El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala, en imagen de archivo.ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante recoge el ofrecimiento y prepara su adhesión a la nueva línea de subvenciones habilitada por la Diputación a finales del mes de marzo para tratar de minimizar el impacto que la crisis inflacionista y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania están suponiendo para pymes y autónomos. En principio, el acuerdo de solicitud de incorporación a ese nuevo fondo debe quedar aprobado este martes en Junta de Gobierno, según fuentes consultadas.
Según lo previsto en las bases de ese programa, Alicante podrá disponer de más de 1,5 millones (1.564.403 euros) en función de su población (338.577 habitantes reconocidos de manera oficial) sin que el Ayuntamiento prevea suplementar esa cantidad con una aportación adicional de fondos propios. Se trata de una opción que no quedaría contemplada, al menos por ahora. En todo caso, a falta de que se concreten las bases específicas que puedan arbitrarse tras la aceptación de la adhesión, todo parece indicar que se mantendrán los requisitos generales del programa establecidos por la institución provincial y que se concederán ayudas de hasta un máximo de 8.000 euros por solicitante.
Esas aportaciones podrán dedicarse a sufragar gastos relacionados con el pago de la cuota de autónomos, con el alquiler o con los gastos de hipoteca relacionados con el local en el que se ubique un determinado negocio o con hasta el 50% del importe destinado al suministro energético, gas o carburantes relacionado con su funcionamiento, sea cual sea el ámbito o sector en el que desarrolle su actividad, en función de la decisión adoptada por el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs). Eso sí, esas ayudas deberán dirigirse a cubrir importes satisfechos en un periodo temporal concreto: entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.
Además, entre el resto de condiciones principales del programa, se establece que para poder optar a las ayudas, se deberá certificar que la actividad profesional se ejerce en un domicilio fiscal situado en Alicante y que el periodo para justificar el uso de las ayudas concedidas finalizará el 31 de enero de 2024. Por último, según fuentes consultadas, esta línea de ayudas es compatible con otras que se hayan podido conceder, siempre que no superen de manera aislada o en su conjunto el importe de la actividad subvencionada.
Al margen de ello, el bipartito también ha anticipado su intención de sumarse a la nueva convocatoria de bonos consumo habilitada por la Diputación el pasado febrero con una dotación adicional de 20 millones para el conjunto de municipios de la provincia. Alicante percibiría alrededor de 1,9 millones, aunque todavía no se ha formalizado la solicitud de adhesión ni se ha especificado las condiciones de esa nueva convocatoria, que se sumaría a la puesta en marcha durante el mes de noviembre y durante la campaña de Navidad, con nueve millones cada una de ellas.
