VALÈNCIA. (EP). La diputación permanente de Les Corts ha convalidado, con el voto a favor de todos los grupos menos Ciudadanos (Cs), que se ha opuesto, el decreto ley del Consell que regula el servicio de transporte público de viajeros mediante vehículos con conductor (VTC), que establece la obligación de contratarlo con una antelación de al menos 15 minutos y cuenta con una moratoria de dos meses por motivos técnicos.
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha justificado la urgencia de esta normativa ante la "distorsión" del mercado y el hecho de que los VTC "operan como taxis" pero sin verse sometidos a las restricciones que se les imponen a estos, lo que genera un escenario de "competencia desigual". Además, ha subrayado que en la Comunitat se ha conseguido dar una solución en un contexto "pacífico, cosa que no ha pasado en otras comunidades".
En el turno a favor, la socialista Mercedes Caballero ha puesto en valor que se haya resuelto "una distorsión que podía haber derivado en conflictividad" y el texto "trata de contentar a ambas partes y establecer un equilibrio". Así, ha subrayado que las plataformas tecnológicas que operan en la región han manifestado su intención de mantener el servicio y que el informe de Abogacía da cobertura jurídica al decreto: "Se respeta esa libertad de empresa que algunos partidos ponían en duda".
La diputada de Podem Beatriu Gascó ha señalado que aunque el decreto "no cumple del todo la finalidad al desplazar a los ayuntamientos algunas de las responsabilidades que corresponderían a la Generalitat", lo que plantea el riesgo de que haya finalmente una regulación "heterogénea y confusa", o no se ha utilizado para asegurar la ratio 1/30, están a favor ante la necesidad de poner orden en el sector.
Ha instado a diferenciar entre quienes prestan un servicio público como el taxi y las empresas que "ocultan sus beneficios en paraísos fiscales", al tiempo que ha advertido de que "la engañosa equiparación que promueven PP y Cs es un parany para los taxistas".
La portavoz adjunta de Compromís Mireia Mollà, ha cuestionado que se haya querido plantear el debate como "un enfrentamiento irreconciliable entre el sector del taxi y las VTC, entre diferentes modelos de negocio, entre modernidad y lo viejo" porque de lo que se está hablando es del transporte público discrecional y el taxi tiene su actividad controlada pero los coches VTC no, aunque "casi se ha vendido encubierto como un servicio de taxi".
"La irrupción de este falso taxi no es la de un nuevo modelo de negocio, sino de las viejas relaciones laborales ya superadas, una economía terriblemente individualizada que contribuye a la privatización del servicio público. Bienvenidas esas VTC, pero aquellas que están reguladas y pueden convivir con un transporte público digno como es el del taxi", ha agregado, avanzando que en Elche, su municipio, planteará ampliar la precontratación a una hora.
El 'popular' Alfredo Castelló ha criticado los "bandazos" del Consell a la hora de regular el taxi a lo largo de la legislatura y la "incongruencia" de que en la ley del taxi "las competencias locales desaparecían y ahora puede haber 8.100 regulaciones en España". Ha afirmado que votan a favor de la convalidación porque este decreto no modifica "absolutamente nada" respecto al que promulgó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, facultando a las comunidades a regular esta cuestión.
Ha explicado que con este texto se regula "el 1% del transporte interurbano que se realiza en la Comunitat, el resto lo regularán los ayuntamientos". Por ello, no cree que sea malo, sino que "simplemente repite lo que dice Ábalos, es inútil, escuálido, intrascendente, fútil, el mal lo hizo el de Ábalos", un Real Decreto que ve inconstitucional. "Antes no paraban de pensar en montar el pollo, ahora no dejan de hacer el pavo", ha afirmado.
Por su parte, la portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, también ha criticado que el ministro se quitara "la patata caliente" y lo derivara a las comunidades, y ha criticado que pueda haber en España 17 regulaciones diferentes e incluso una por municipio, algo "descabellado y absolutamente irresponsable".
Cs, ha indicado, apuesta por un plan integral de movilidad "desde la cooperación" de todos los sectores implicados y consciente de que los VTC obligan a cambios, pero hay que "posibilitar todas las opciones de negocio, no ponerle puertas al campo".
A su juicio, este decreto es "un desafortunado copia y pega de la normativa de Colau" en Barcelona y la formación naranja no quiere ser "partícipe del atropello a los trabajadores de las VTC ni colaborar con el despido de cientos de personas".
El texto establece para los transportes interurbanos la precontratación de 15 minutos -habilita a los ayuntamientos para decidir sobre el urbano--y deberá quedar constancia de los mismos en un registro de comunicaciones. Se exceptúan de esta previsión los servicios que se tengan que realizar de forma inmediata, como consecuencia de urgencias, emergencias y asistencia en carretera.
Los vehículos adscritos a las autorizaciones no podrán circular por las vías públicas en busca de clientela ni propiciar la captación de personas viajeras que no hubiesen contratado previamente el servicio. No se permite, por tanto, la geolocalización, como tampoco el estacionamiento en las vías públicas, debiendo hacerlo en garajes o aparcamientos no ubicados en ella, igual que el estacionamiento en lugares de concentración y generación de demanda de servicios de transporte como puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses, centros comerciales y de ocio, instalaciones deportivas, hoteles, paradas de taxis, hospitales o cualquier otro establecimiento similar, que pueda propiciar la captación de clientela.
