Foto: ESTRELLA JOVER.El Informe encuesta a 410 personas del territorio valenciano y a 800 del territorio nacional. Saca a relucir la insuficiencia como mal éndemico y estructural en la cultura valenciana
VALÈNCIA. El tejido cultural valenciano se ha visto en gran medida erosionado por causa de la pandemia. La cultura valenciana ya venía de una situación de precariedad estructural originada por la crisis económica de 2008, un caldo de cultivo marcado por unas condiciones laborales funestas. Y el efecto de la recesión fue mucho más mayor en València que en el resto de España, o al menos así lo indicaba en 2017 el Informe sobre ocupación y necesidades formativas en los Sectores Culturales y Creativos de la Comunidad Valenciana.
Así pues, partiendo de una situación de insuficiencia estructural, los efectos de la pandemia sobre la cultura valenciana han ahondado todavía más en problema. Y no poco. El informe del equipo de investigación Econcult Impacto de la crisis de la Covid-19 sobre las organizaciones y agentes culturales de la Comunidad Valenciana desgrana el asunto. A través de un total de 410 respuestas a través de todo el territorio valenciano (así como otras 800 a la hora de analizar el impacto nacional), extrae una serie de conclusiones: es indispensable la necesidad de asumir el reto de transformación estructural de la cultura en la Comunitat Valenciana. Inciden en que, para ello, es requisito esencial la apuesta por un plan estratégico transversal en otros sectores y basado en formas de gobernanza que fomenten el consenso entre instituciones y la anticipación como arma frente al cortoplacismo imperante.
El Informe fue presentado durante la mañana del viernes en el Centre del Carme (CCCC) de la mano de su director, el investigador Raúl Abeledo Sanchis. La totalidad de las encuestas realizadas datan del periodo comprendido entre el 16 de abril y el 17 de mayo de este año. Abeledo indica que los efectos se hicieron notar, como es lógico, a partir del segundo trimestre de 2020.
Durante el confinamiento hemos visto infinidad de propuestas gratuitas en todos los subsectores culturales. Cine, espectáculos de danza y teatro en streaming, música, diseño, literatura y un largo etcétera de iniciativas que se han puesto a disposición del público como forma de 'solidarizarse' ante una situación tan delicada.
Los resultados de la encuesta indican que un 57% de los agentes culturales encuestados han llevado a cabo este tipo de propuestas y que un 63% afirman haber recibido alguna proposición en este sentido. La gratuidad, por muy ético que sea el fin para el que ha servido durante la cuarentena, es un problema acuciante al hablar de cultura. Si ya partimos de aquella precariedad endémica en la que tanto se ha profundizado con esta crisis, la gratuidad se posiciona como el peor de los escenarios posibles. Ya no solo por la evidente carencia económica que conlleva, sino también (y especialmente) por la concepción social desvinculada al necesario lucro del que precisan los profesionales de la cultura.
Las pérdidas económicas de los distintos sectores culturales se han hecho evidentes durante el segundo trimestre del año. De manera general, el 75,3% de los agentes encuestados estiman pérdidas en la previsión de ingresos, y el 45% cree que esas pérdidas ascenderán al 75% de lo que en una situación normal habrían recaudado. Por otro lado, casi todos los encuestados (el 93%) afirman que el impacto podría llegar al cierre de la organización en cuestión, y casi la mitad de los mismos aseveran que tendrán que llevar a cabo despidos para mantenerse a flote.
La reducción de la actividad afecta especialmente a subsectores concretos. El 49% de las artes escénicas afirman que tendrán que adaptarse a la 'nueva normalidad' disminuyendo el número de espectáculos, y en los subsectores multidisciplinarios esta cifra asciende al 65%. Quienes menos afectados se verán en este sentido serán el diseño, las artes aplicadas y la gestión cultural; gracias a la posibilidad de telematizar su labor. De hecho, son estos tres subsectores los que en mayor medida han apostado por el teletrabajo durante el confinamiento.
