Adiós a los dos campus privados del área metropolitana de Alicante

ALICANTE. La provincia de Alicante no aportará ni la novena ni décima universidad al cómputo autonómico. Los dos proyectos de iniciativa privada anunciados en el último tercio del pasado mandato para crear sendos campus en los términos municipales de El Campello y Sant Joan han acabado naufragando. Y ya sólo un improbable milagro sería capaz de sacarlos a flote. Se trata de la propuesta anunciada por la Fundación San Antonio de Murcia para crear la Universidad Católica de Alicante (UCA) en Sant Joan y de la iniciativa impulsada por un grupo de empresarios y profesionales liberales de la provincia para impartir formación íntegramente en inglés en la Mare Nostrum University de El Campello. 

Lo cierto es que los dos proyectos han acabado decayendo por motivos distintos. El primero en hacerlo fue el promovido por los propietarios de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) en Sant Joan, en el edificio de una antigua residencia para la tercera edad que pertenecía a la Conselleria de Bienestar. Bastó que el 24 de mayo de 2015 se precipitase el cambio político en Palau de la Generalitat (del PP al Consell del Botànic) y en el Ayuntamiento (del PP a un cuatripartito compuesto por PSPV, Compromís, EU y Decido) para que se registrase la renuncia. Todo pese a que a la Fundación San Antonio había llegado incluso a protagonizar un acto de colocación de la primera piedra de las obras de sus instalaciones después de concertar una operación a tres bandas. 

Ese acuerdo implicaba que el Ayuntamiento de Sant Joan debía comprar a la Generalitat el inmueble de la antigua residencia por un importe de 4 millones para cederlo, después, a la Fundación San Antonio. A cambio, ésta se encargaba de rehabilitarlo y, además, debía compensar al municipio con 4,5 millones para poder ejecutar obras en instalaciones educativas pendientes (las reformas y ampliaciones del colegio Lo Romero y del instituto Luis García Berlanga, que el actual cuatripartito de Sant Joan ha arrancado ya al nuevo Consell). 

Sant Joan entregó un aval de 1,1 millones por el edificio que iba a albergar el campus y hoy todavía trata de recuperarlo tras el fracaso del proyecto

El Ayuntamiento dio el primer paso y cerró la compra del inmueble tras hacer entrega de un aval de 1,1 millones a la Generalitat. Pero no hubo segundo paso. La titularidad del edificio no llegó a transferirse ni tampoco se hizo efectiva su cesión a la Fundación. Entre otras circunstancias, porque una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) dificultó el reconocimiento automático de la UCA como universidad por el simple hecho de contar con el aval de la Conferencia Episcopal, como venía sucediendo, y exigía la tramitación de una ley de creación. Sus promotores intentaron iniciar ese proceso, pero acabaron optando por replantear el proyecto para comenzar a funcionar como centro adscrito a la UCAM de Murcia con el propósito de acelerar los plazos. Sin embargo, las elecciones dieron al traste con el plan. La Fundación plegó velas y en Sant Joan no se volvió a saber de ella. 

¿Cuál fue la consecuencia? El Ayuntamiento se quedó sin la fianza. El cuatripartito que lidera Jaime Albero (PSPV) trata de recuperarla desde junio de 2015 en una dura negociación con la Conselleria de Hacienda. Albero asegura que todavía no se explica cómo el PP, con Manuel Aracil al frente, accedió a aportar una garantía por el 25% del valor de tasación del inmueble cuando debió regir el principio de buena fe entre administraciones que exonera de esa garantía y cuando a las empresas se les exige sólo una caución del 5%. Ahora, trata de lograr una doble victoria: la devolución del 20% de ese aval y la cesión gratuita de la antigua residencia para poder ampliar las instalaciones del polideportivo municipal.

El caso de la Mare Nostrum University de El Campello es sólo hasta cierto punto paralelo. Sus impulsores, la sociedad Avance de Estudios Superiores, presentaron el proyecto después de que lo hiciese la Fundación San Antonio y, además, partían de cero: debían construir todo el campus sin edificios preexistentes, en una parcela de suelo rústico del sector de La Totxa, muy próxima a las cocheras del tranvía, en El Campello. Con todo, le ganaron la partida a la UCA en el proceso de tramitación. De hecho, las Cortes llegaron a aprobar su anteproyecto de Ley de Creación, de modo que todo parecía apuntar a que iba a ser la primera en dar el golpe. La sociedad promotora aseguraba tener abiertas varias vías para captar la parte de la financiación necesaria de la que aún no disponía. Y, además, decía disponer de un acuerdo cerrado con la propietaria del suelo, el Grupo Fuertes (dueña de El Pozo), para obtener la cesión del suelo para el campus de manera gratuita. Pero llegaron las elecciones y el vuelco político también les hizo levantar el pie del acelerador.

La Mare Nostrum iba ligada a un proyecto inmobiliario con más de 2.000 viviendas que el nuevo equipo de Gobierno pretendía reajustar

Los partidos que configuraron el Consell del Botànic habían anunciado en campaña que no se opondrían a proyectos de universidades privadas, pero que su prioridad era respaldar a las públicas ya existentes. Y las formaciones que constituyeron el nuevo equipo de Gobierno de El Campello que reemplazó al PP -de partida, un cuatripartito compuesto por Compromís, Demòcrates, Partido de El Campello y EU- también habían anunciado que revisarían el proyecto para que el campus no se convirtiese en coartada de un PAI de más de 2.000 viviendas. A su juicio, ese era el quid de la cuestión: el campus quedaba vinculado a un proyecto inmobiliario con unas dimensiones que no se ajustaban a las necesidades actuales del mercado.

Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo les hizo todo el trabajo en febrero de este año. El alto tribunal tumbó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2011 en el que se amparaba el desarrollo de ese sector tras calificarlo como urbanizable, después de estimar el recurso de los propietarios de un conocido restaurante situado en primera línea marítima contra la desclasificación de parte de su parcela. Esa sentencia fue determinante para que la Dirección General de Universidad paralizase cualquier evaluación del proyecto, según confirmaron a Alicante Plaza portavoces de la Conselleria de Educación. Y el Tribunal Constitucional acaba de dar carpetazo definitivo al desarrollo de ese sector, al desestimar el recurso presentado por el Ayuntamiento de El Campello para no tener que regirse con un PGOU aprobado hace casi 30 años (el único que ahora es válido). Así que, el de la Mare Nostrum, también es hoy un proyecto de campus enterrado.