Trabajadores del servicio, en la limpieza del patio de un colegio de Alicante.ALICANTE. Cambio de etapa en el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante después de más de dos años de prestación en precario, sin el sustento de un contrato en vigor. El equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) prevé aprobar este martes, en Junta Local, la adjudicación del nuevo contrato a la empresa STV Gestión al ser la suya la propuesta que logró la mejor puntuación en el concurso, tras imponerse a otros siete licitadores tanto en los criterios que dependen de juicios de valor, como en el factor precio.
La compañía (que también asume el servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes) se convertirá, así, en la nueva concesionaria por un importe de 39,7 millones (cuando la licitación partía con un presupuesto de 45,4 millones) por el conjunto de los próximos cuatro años, aunque se contempla una posible prórroga de un año más.
Entre las mejoras propuestas, STV Gestión incluyó el compromiso de asumir la contratación de otros 11 trabajadores adicionales (lo que conlleva un aumento del 3,5% en las horas de servicio), además de la creación de coordinadores de área tras poner en marcha un proceso de promoción interna entre los trabajadores subrogados a cargo del servicio, como informó este diario después de que la Mesa de Contratación elevase la propuesta de clasificación de las ofertas registradas por el conjunto de los licitadores.
Entre ellos, además de Sacyr, OHL Ingesán, Óptima, Eulen, SAMYLF y Sistemas Integrales de Limpieza Net, también figuró la UTE compuesta por Clece y Fissa. Es decir, la última concesionaria a cargo del servicio, que sigue asumiéndolo en la actualidad con el contrato vencido desde febrero de 2020, percibiendo el importe de sus certificaciones mensuales a través de la fórmula del reconocimiento extrajudicial de crédito (el mecanismo previsto para pagos no presupuestados o sin contratos en vigor).
La nueva adjudicación se produce, además, en un contexto en el que se han intensificado las quejas sobre una supuesta dejación en la prestación a cargo de la propia UTE. Así lo denunciaron, en primer término, los representantes de los trabajadores, a través del comité de empresa, el pasado 16 de marzo, mediante un comunicado en el que se hacía constar que "desde la preadjudicación de la contrata de dependencias y colegios municipales", el pasado 16 de febrero 2022, "la actual concesionaria, UTE Limpal (Clece y Fissa), ha reducido el servicio prestado tanto en colegios como en dependencias municipales".
El comunicado apuntaba entonces que no se cubrían "los servicios de barrido en su totalidad, no se cubren la limpieza de cristales en su totalidad y no se cubre el servicio de baldeo en su totalidad" y que tampoco se estaban realizando sustituciones de empleados en situación de baja por enfermedad tanto en el apartado de colegios como en el de dependencias".
En esta línea, el comité de empresa exponía que UTE Limpal estaba cubriendo "los puestos de trabajo de limpieza con conductores y peones, precarizando si cabe todavía más el servicio que ya es bastante deficiente en los últimos años en cuanto a horas de servicio prestadas tanto en colegios como en dependencias, maquinaria y medios de trabajo, con el consiguiente ahorro para la empresa en detrimento del servicio". Así, señalaron que existía "una sobrecarga de trabajo que se está sosteniendo con horas complementarias respecto a bajas, permisos, horas sindicales, es una situación pésima ya que por ejemplo una jornada de ocho horas se cubre con seis lo cual cada vez la limpieza es más precaria e insuficiente".
Pero, además, las quejas sobre esa presunta falta de servicio también se han reproducido por parte de los directores de los centros escolares. En concreto, sus representantes presentaron por registro una primera queja dirigida a la Concejalía de Infraestructuras (de la que depende la prestación) el pasado diciembre en la que alertaban de un recorte en los medios facilitados para efectuar tareas de limpieza que, en esencia, se sustanciaba en la disminución de las toallitas de papel proporcionadas en aplicación de los protocolos de desinfección frente a la covid. Esa queja se reprodujo a finales del mes de marzo en base a la misma motivación: la disminución de elementos higienizantes. En esa ocasión, cuando menos, obtuvieron el compromiso de que se trataría de buscar una solución.
Sea como fuere, la reiteración de esas quejas llevó al PSOE, este lunes, a denunciar lo que consideró una "evidente falta de control en la ejecución del contrato por parte del equipo de gobierno", según apuntó la edil Llanos Cano. "Después del desarrollo de una comisión en la que se concluyó la existencia de incumplimientos en la prestación, seguimos asistiendo a la presentación de quejas en un momento en el que ya no sabemos si se puede aplicar penalizaciones, puesto que el contrato está vencido desde hace dos años", incidió. En todo caso, señaló que, "a la vista del desastre en el que se ha convertido la supervisión de este contrato, como mínimo cabe exigir la asunción de responsabilidades políticas y preguntarle al responsable de Infraestructuras, José Ramón González, si tiene intención de presentar su dimisión", concluyó.