La condición inédita de esta pandemia ha ocasionado que las distintas administraciones se hayan visto desbordadas, incapaces de hacer frente al problema. Si se tiene en cuenta que la precariedad en cultura es un conflicto que ya existía y para el que no se habían puesto soluciones, la pandemia ha sido, según Abeledo, “como llover sobre mojado”. En la Comunitat Valenciana veníamos, según él, “de un modelo especulativo carente de contenidos”, así que la crisis del Covid-19 no ha hecho más que cavar hasta más profundo la fosa en la que ya estaba inmersa la cultura.
Como indica el director del Informe, “la primera cuestión a señalar es la lentitud en la recepción, fruto de esa Administración desbordada”. Muestra de ello es que tan solo un 7,3% de los encuestados afirman haber recibido las ayudas en el momento en que realizaron la encuesta. Por otro lado, un 42% ni siquiera han tenido acceso a los subsidios. Abeledo hace especial mención a los profesionales auxiliares de la cultura, “quienes desde un primer momento estuvieron automáticamente fuera de las ayudas”.
También se ha producido una carencia de ayudas concretas adaptadas al sector cultural (o a los distintos subsectores). De hecho, las principales fuentes de ayuda, según indica el Informe, han sido generales para todos los sectores económicos, esto es, concesión de ERTEs por parte del Gobierno, la prestación por cese de actividad para autónomos y las ayudas para autónomos de la Generalitat Valenciana.
Preguntado por una alternativa viable al modelo actual de precariedad y desorganización, Raúl Abeledo ha puesto sobre la mesa diversas cuestiones: “En primer lugar, debemos pasar de políticas sectoriales aisladas a la transversalidad de la cultura en otros sectores”. El director del Informe habla de que se deben crear sinergias entre la cultura y otros ámbitos como la industria o los servicios. Y la razón de ello es, según él, que “se ha demostrado que a través de la cultura se potencia la capacidad de innovación de los distintos sectores económicos, así como la innovación”.
En la misma línea opina el 27,5% de los encuestados en el Informe, que afirman que se debe desarrollar “una acción integral y sistemática a través de la creación de un plan estratégico (a lrgo plazo) para fomentar la recuperación de los sectores culturales y creativos”. El Informe saca a relucir iniciativas como Fes Cultura (2016) o el proyecto de Economía Naranja (2019); y determina que los principales retos que se deben perseguir son “la industrialización y consolidación de los sectores culturales y creativos, la territorialización, la cooperación interinstitucional, la internacionalización, la democratización y la capacidad de acceso a la cultura”.
En segundo lugar, Abeledo ha destacado “la necesidad de ofrecer garantías laborales a los profesionales de la cultura”. Ha hablado de “un Estatuto del Artista que recoja sus especificidades y necesidades”, lo que rompería con la indeterminación de las ayudas, que hasta ahora no han tenido concreción en el ámbito cultural.
El director del Informe también ha hecho hincapié en “la mejora de los marcos legales, sobretodo en lo referente a la protección de la propiedad intelectual”, en “la indispensable apuesta por la educación y la sensibilización social” y en “la ruptura con la falta de vertebración que padece la cultura”, a través de la creación de organismos representativos que garanticen unas condiciones dignas.
El Informe concluye exponiendo dos posibles escenarios, en función de las medidas que se tomen de ahora en adelante. El primero, está caracterizado por una situación desfavorable a medio plazo. Según Abeledo, llegado el punto se produciría una pérdida mayor (si cabe) de la autonomía del sector cultural, así como una creciente instrumentalización por parte del mercado y del Estado. El Informe sintetiza este escenario aproximando la cultura a “un lujo reservado para unas determinadas élites por su producción y consumo”.
El escenario alternativo, que pasaría por las soluciones ya planteadas, sería según el Informe, empezar a concebir “la cultura como un derecho básico de la ciudadanía”. Desde esta perspectiva, cobra un sentido renovado la necesidad de “poner sobre la mesa el valor social de la cultura, la dignificación del trabajo en el sector, las acciones de gobernanza -referidas a la combinación del consenso de las administraciones y la anticipación a situaciones adversas- y la aplicación de principios y estrategias de economía social” que aseguren ciertas garantías a los profesionales de la cultura.
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