VALÈNCIA. (EFE)El director ejecutivo para Europa de Centene, propietaria de Ribera Salud, Alberto de Rosa, asegura que la reversión del Hospital de Torrevieja "ya no tiene soporte legal" y ha pedido sentarse con el president de la Generalitat, Ximo Puig, para que ese proceso se haga "de acuerdo a la ley".
Tras recordar que el contrato de concesión incluye una prórroga de cinco años a partir del 15 de octubre, Alberto de Rosa señala que antes de hacer efectiva la reversión debería contemplarse la posibilidad de ampliar el plazo para "hacer bien las cosas" por ambas partes.
"Las improvisaciones que hemos visto con Torrevieja vienen del fracaso que ha ocurrido en Alzira", afirma Alberto de Rosa en una entrevista con la Agencia EFE en la que valora la sentencia del Tribunal Supremo sobre la reversión de La Ribera.
A su juicio, con este fallo termina "el populismo económico de tomar decisiones solo teniendo en cuenta la postura ideológica y sin un expediente que justifique que eso va a tener consecuencias en el uso de los fondos públicos".
"Es una sentencia que crea jurisprudencia", afirma de la Rosa, que añade que a partir de ahora la llamarán "Doctrina Ribera Salud" porque, añade, "va a ser algo que se va a estudiar y aplicar en los próximos años" en distintos sectores, no solo en el sanitario, ya que afecta al modelo concesional español.
Según señala, el fallo marca el procedimiento que se debe cumplir para internalizar cualquier servicio gestionado por una empresa privada y que la administración quiere asumir, no solo del sector sanitario sino de otros sectores que se han interesado por la misma en un país donde hay mucha colaboración público-privada.
De hecho, han compartido el fallo con la comisión de colaboración público-privada de la CEOE, donde hay concesionarios de distintos sectores económicos (agua, residencias, itv o infraestructuras, entre otros).
"Nosotros nunca hemos discutido ni vamos a discutir el que un gobierno democrático pueda tomar las decisiones que estime conveniente", pero "esas decisiones se tienen que ajustar a la ley", afirma.
"Lo que ha quedado claro con esta sentencia es que a lo que obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria es a hacer expediente administrativo que incluya estudios económicos, presupuestarios y financieros que justifiquen un buen uso de los recursos públicos" al hacer una reversión, añade.
Subraya que el fallo del Supremo anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana respecto a que una reversión era una decisión del Gobierno unilateral y que no estaba sometida a ningún tipo de informe o expediente administrativo.
En el caso del Hospital de Torrevieja, cuya concesión finaliza el 15 de octubre, afirma que el único informe fue realizado por la Sindicatura de Cuentas, a petición del Gobierno del Botànic, y concluía que era el centro hospitalario "más eficiente" de la Comunitat Valenciana.
Preguntado por si el fallo del Supremo podría invalidar la reversión del Departamento de Salud de Torrevieja, asegura que desde que el mismo se ha hecho público "no hay soporte legal para la reversión que se está haciendo en estos momentos".
El director ejecutivo para Europa de Centene recuerda que siempre han intentando tener el "mayor diálogo" con la Generalitat y en un momento de pandemia e inmersos en una quinta ola del coronavirus no deberían "estar en procesos judiciales, sino en dialogar por respeto a los ciudadanos y los profesionales".
Según explica, tras conocer el fallo judicial, lo primero que hicieron "fue pedir una cita con el president de la Generalitat, Ximo Puig", de la que no obtuvieron respuesta. El objetivo era "dialogar y decirles que si tienen tomada la decisión de hacer la reversión, queremos que se haga de acuerdo a la ley", explica.
"Desde nuestro punto de vista, esa obsesión del 15 de octubre ya no tiene soporte legal, sentémonos y hagamos las cosas dialogando", subraya Alberto de Rosa, que añade que creen que desde el Gobierno autonómico "no se están contemplando las consecuencias legales" que tiene ese fallo judicial.
"Queremos valorar conjuntamente las implicaciones de esta sentencia por un tema de seguridad jurídica, de respeto a los ciudadanos y profesionales y porque es un fallo que afecta al modelo concesional español".
A su juicio, el fracaso de lo ocurrido tras revertir el hospital de La Ribera, que cuesta a la Generalitat 76 millones más al año y durante el primer año de gestión directa triplicó la listas de espera y aumentó el absentismo laboral, les ha llevado a buscar nuevas fórmulas como la Empresa Pública de Salud (EPS) para la reversión de Torrevieja.
Augura que si finalmente se revierte Torrevieja "habrá muchos problemas, incluso más que los que hubo en Alzira, porque la Vega Baja es un área socialmente muy complicada, donde hay casi 60.000 personas de casi 120 nacionalidades.
