Alicante y Aguas ultiman una subida del recibo por el encarecimiento del caudal desalado de Acuamed

ALICANTE. El recibo del agua de la ciudad de Alicante también se verá salpicado por el incremento de precios de la energía. El Ayuntamiento de Alicante y la empresa mixta Aguas de Alicante (compuesta por el Ayuntamiento y por Hidraqua, del Grupo Agbar) ultiman un estudio de cálculos para abordar una previsible propuesta de incremento en las tarifas vigentes ante la necesidad de cubrir el encarecimiento del precio del caudal de agua desalada adquirido a la sociedad estatal Acuamed. Se trata de una de tres vías con las que se garantiza el abastecimiento de la población en la capital, además de la compra de recursos a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y de las aportaciones de los acuíferos de la cuenca del Vinalopó, cuyo coste de impulsión también se habría visto afectado por el aumento del precio de la luz.

A priori, se prevé que el incremento de la tarifa tenga una repercusión moderada en los recibos trimestrales que podría llegar a ser inferior a los cinco euros para ese periodo de tres meses en el caso de los clientes que realicen un consumo doméstico medio, según fuentes consultadas. No obstante, según las mismas fuentes, su aplicación se considera prácticamente imprescindible para que la empresas mixta no incurra en déficit al tener que asumir los nuevos costes de adquisición del agua desalada que ya se han disparado por lo que respecta al año 2022. 

De hecho, la compra de agua a Acuamed destinada a cubrir las necesidades de suministro de Alicante y del municipio de Sant Joan d'Alacant se había presupuestado en 3,9 millones para este ejercicio, cuando la tarifa real va a acabar superando los 8,3 millones. Además, para 2023 se estima que el precio seguirá siendo superior al alcanzado en los últimos años con la previsión de que pueda alcanzar los 7,5 millones.

A ese factor esencial que puede producir el desequilibrio económico de la empresa suministradora, se añaden al menos otras tres circunstancias añadidas que aconsejarían la subida tarifaria. El primero es el aumento del IPC, que impactará en las obras de mantenimiento y de renovación de infraestructuras (alcantarillado y redes de distribución) a ejecutar a corto y medio plazo. El segundo es la subida de importes de los consumos energéticos propios asumidos por la empresa por la prestación del servicio. 

Y el tercero y último sería la financiación deficitaria en la explotación de las estaciones depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia, además de las estaciones de bombeo - que Aguas de Alicante asume por delegación del Consell- que se generaría por la demora en el abono efectivo de las certificaciones tramitadas por la prestación del servicio. Se estima que ese déficit pueda superar los 464.000 euros durante 2023.

En ese contexto, el plan de acción que se estaría barajando con el fin de no generar deudas en los balances de la empresa suministradora pasaría por abordar un aumento de las tarifas con el que se repercutiese ese incremento de costes en el agua desalada. Ahora bien, esa sería la medida principal, aunque no la única. También se estarían sopesando otras medidas complementarias o alternativas, como la reducción del volumen desalada adquirido en la medida de lo posible; la negociación de un acuerdo con Acuamed por el que se aplazase la repercusión de los costes energéticos el importe fijo de sus caudales; aplicar una subvención para minorar el impacto de ese encarecimiento en los recibos, a través del llamado Fondo de Renovación o cubriéndolo con una aportación específica de nueva creación en los presupuestos municipales; o, incluso, la posibilidad de crear un nuevo fondo, asumido por Aguas de Alicante, por el que se diferiría el cobro de ese impacto a la ciudadanía.

Automatización de la tarifa y ordenanza

A todos esos posibles caminos compatibles, simultáneos o alternativos, se sumaría también la posibilidad de aplicar las fórmulas automáticas de actualización de las tarifas por la subida de costes de compra del agua que ya queda recogida en la propuesta de ordenanza reguladora de la prestación del servicio, que ya ha quedado aprobada de forma inicial en Junta de Gobierno, después de que Aguas de Alicante solicitase la actualización de las tarifas de explotación para 2022, y de que el departamento de Intervención conminase a abordarla después de haber promovido la redacción de dicha normativa, en función de lo previsto en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

En esa ordenanza, que ahora está en trámite de resolución de las enmiendas formuladas por los grupos políticos municipales, se prevé una fórmula polinómica para determinar cómo debe trasladarse el incremento de costes por la compra del agua a las tarifas de suministro con el fin de simplificar y objetivar esa revisión de precios cada vez que resulte preceptiva, sin que esa revisión automatizada deba quedar sujeta necesariamente a la tramitación ordinaria que conlleva su aprobación en el consejo de administración de Aguas de Alicante y en el pleno de la corporación, según se establece en el artículo 6 de dicha ordenanza. 

Por lo pronto, ese texto normativo ha suscitado el registro de enmiendas de modificación por parte de PSOE y Compromís. En primer término, el PSOE plantea corregir el apartado que atañe a las exenciones y bonificaciones para que se incorporen supuestos no considerados hasta ahora, como las familias monoparentales, jubilados o incapacitados permanentes y víctimas de violencia de género. Al tiempo, también plantea que se suprima la exención del pago de los recibos a las empresas que realicen consumos por asumir algún tipo de concesión o sean arrendatarios de algún inmueble de titularidad municipal. 

En segundo lugar, Compromís plantea que se suprima el mecanismo de la revisión automática de tarifas sin tramitación previa, con el fin de que se siga requiriendo la autorización del pleno. Y, además, plantea que se introduzca un sistema de bonificaciones progresivo en función del nivel de renta familiar (al margen del Fondo Social ya existente) y que también se introduzcan bonificaciones por ahorro en el consumo. Unides Podem EU, por su parte, prevé plantear que cualquier propuesta de revisión de tarifas introduzca criterios de progresividad en función de la renta familiar disponible.