particular".
Además, también ha confirmado que se iba a revisar la liquidación girada a la joven, de oficio, para que no tenga que abonar esa tasa. "Con toda certeza, no será el único caso: en todos los casos en los que los bomberos tengan que intervenir en la salvaguarda de la integridad física o de la vida de las personas, es obvio que debería estar exento como los casos de vulnerabilidad, en los que las personas no pueden pagar esa tasa, o cuando se prestan servicios a otras administraciones, que son los dos únicos supuestos que contempla la ordenanza", ha concretado.
En esta línea, ha considerado que el procedimiento de revisión se tramitará de forma urgente y ha señalado que se aplicará con carácter retroactivo a todos los expedientes similares que estén en trámite de cobro. "A veces, las ordenanzas perviven durante muchos años y hasta que no surge una situación así, nadie se lo plantea, por eso ahora estamos actuando", ha señalado.
Al tiempo, ha incidido en que "el proceso está muy automatizado; en Hacienda reciben el parte del servicio y se gira automáticamente la liquidación de la tasa" sin que se conozcan los motivos de la intervención. Con todo, ha señalado que "vamos a actuar para que, desde el inicio de la actuación, quede claro que ese tipo de actuaciones no se tienen que pasar a liquidación". Respecto a la modificación concreta, ha señalado que se han iniciado conversaciones para conocer cómo se ha regulado en otras ciudades que ya tienen incorporada esa exención, como la de Barcelona. "En cualquier caso", ha añadido, en los casos en los que pueda existir situaciones ambiguas, "tenemos que ser lo más flexibles posibles y, ante la duda, siempre es mejor no cobrar la tasa". "La tasa debe obedecer solo para aquellos casos en los que quedan fuera de estos supuestos", ha recalcado. "La intención es que la modificación se lleve a cabo con la mayor urgencia posible, siempre que haya acuerdo político para hacerlo, que entiendo que estaremos todos de acuerdo", ha señalado.
Con carácter previo al anuncio del primer edil, el grupo municipal de Unides Podem EU había planteado una propuesta de modificación de la ordenanza fiscal en la misma dirección. Así, portavoces de la formación han expresado este miércoles su "solidaridad con la vecina de Alicante a la que desde la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento se le reclama el pago de la factura por la actuación de los bomberos, que posibilitó salvarle la vida tras un intento de suicidio".
"El trato inhumano al que se somete a las personas en situación de vulnerabilidad , haciéndoles alegar tras la interposición de la tasa para acreditar bajos ingresos, informes de salud mental, o cualquier otra circunstancia, revictimiza el usuario. Algo que podría evitarse con la modificación de la ordenanza fiscal que obligue, ante la detección de estas circunstancias por parte de los servicios de rescate, a la coordinación entre Hacienda y Acción Social, con tal de que sea esta última concejalía la que valore los casos antes de girar ningún recibo", añade el comunicado.
El portavoz de la confluencia y candidato de Podemos a la alcaldía, Xavier López, ha afirmado que "el ayuntamiento debe tener como principal objetivo cuidar de su gente, por lo que contemplar reformas y modificaciones de normas y protocolos, así como impulsar políticas desde el ámbito de lo social que incluya contemplar la importancia de la salud mental, es fundamental para que no se vuelva a repetir".
López ha señalado que "si la norma actual es ambigua o poco clara con las situaciones de vulnerabilidad y puede ser interpretada por un gobierno que se ha demostrado inhumano y nada empático como el de Barcala, lo que hay que hacer es primero cambiar la norma para que nunca más un gobierno vuelva a cometer un acto tan cruel como el que hemos conocido y después, cambiar el gobierno para poder desarrollar las políticas de protección de las personas que el Partido Popular ha estado bloqueando durante veinte años".
El portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, también ha coincidido en la necesidad de que se aborde una modificación de la ordenanza con el fin de evitar supuestos similares. Y, además, ha reivindicado mayores medios y un protocolo municipal para reforzar la atención sobre la salud mental.
