El síndic de Compromís, Fran Ferri, y su homólogo socialista, Manolo Mata. Foto: CORTSVALÈNCIA. Hace apenas tres semanas, PSPV, Compromís y Ciudadanos firmaron la Proposición de Ley de modificación de la ley de comercio de la Generalitat 2011 que fijaba la apertura en festivo en 38 días anuales en València y Alicante. Un acuerdo al que se llegó el pasado mes de diciembre después de meses de negociaciones entre el grueso de las entidades representativas del gran y el pequeño comercio. El documento ponía fin a años de incertidumbre entre los consumidores y de enfrentamiento entre los diferentes operadores.
Los tres grupos registraron este pacto para que se tramitara en el pleno por procedimiento de lectura única, es decir, un método que no admite enmiendas ni reformas de ningún tipo al texto propuesto. La metodología es poco habitual para validar una ley, pero empleada cuando existe un amplio consenso al respecto -como había sido el caso-, ya que en la redacción de este pacto había participado todo el sector –a excepción de los sindicatos CCOO y UGT y los centros comerciales– y los grupos parlamentarios, por tanto, se limitaron a trasladar el resultado de todas esas negociaciones materializado en un acuerdo al parlamento para darle luz verde.
(VER EL TEXTO DEL PACTO DE HORARIOS QUE SERÁ VOTADO EN LES CORTS)
Así, este miércoles debe votarse el pacto en Les Corts para que quede validado y la reforma entre en vigor a partir del mes de febrero. Sin embargo, las posiciones han cambiado desde que socialistas, valencianistas y naranjas registraran el texto para introducirlo como punto del día en el pleno extraordinario de esta semana. Ciudadanos no termina de ver claro el documento y no votará a favor, y Podemos, que no rubricó el documento para tramitarlo porque no le gustaba la forma pero iba a apoyarlo porque sí compartía el contenido, finalmente se está replanteando su sentido del voto para abstenerse.
El PP, por otra parte, tampoco aclaró a última hora de la tarde de este lunes qué votará. No obstante, en las filas populares descartan casi por completo el voto negativo, ya que sería oponerse a un pacto alcanzado por los empresarios y, recientemente, las relaciones entre el partido que preside Isabel Bonig y los empresarios valencianos había mejorado ligeramente después de haber tenido diversos desencuentros.
No en vano, cabe recordar que la líder popular y el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) Salvador Navarro se reunieron el 27 de enero y dieron una imagen de aparente tregua tras el distanciamiento entre ambos que comenzó a cuenta de la participación de la CEV en la manifestación por una financiación justa para la Comunitat. Tras aquello, la presidenta del PP dijo que las subvenciones que esta patronal y los sindicatos mayoritarios recibían por la ley de participación institucional que el PP había hecho y aprobado eran "privilegios franquistas" y propuso modificarla para que otros agentes sociales minoritarios pudieran acceder a ellas.
Ahora, como a Podemos, a lo populares no les agrada la metodología escogida que impide modificar ningún artículo del pacto de horarios comerciales, lo que inclina la balanza por que finalmente se decanten por la abstención. Con este escenario, PSPV y Compromís serían los únicos grupos parlamentarios que votarían a favor de la reforma de la ley actual. Un hecho que llevaba a ambos grupos a tantear a los cuatro diputados no adscritos para saber qué votarán, pues aunque con las abstenciones del resto de grupos y el rechazo de Ciudadanos el documento saldría adelante con una mayoría simple y no peligraría su aprobación, la intención inicial era que lo hiciera con el mayor consenso posible.
De momento y si el marco no cambia, Alexis Marí, David de Miguel, Domingo Rojo y Alberto García votarán a favor del pacto, lo que supondría que este saliera adelante con 46 votos favorables.
Entre los factores que habrían llevado a las formaciones hacia la abstención o el voto en contra -sobre todo en el caso de Podemos- se encuentra la situación de la ciudad de Alicante, donde en lugar de tratarse de un recorte de festivos de apertura para el comercio la cifra de 38 días supone un incremento, al venir de un escenario de 25 festivos anuales recién aplicado por el actual Consell. En la ciudad el conflicto se ha recrudecido por esta cuestión y las formaciones tienen más dificultades para defender el respaldo al pacto.
