VALENCIA. Nueve de diciembre de 2011. 10:47 horas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) informa al mercado por hecho relevante de la suspensión cautelar de la negociación en bolsa de las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que el día de antes habían cerrado en los 1,34 euros. Fue su último cambio en el parqué.
Dos días antes, la extinta caja alicantina, que había sido intervenida por el Banco de España seis meses antes, comunicaba el plan de reestructuración ordenada a través de su integración con Banco Sabadell, consistentes en una inyección de capital y en la concesión de un Esquema de Protección de Activas (EPA). Unos 55.000 cuotapartícipes, accionistas sin derechos políticos se vieron 'pillados' en una salida a bolsa coordinada por Lehman Brothers, cuyo responsable en España era el actual ministro de Economía, Luis de Guindos. El mismo que las presentó en persona en Alicante, cuyo precio de salida fue de 5,84 euros en el verano de 2008.
Pero no solo fueron pequeños ahorradores los que se vieron inmersos en la que fue la primera salida a bolsa de una caja de ahorros en Europa, que logró captar entre los minoristas cerca de 300 millones de euros. No pocos inversores institucionales también fueron 'cazados' como Bankia, BNP, La Caixa, JP Morgan, Deutsche Bank, Société Générale, UBS y, entre otras, hasta el megafondo soberano noruego.
Más de un tercio de los 55.000 afectados aceptaron la propuesta del Banco Sabadell en el verano de 2012 -ofreciendo, con quita incluida, depósitos y acciones-, algo que con el tiempo demostró su eficacia. Y eso que la entidad presidida por Josep Oliu no tenía por qué hacerlo, dado que lo que había comprado era el negocio bancario de la CAM y las cuotas participativas no estaban incluidas.
En la primavera de 2014, la Fundación CAM, gestora de la obra social de la extinta caja, decidía amortizar las cuotas -valorándolas en cero euros- y con ello el único recurso que les quedaba a los afectados era la vía judicial. Y en ello están cinco años después de la suspensión en bolsa de un valor que llegó a superar los 7 euros.
En abril del presente ejercicio, la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (APDEF) ganaba en Sabadell su primera demanda en España por estas peculiares acciones, con una sentencia judicial en la que se condenaba al Banco Sabadell a devolver el dinero a una pareja de jubilados de la localidad alicantina de Orihuela. La sentencia, que obligaba a pagar los intereses y las costas del proceso judicial, consideraba que los demandantes -que pensaban que contrataban un depósito a plazo- recibieron "información insuficiente, incompleta e inveraz de la naturaleza, condiciones y comportamiento del producto financiero complejo que adquirían".
A finales de octubre pasado, la Audiencia Nacional levantaba por segunda vez el archivo del 'caso CAM', ordenando a la juez de instrucción Carmen Lamela reabrir las diligencias de investigación. Lo hacía considerando "imprescindible" la práctica de nuevas pruebas, como la propuesta por la asociación de consumidores ADICAE consistente en la declaración de afectados y comerciales de la entidad para aclarar los pormenores de la información ofrecida al cliente.
Todavía quedan unos 35.000 afectados
"Si efectivamente las cuotas acabaron al 99% en manos de minoristas debería investigarse si la inversión constituyó una maniobra de ocultación a la CNMV de la realidad de la operación", exponía el escrito, que de este modo contradecía el criterio de la juez Lamela. En autos anteriores, la titular del juzgado central de Instrucción numero 3 rechazó dicha prueba testifical, solicitada por varias acusaciones particulares, al estimarla poco relevante para el devenir de la causa.
El pasado junio, la magistrada volvía a sobreseer esta pieza separada del 'caso CAM' al estimar que los estados financieros de la emisión y suscripción de las cuotas eran los de diciembre de 2007, no aquellos de 2010 y 2011, sobre los que recaen las sospechas. Y a día de hoy siguen unos 35.000 cuotapartícipes con sus inversiones en el limbo y recurriendo a la vía judicial.
Ángel Martínez (i.). Roberto López Abad (c.) y Juan Ramón Avilés
