No es suficiente: el empleo público crece un 7 % en 5 años pero la Generalitat sigue a la cola de España

VALÈNCIA. El número de empleados públicos al servicio de la Generalitat Valenciana ha acelerado su crecimiento en el último lustro hasta los 146.522 efectivos, lo que refleja un aumento del 7,3 % respecto a julio de 2015, dos meses después de la llegada al poder del Botànic. Se trata del séptimo mayor incremento del país tras los registrados por Administraciones autonómicas de Navarra, Castilla-La Mancha, Canarias, Cataluña, Madrid y Asturias, aunque ese impulso no evita que la Generalitat permanezca a la cola de España en cuanto a número de funcionarios por habitante y población ocupada.

Así se desprende del último balance del funcionariado realizado por el Ministerio de Función Pública y de las estadísticas del INE, que revelan que la Generalitat posee 29 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, el tercer peor registro del país. En relación a los ocupados, la Comunitat solo mejora los números de Andalucía, Baleares, Cataluña y Madrid, mientras que si se tiene en cuenta a todos los funcionarios independientemente de la Administración para la que trabajen, el dato valenciano es el penúltimo del Estado.

“Nuestra situación en el contexto estatal no es de las mejores”, reconoce la presidenta de CSIF en la Comunitat Valenciana, Alicia Torres, quien reclama “los funcionarios necesarios, ni uno más ni un menos” porque ahora están “muy por detrás de otras autonomías”. De hecho, Torres advierte de que, pese al aumento de los puestos, en estos años la temporalidad “ha crecido enormemente” y que por tanto gran parte del trabajo generado “no es estable”. Una situación que, a su juicio, se agravará con las jubilaciones de una plantilla de empleados públicos muy envejecida.

En este sentido, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-PV, Juan Cruz, destaca que ese deterioro es uno de los efectos “de no poder reponer” los puestos vacantes. Por provincias, Alicante es la que presenta un menor número de funcionarios en relación a su población, con 27 por cada 1.000 habitantes, un registro que supera solo al de Barcelona y Baleares. Mientras, el índice de Valencia se sitúa en los 30 empleados públicos y en Castellón alcanza los 32.

Los sindicatos apuntan así a los límites de la conocida como tasa de reposición, que determina el número de trabajadores que pueden incorporarse para cubrir vacantes, como una de las claves del bajo nivel de empleados públicos, y por ello solicitan su supresión. Es un punto en el que coinciden con el Gobierno valenciano, ya que como recuerdan fuentes de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, el Consell ha aprobado este mismo mes un acuerdo de Gobierno por el que insta al Estado a eliminar las restricciones asociadas a esta tasa.

Del mismo modo, Cruz también subraya que la reversión de ciertos servicios que se encontraban externalizados podría haber influido asimismo en el crecimiento del empleo público de la Administración de las comunidades autónomas.

En el lado opuesto, son las regiones con mayor dispersión de población las que presentan los números más elevados de funcionarios por habitante y población ocupada, con Extremadura, Aragón y las dos Castillas como las más destacadas. De hecho, en la primera comunidad más del 13 % de los ocupados trabaja en la Administración autonómica, y casi uno de cada cuatro empleados es personal público. En torno a la media del país, por su parte, se encuentran Galicia y La Rioja.

El número de funcionarios decrece en la Administración del Estado

En cuanto al resto de Administraciones presentes en la Comunitat Valenciana, el sector público local ha experimentado un incremento de más del 4,5 % en los últimos cinco años, hasta los 56.392 efectivos, mientras que la Administración del Estado es la única que cuenta ahora con menos funcionarios que en 2015. Según Torres, ello podría deberse a que en este ámbito se hace “muy poco uso de la temporalidad”, sobre todo en comparación al sector público de las comunidades autónomas. Aun así, y tras haber recuperado algo de fuerza laboral en 2019, el descenso en la función pública estatal es tan solo del 1,7 %.

En el caso de las universidades, a las que el Ministerio incluye como parte de la Administración autonómica desde el pasado ejercicio, se ha elevado el número de funcionarios casi un 10 % durante los últimos cinco años, hasta los 19.892 empleados. En este sentido, el grupo más numeroso es el de los docentes e investigadores (PDI) que figuran como personal laboral, que representan el 36 % del trabajo público, seguido de los miembros del PDI que son funcionarios de carrera (26,6 %).

Un 69 % de mujeres en la Administración autonómica y solo un 27 % en la estatal

Tanto a nivel estatal como autonómico, la mayor parte de los empleados públicos de cualquier Administración son mujeres. En el caso de la Comunitat Valenciana, las funcionarias representan el 58,2 % del personal, un porcentaje que, sin embargo, crece hasta el 69 % en el servicio público de las comunidades autónomas y disminuye hasta el 27 % en la Administración del Estado. Es una situación que se replica en las tres provincias valencianas, con Castellón con la provincia con mayor número de mujeres en la Administración estatal, con poco más del 32 %.

Algunos de los factores que podrían explicar este desajuste serían la elevada edad del personal del sector público del Estado o la progresiva incorporación de las mujeres a los procesos de selección de personal para las Administraciones. En cualquier caso, la Administración local es la que presenta los porcentajes más equilibrados, con un 51 % de hombres y un 49 % de mujeres.