VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana sigue acumulando sentencias a favor en su lucha porque las plataformas de viviendas obliguen a incluir el número de registro en los anuncios que recogen. Ahora, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de València ha desestimado el recurso interpuesto por Airbnb contra la sanción interpuesta por Turisme Comunitat Valenciana.
La tecnológica americana solicitaba la nulidad de la resolución sancionadora de 30.000 euros por publicitar y comercializar por internet alojamientos turísticos sin hacer constar el correspondiente número de registro que demuestra que se trata de una vivienda regulada para tal fin. Sin embargo, el juzgado ha dado una vez más la razón a la entidad dependiente de la Generalitat Valenciana, como parecía lógica.
Y es que la propia Generalitat Valenciana es la que está creando jurisprudencia al respecto. Es la cuarta vez que Turisme Comunitat Valenciana gana un recurso de estas características en los tribunales. En concreto, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia ya se pronunció el pasado 23 de noviembre de 2017 a favor de la Generalitat desestimando el recurso presentado por la empresa Homeaway, sentencia que se repitió hace ahora un año ante el recurso interpuesto por Rentalia, y el mes pasado por la plataforma Windu.
“Es la cuarta vez que los tribunales se pronuncian a favor de nuestra capacidad sancionadora ante aquellos que no cumplen la ley, y en este caso ha sido frente a un gigante global como es Airbnb”, señala el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, quien se ha mostrado satisfecho porque "reafirma el propósito en la lucha contra la competencia desleal y la oferta no reglada en el sector turístico”.
“Las grandes plataformas de alquiler de viviendas turísticas globales que operan por Internet deben acatar sus responsabilidades ante las graves consecuencias de una economía sumergida que perjudica al sector”, ha insistido. En los últimos cuatro años se han regristrado cerca de 50.000 nuevas viviendas y apunta que “es una cuestión de disciplina pero también de pedagogía, de entender que el consumidor debe escoger un alojamiento reglado, que es el que garantiza derechos”.
“Continuaremos abriendo expedientes a todas aquellas plataformas que no subsanen en sus practices irregulares y sigan comercializando viviendas sin registro”, recalca.
