La consellera de Agricultura y Desarrollo Rural, Mireia Mollà. Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. El Gobierno del Botànic II echó a andar hace apenas dos meses. Los once consellers que lo integran tomaron posesión el pasado 17 de junio, un día después de que lo hiciera el president de la Generalitat, Ximo Puig. Un breve plazo de tiempo en el que los nuevos miembros del Ejecutivo -hay cinco caras novedosas respecto a la legislatura pasada- se adaptan a sus actuales funciones y que la oposición ya aprovecha para pedir la comparecencia de muchos de ellos. De algunos, más que de otros.
En apenas dos meses, PP y Ciudadanos han registrado 69 peticiones de comparecencias en Les Corts Valencianes. No todas ellas de miembros del Gobierno, pues también existen solicitudes para que acuda al Parlamento la directora general de À Punt para rendir cuentas sobre la situación económica de la nueva radiotelevisión valenciana, los miembros del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) cuyo mandato finaliza en noviembre, o el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, para explicar la quita de la deuda de 1,3 millones de euros a un grupo mediático en el que tiene intereses Puig.
Sin embargo, el grueso de estas demandas de los grupos liderados por Isabel Bonig y Toni Cantó van dirigidas a todos los consellers del Botànic II. Un compendio del que se puede extraer una conclusión principal: la responsable de Agricultura y Medio Ambiente, Mireia Mollà, es quien suscita mayor oposición entre los populares y naranjas.
La exdiputada de Compromís y ahora consellera acumula ocho peticiones de comparecencia, superando incluso las que suma el propio jefe del Consell, Puig. Cuestiones como el descenso del nivel de agua en la Albufera, las acciones emprendidas por su departamento para acabar con el mosquito tigre, la contaminación del agua en distintas playas valencianas por la bacteria ecoli son algunas por las que PP y Ciudadanos piden explicaciones a la ilicitana. Especialmente, dadas las vacaciones estivales, este último asunto amontona hasta tres peticiones diferentes en el último mes.
Especialmente relevante resulta la solicitud para que explique su posición respecto al tratado UE-Mercosur. No en vano, Mollà protagonizó uno de los primeros encontronazos en el Gobierno del Botànic II a cuenta de este acuerdo, ya que advirtió que la eurodiputada del PSPV-PSOE Inmaculada Rodríguez Piñero había ido en contra de los intereses de los valencianos al apoyar este tratado. Una petición de comparecencia que, por lo tanto, buscaría ahondar en la grieta existente entre socialistas y coalición valencianista en esta cuestión.
Con todo, no parece casual que el foco de las solicitudes de comparecencia se centre en Mollà. La consellera de Agricultura y Emergencia Climática es quien en las últimas semanas se ha pronunciado sin reservas sobre las políticas llevadas a cabo por los socialistas en otras instituciones, exhibiendo así las diferencias que Compromís guarda con el PSOE aunque sea el partido con quien gobierna en la Comunitat Valenciana además de Unides Podem. Sin ir más lejos, este martes advirtió que llevaría a los tribunales el último movimiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el Tajo-Segura. En concreto, al Ministerio de Transición Ecológica que pretende permitir que 35 municipios de la ribera del Tajo formen parte de la comisión de explotación del trasvase.
Por detrás de Mollà, la oposición ha pedido cinco comparecencias del president de la Generalitat. Demandas para aclarar la situación económica de À Punt o de la Comunitat Valenciana teniendo en cuenta el aumento del gasto. No obstante, el asunto que despierta mayor interés es el que compete a su participación accionarial en periódico del Grupo Zeta al que el Instituto Valenciano de Finanzas le condonó 1,3 millones de deuda, lo que facilit que fuera adquirido por Editorial Prensa Ibérica, grupo editor de los diarios Levante-EMV o Información.
En tercer lugar, PP y Ciudadanos han solicitado que el conseller de Educación, Vicent Marzà, acuda a Les Corts hasta en cuatro ocasiones: para rendir cuentas del servicio de formación en el extranjero del profesorado de inglés, explicar la concesión de subvenciones y ayudas a la promoción del valenciano, o el retraso en la implantación del grado de Ciencias de Actividades Físicas y del Deporte en la Universitat Jaume I de Castellón.
A partir del cuarto puesto, cuatro responsables del Gobierno valenciano acumulan una tríada de peticiones: la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra; el conseller de Hacienda, Vicent Soler; la consellera de Sanidad, Ana Barceló; y el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Arcadi España.
En el caso de Oltra, los populares piden su intervención para conocer la situación de los centros de menores, los motivos del retraso en la expedición del carnet de familia numerosa, o el estado actual del centro de menores de Alborache tras el incendio producido en verano. Por su parte, el partido de Albert Rivera en la Comunitat quiere que Soler acuda a Les Corts para que explique las medidas a adoptar para el "reequilibrio económico de la CVMC", y el PP, para que haga lo propio con el Plan de Ajuste, entre otras.
Como ya hicieron a lo largo de la legislatura anterior, a Barceló se le exige conocer los datos de las listas de espera, o que aclare los criterios seguidos para permitir que los profesionales de la enfermería receten medicamentos. Mientras a España, se le requiere para conocer el estado de ejecución del Plan de Cercanías de 2017 o la licitación y adjudicación de obra pública del Ministerio de Fomento.
En la otra orilla, también resulta llamativo que tres consellers aún no acumulen ninguna petición de comparecencia, a excepción de la que cada uno de los responsables primer escalón del Ejecutivo valenciano realizan a petición propia al inicio de cada mandato para exponer las líneas generales de las políticas que llevará a cabo su departamento durante los próximos cuatro años.
Es el caso de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo; el conseller de Economía, Rafa Climent; y la consellera de Innovación y Universidades, Carolina Pascual, independiente fichada por el PSPV.
Respecto a los consellers de Unides Podem, el vicepresidente segundo y responsable de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, y la consellera de Participación y Transparencia, Rosa Pérez, suman una y dos peticiones de comparecencias respectivamente. El primero, para que fije su postura sobre la tasa turística, si bien esta no entra dentro de sus competencias; la segunda, para que informe sobre el posible conflicto de intereses en el caso de las acciones de Puig.
A pesar de todas estas solicitudes de comparecencia registradas, cabe apuntar que las primeras intervenciones de todos los miembros del Ejecutivo tendrán lugar en el primer pleno de septiembre, tal y como quedó fijado en el calendario parlamentario en la última Junta de Síndics de julio. Por lo que, a todas las solicitudes mencionadas que ha hecho la oposición, se suma una más, la que realiza cada conseller motu proprio.
